Con motivo de la polémica pública que se ha abierto a raíz de la prohibición de que la pequeña Fátima lleve el pañuelo musulmán a la escuela, la ministra de Educación declaró que esta situación no podría permitirse en un Estado laico. El problema de fondo es éste precisamente: ¿vivimos en un Estado laico?
En un Estado laico, el Estado no debe erigirse como árbitro de las religiones, sino que simplemente debe garantizar un espacio público regido por el Derecho publico y ajeno a lo religioso. Esta es la única vía que garantiza plenamente la libertad de conciencia. La religión debe ser considerada un asunto privado -siempre y cuando respete los derechos fundamentales de las personas – pero no inserto en la esfera pública. Es evidente que el laicismo, desde esta perspectiva, es una meta a alcanzar ya que la mayoría de los Estados sufren un déficit muy serio en esta materia. En el caso español ello es evidente, ya que la influencia católica en la esfera pública es muy directa; a pesar de que la Constitución declara la aconfesionalidad del Estado -ciertamente de manera muy tibia- en la práctica la religión católica, en España, es una religión semioficial y lo es no solamente porque el Estado, por ejemplo, sigue pagando los sueldos de los curas católicos, sino también porque da a la religión católica un trato privilegiado en relación no sólo al resto de religiones sino en relación a los no creyentes. En el ámbito educativo esto es una realidad incuestionable: piénsese que aproximadamente el 32% de los niños y jóvenes están escolarizados en colegios católicos financiados por el Estado. Además los conciertos con los colegios católicos se incrementan cada año y ello se justifica por razones de “libertad religiosa”. En nombre de la “libertad religiosa”, se está deteriorando la escuela pública. Piénsese también, por ejemplo, en la financiación de 20.000 catequistas católicos- eufemísticamente denominados “profesores de religión”- para el adoctrinamiento católico de niños y jóvenes en la escuela pública. En este contexto el asunto de la pañoleta musulmana nos parece un asunto menor. Por supuesto que no se puede tolerar que en nombre de la libertad religiosa o en nombre de la “cultura diferente” se introduzcan prácticas contrarias a la dignidad de las personas o a sus derechos fundamentales; pero en un contexto de predominio católico, no sólo sociológico, sino también de apoyo oficial, este asunto puede ser visto por parte de los inmigrantes musulmanes no como la imposición de unos valores laicos por parte del Estado sino como una discriminación de un Estado católico. Porque ¿con qué fuerza moral puede el Estado prohibir el portar el hiyab a las hijas de los inmigrantes marroquíes cuando miles de colegios financiados por el Gobierno están dirigidos por monjas, que por cierto también llevan hiyab? En los colegios católicos se enseña -y también en las clases de religión en los colegios públicos- que la homosexualidad es un pecado, que el objeto del amor y del matrimonio es la reproducción de la especie, que el aborto es un crimen contra la humanidad y toda una serie de cosas contrarias a nuestro ordenamiento cívico, a los derechos fundamentales y al más mínimo sentido común. Este es el problema de fondo: en la medida en que no se emprendan acciones en favor de la enseñanza pública y laica, en esa misma medida se complica cualquier exigencia de valores laicos sólo para unos pocos. El problema de fondo es que el Estado español no es un Estado laico, y de ahí se deriva que la emergencia de nuevas religiones, en este caso de la religión musulmana, se sienta discriminada no por un Estado laico -que no existe- sino por un Estado cuasi católico y obsérvese, en definitiva, que existen “dos varas de medir”.
La directora del colegio Juan de Herrera de San Lorenzo del Escorial -el colegio donde la niña pretende escolarizarse- sin duda tiene razón cuando dice que el pañuelo musulmán es un símbolo de subordinación y de opresión de la mujer, pero deberá valorar también cuál ha sido la razón de que esa niña esté llamando a la puerta de su colegio; los hechos son muy claros: llegó hasta allí porque una Administración Pública- que se dice no confesional- mandó en primera opción a esa niña a un colegio “concertado” de monjas católicas –a pesar que el padre solicitó que su hija estudiase en un colegio público- y fue una monja quien negó la admisión de la pequeña Fátima mientras ésta llevase la pañoleta. En cualquier caso, los derechos de educación de la niña están por encima de la consideración del portar la pañoleta, al fin y al cabo estamos hablando de un símbolo: por supuesto que la niña Fátima no debería portar la pañoleta pero tampoco es cuestión de quitársela a la fuerza. Será la educación, si de verdad es laica -que lo dudo- quien quitará los velos de la incultura y la superstición y hará emerger el pensamiento y la conciencia libre de la niña. Desde este punto de vista, el hecho que la monja rechazara la admisión de la pequeña Fátima abre una oportunidad para el colegio publico Juan de Herrera de San Lorenzo del Escorial, quien puede educar a esta niña, con o sin pañoleta, en unos valores que fomenten la libertad de pensamiento.
