Un fantasma nacionalcatólico recorre la Historia de España y alcanza nuestros días. Buena parte de los litigios actuales entre el estado (laico) y la iglesia católica tienen su origen muchas décadas atrás, pero se prolongan y pueden apreciarse hoy en el modelo de financiación, la fiscalidad, la educación o la influencia (aunque en declive) de la jerarquía católica en asuntos morales. Este poso histórico puede extraerse de la lectura de “La cruz en las aulas”, publicado en la colección “A Fondo” de Akal, cuya autoría corre a cargo de un especialista en la materia. Además de presidente de Europa Laica, Francisco Delgado ha sido miembro del Consejo Escolar del Estado durante 15 años, y autor de libros como “Hacia la escuela laica” (2005) o “Evanescencia de la escuela pública” (2013).
Francisco Delgado toma partido por el laicismo. Recomienda a los políticos actuales la lectura de un texto, vigente, de Gil de Zárate, director general de Instrucción Pública a partir de 1835 y una de las personas que intervino en el Plan de Estudios de 1845 (“Plan Pidal”): “La cuestión de la enseñanza es cuestión de poder. El que enseña, domina. Entregar la enseñanza al clero es querer que se fomenten personas para el clero y su moral y no por el estado; es, en suma, hacer soberano al que no debe serlo. Nos toca al poder civil indicar a los obispos la conducta que deben seguir y no al contrario (…)”. Un texto escrito hace más de siglo y medio que podría argüirse en los debates actuales.
El concordato de 1851 firmado por la monarquía de Isabel II con Pío IX lega buena parte de su base filosófica al concordato franquista de 1953 (hoy todavía no derogado), y también a los acuerdos actuales y vigentes de 1976 y 1979 con la Santa Sede; esta situación “ha venido perpetuando –a lo largo de más de 160 años- enormes privilegios políticos, jurídicos, tributarios, económicos y patrimoniales concedidos por el Estado a la Iglesia Católica”, explica Francisco Delgado. El único paréntesis en esta tendencia lo constituyó la II República.
La enseñanza de Religión en las aulas también tiene antecedentes históricos, en este caso en los inicios del siglo XX. En 1913 se planteó la “cuestión del catecismo”, a cerca de la cual el Consejo de Instrucción Pública dispuso lo siguiente: “Las enseñanzas de Doctrina y Nociones de Historia Sagrada continuarán figurando con carácter obligatorio en el plan de estudios de las escuelas públicas de instrucción primaria, quedando exceptuados de recibirlas los hijos de los padres que así lo deseen”. Salvado el lapso histórico, el entrecomillado resume los enfoques actuales sobre la didáctica de la religión.
Las andanzas de algunas instituciones permiten observar los intereses en juego. Hasta hoy. Francisco Delgado define la CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) como la organización familiar que fue “la gran aliada de la jerarquía católica y de la dictadura hasta la llegada de la democracia”. A partir de 1979, la CONCAPA actuó como “punta de lanza” para que la Conferencia Espiscopal no perdiera sus privilegios y además difundir el catolicismo en la enseñanza. En las últimas décadas se han sumado a esta labor organizaciones como los “Kikos” (Camino Neocatecumenal). Delgado recuerda una reunión de la CONCAPA en Burgos (octubre de 1936), con proclamas nacionalcatólicas y, según las actas, peticiones a Franco para que se repudiaran las escuelas de la II República.
No menor vigencia tiene un documento de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal –“planteamientos ante la enseñanza” (septiembre de 1976)- en la que hace visibles sus aspiraciones: el derecho a la libre elección de centros; la libre creación de centros y su financiación; y la obligación cristiana en la formación religiosa en todo tipo de centros. Precisamente uno de los nudos de la cuestión tiene que ver con la financiación. Porque la Constitución de 1978, explica Francisco Delgado, permite la libre creación de centros, pero no hace explícito que el estado deba financiar estos centros de carácter privado. Tampoco es asunto palmario que la Religión forme parte del currículo escolar.
