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La ministra de Educación comparece en el Congreso sin aclarar nada nuevo sobre la reforma educativa y afirmar que verá la luz “en breve plazo”

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha comparecido este martes a las 10.30 horas en el Congreso de los Diputados para explicar la reforma educativa con la que quiere derogar la LOMCE y aclarar quién debe asumir el coste de las cuotas de la Seguridad Social de los alumnos en prácticas.

Celaá ha acudido a la Cámara baja tras las peticiones del PP y de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, grupos que le han pedido  que detalle su anteproyecto de ley educativa y el decreto del Ministerio de Trabajo que afecta a los universitarios en prácticas y a los alumnos de FP de grado medio y superior.

La ministra ha comenzado “de mayor a menor”, es decir, centrándose en el proceso de tramitación del anteproyecto de ley que pretende derogar la LOMCE; un anteproyecto de ley que recupera y modifica la norma anterior, la LOE, que ha descrito como “más adecuada y pertinente” y que cuenta ya con el visto bueno del Consejo Escolar del Estado, pero de la que no ha dado más detalles de los que ya se conocían.

“No es una respuesta coyuntural ni un regreso a fórmulas conocidas”, ha defendido Celaá sobre la nueva ley en marcha, que verá la luz “en breve plazo”, pero que no ha concretado cuándo será.

La titular de Educación ha destacado que esta ley cuenta con “mayor grado de acuerdo del que se aprecia en tertulias y debates políticos” y ha defendido la estabilidad del sistema educativo español. “Se suele señalar que desde 1970 se han sucedido demasiadas leyes que solo han proporcionado inestabilidad. Pero no conviene hacer una lectura tan simple de la evolución de las normas básicas acerca de la educación. Todas las leyes han mantenido una misma estructura del sistema. Los estudiosos, no los meros opinadores, consideran que el sistema educativo español ha gozado de una estabilidad mayor de lo que se reconoce”.

Celaá también debía dar cuenta de cómo se va a desarrollar en la práctica la disposición adicional quinta del real decreto-ley 28/2018 del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social sobre la oferta de prácticas académicas. No obstante, la ministra no ha aclarado ninguna duda. Ha comenzado apuntado que es “una comparecencia impropia además de anticipada”, impropia porque tendría más sentido plantearse al Ministerio de Trabajo y anticipada porque “aún está sujeta a desarrollo”, recordando además que “en su tramitación parlamentaria tendremos todos oportunidad de tomar posición” y “proponer enmiendas”.

Según Celaá, “sin conocer el desarrollo normativo, sus deducciones y bonificaciones, no se puede cuantificar con fiabilidad, ni siquiera por aproximación, la cuantía”, tampoco a quién corresponderá asumir el pago.

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