El fallecimiento de sor María Gómez Valbuena, imputada por la sustracción de tres bebés, aboca dos causas al archivo salvo que aparezcan nuevos implicados
El juez la había citado a declarar como imputada el pasado viernes por un segundo caso de robo de bebés: las gemelas que Purificación Betegón, madre soltera, dio a luz en la clínica Santa Cristina de Madrid en febrero de 1981. Pero sor María Gómez Valbuena,la única persona de momento acusada formalmente por apropiarse de recién nacidos, no acudió al juzgado. Su abogado, José María Calero, presentó al juez un informe médico alegando motivos de salud, entre ellos, insuficiencia cardiorespiratoria, de su cliente para no acudir. Según han confirmado a EL PAÍS en el convento de las Hijas de la Caridad donde residía, la religiosa ha fallecido "hace unos días".
Calero presentará "mañana o el próximo lunes" en el juzgado el certificado de defunción de su cliente. El fallecimiento de sor María supondrá el archivo de las causas en las que es única imputada, según fuentes judiciales.
Sor María ha muerto en silencio, sin dar a las madres que la acusaban de robarle a sus bebés alguna pista sobre el paradero de sus hijos. "Solo espero que Dios la perdone, porque yo no la voy a perdonar nunca", confesaba Purificación Betegón el pasado viernes, incapaz de ocultar su decepción al ver que la única persona que ella creía que podría ayudarle a encontrar a sus gemelas no acudiera a su cita con el juez.
El 12 de abril de 2012, cuando otro juez, Adolfo Carretero, la citó a declarar como imputada por otro caso, el supuesto robo de una niña nacida en 1982 en esa misma clínica Santa Cristina de Madrid, y entoces sor María también calló porque se acogió a su derecho a no declarar. No respondió a las preguntas del juez, pero esa misma tarde envió una nota a los medios de comunicación defendiendo su inocencia y asegurando que le "repugnaba" la separación de un bebé de su madre biológica.
El nombre de sor María se repite mucho entre las madres que hace 30 o 40 años salieron sin sus bebés del hospital convencidas de que había muerto, como les habáin comunicado, o sospechando ya que se lo habían quitado. Madres a las que durante muchos años tomaron por locas, incluso por sus propios maridos, convencidos de que el dolor de haber perdido a su hijo les había hecho pensar lo imposible: que aquella monja sonriente, aquel médico en bata, les había robado a su bebé.
María Luisa Torres, la madre responsable de la primera imputación de sor María, la recuerda así: “Yo estaba muy asustada y me tranquilizó. Me habló de guarderías. Confié en ella. Fue tejiendo una tela de araña hasta que me atrapó”. Era 1982, María Luisa acababa de separarse de su marido y estaba embarazada y sola. Acudió a la monja tras ver un anuncio en una revista en el que la religiosa prometía ayudas madres en apuros. “Cuando me desperté tras el parto, ella era otra persona diferente. Tenía dos caras. Como Jekyll y Hyde. Cruel, altiva. Se quedó con mi bebé. Me amenazó con quitarme a mi otra hija, por adúltera. Y mientras lo decía, yo veía cómo ella estaba imaginando ese momento”.
La religiosa trabajaba como asistente social en la clínica Santa Cristina y colaboraba en la de San Ramón, dirigida por el doctor Eduardo Vela, otro de los nombres que más se repiten en las denuncias por robo de niños. Estaba muy solicitada. A ella acudían matrimonios de distintas partes de España frustrados por la dificultad de adoptar por los cauces tradicionales —en 1980 la Diputación de Madrid acumulaba más de 6.000 solicitudes— y embarazadas en apuros, como María Luisa, o jóvenes solteras que se habían quedado embarazadas trabajando de sirvientas o a las que sus padres habían echado de casa al conocer la noticia. La religiosa las enviaba a una pensión en Madrid donde siempre había habitaciones reservadas a su nombre, o a un piso en el barrio de Salamanca. Apenas salían, salvo para las revisiones con el doctor Vela. Algunos de los padres que luego adoptaron a esos bebés guardan las facturas que sor María les pasaba por la estancia de las chicas. En 1978 ascendían a 500 pesetas por día. Alejandro Alcalde, que adoptó a la hija de María Luisa, Pilar, pagó casi 100.000 en 1982 por “gastos de parto, anestesia…”. Él recuerda a sor María como “de una terrible frialdad”. Le ofreció cambiar al bebé por otro porque Pilar había nacido enferma.
Muchos matrimonios que querían adoptar llegaban a sor María derivados de la Agencia Española de la Protección de la Adopción, fundada en 1969 por el fiscal del Supremo Gregorio Guijarro, padre adoptivo de gemelas. En 1980, cuando ya se hablaba de un mercado ilegal de bebés, Guijarro declaraba a EL PAÍS: “Hoy por hoy, el sistema más rápido para conseguir un niño en adopción es ganarse la simpatía de las personas relacionadas directamente con el tema: asistentes sociales, monjitas… En cuestión de adoptantes, un buen fichero está en manos de sor María Gómez Valbuena”.