Por eso se agrega la coletilla del artículo 16.3, sobre la consideración que los poderes públicos tendrán hacia las creencias religiosas de la sociedad española. ¿Qué sentido tiene esta cláusula? “Generar ambigüedad en paralelo a las negociaciones (ocultas) que se están manteniendo con el Vaticano mientras se debate la Constitución”, apunta Francisco Delgado. Los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede (1979) engarzan con la citada cláusula constitucional con el fin de establecer unos criterios que, para muchos expertos, son inconstitucionales; por ejemplo, que los planes educativos tengan que incluir la Religión en los centros escolares en condiciones equiparables a las disciplinas fundamentales.
De todas maneras, sostiene Delgado, “los Acuerdos no expresan en ningún momento que el estado esté obligado a financiar los centros de ideario católico”. El autor recoge una sentencia de la Audiencia Nacional de 1984 y otra anterior, de 1983, que así lo apuntan; también una del Tribunal Constitucional, en 1985. A pesar de todo, el PSOE, en el gobierno entre 1982 y 1996, creó el “régimen de conciertos con la enseñanza privada”, con el pretexto de la falta de recursos estatales para la atención a todo el alumnado. Hoy la financiación de la enseñanza privada católica supera los 4.000 millones de euros anuales, según Europa Laica y las organizaciones sindicales.
Los principios y las renuncias ideológicas se traducen en realidades materiales: inversiones, centros educativos y número de aulas. La crisis económica apunta una tendencia que señalan las cifras del Ministerio de Educación. El presupuesto para educación pasó de 53.092 millones de euros en 2009 a 46.606 millones de euros en 2013 (una reducción del 12%). Pero en ese mismo periodo la caída de la inversión pública para los conciertos privados fue sólo del 3%. “Se han eliminado, poco a poco y muy sutilmente, líneas y plazas escolares en la pública –explica Francisco Delgado- mientras que aumentan en la privada, preferentemente si es católica; sobre todo en Madrid, Valencia, Cataluña o Aragón”. Según informaba El País en julio de 2013, la escuela pública perdió en dos años (desde el curso 2010-2011) un total de 22.689 profesores, mientras que los alumnos a los que debían impartir clase aumentaron en 191.484 (un 3,6%).
El libro aborda el tratamiento de la religión en las aulas (la diferencia entre la Ley Orgánica de Educación, de 2006, y la LOMCE (2014-2015) es que la segunda incluye la evaluación para el expediente académico e introduce una materia alternativa; en ambos casos la religión es de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para el alumnado); Pero Francisco Delgado se detiene en una cuestión capital: la asunción por el estado de los salarios (y la seguridad social) de las personas designadas por los obispos (o jerarcas de otras confesiones) para impartir religión en los centros escolares. Es decir, unas 20.000 personas designadas por el obispado en centros públicos y privados-concertados, que representan 610 millones de euros anuales al erario público. En la escuela pública, subraya el autor, forman “un batallón de verdaderos delegados diocesanos que se dedican a hacer proselitismo religioso católico”, además de practicar sustituciones o impartir otras asignaturas.
Mientras, en la escuela pública proliferan crucifijos, imágenes, colocación de carteles, misas y otros actos rituales, mucho más en los privados-concertados de carácter religioso. Tal vez todo ello sea el resultado de una apuesta política, a largo plazo, de la que daban cuenta los datos del INE en julio de 2012. El gasto público destinado a la enseñanza privada-concertada se incrementó en un 29,8% entre los cursos 2004-2005 y 2009-2010. El estado español es el segundo de Europa, tras Bélgica, en aulas de carácter privado o privado concertado, muy por encima (22 puntos) de la media continental. En Madrid (según los datos de CCOO en enero de 2013), la escuela privada había aumentado su peso un 30% en la última década, periodo en el que la pública decayó un 10%.
