La LOMCE ¿derechos para todos?

Hoy la comunidad educativa al completo, madres, padres, profesores y estudiantes, de todos los niveles y de todo el país, están convocados a una Huelga General en contra de los recortes y en rechazo al Anteproyecto de Ley de ¿Mejora? de la Calidad Educativa, una ley que transforma el derecho social de la educación en posibilidad de consumo individual y a la carta.

Mucho ya se ha hablado del  Anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), también llamada Ley Wert,  anunciado en 2012 y de sus posteriores borradores, entre otras cosas, por lo cuestionable de su aparición, su oportunismo político y su falta de consenso social; además de sus controversias con las lenguas oficiales, con las concesiones a la Iglesia Católica, la educación privada y sectores de la ultraderecha española y todo ello respondiendo a un falso diagnóstico de la realidad del sistema educativo español y no planteando respuestas a verdaderos problemas como la equidad, la igualdad de oportunidades y el fracaso escolar.

La ley sustituye conceptos fundamentales como el de proceso educativo por el de resultados, reduciendo y cambiando, de esta manera, el objetivo del sistema educativo. Se le quita el carácter social y ético al acto educativo que implica conflictos de intereses, valores e ideales y esta mutilación, como denuncian los diferentes sectores de la educación, no puede admitir que la comunidad educativa, protagonista del proceso educativo, participe activamente en la escuela, ni que se organice democráticamente, por lo que nos encontramos con una ley antidemocrática, que enmudece a los Consejos Escolares, que potencia una mayor “autoridad” de los equipos directivos y que adelgaza la democracia en la educación.

Esta apuesta ideológica por una educación mercantilista, segregadora, conservadora y elitista,  choca de frente con la educación como derecho social y la transforma en una posibilidad de consumo individual, variable según el mérito y la capacidad de los consumidores y las consumidoras, bajo un discurso construido por la derecha de la calidad, libertad de elección y excelencia.

La calidad y demás,  se convierten, de esta manera,  en los paradigmas reguladores del sistema educativo, que sería lo deseable, siempre y cuando esa calidad estuviera garantizada para todos los centros (en especial los centros de la educación pública) cuando la libertad de elección de los padres fuera real y no como en el caso de la zona única, una puerta para que los centros elijan a su alumnado, y cuando, en particular, la excelencia fuese para todos los estudiantes, sin excepción, y no para dieciocho alumnos “especialmente escogidos” en pocos, poquísimos, centros de algunas localidades como sucede en la Comunidad de Madrid, mientras que en el resto de los aulas, los “no excelentes” superan con creces los 30 alumnos por clase.

Y la Ley no sólo no propone calidad para todos y todas, sino que propone competencia entre los centros educativos, competencia entre el profesorado y competencia entre el alumnado, en una suerte de liberalismo exacerbado en donde el “sálvese quien pueda “y quién pase las reválidas”, obtendrá el anhelado y prometido puesto (cada vez más precario) de trabajo.

Y la comunidad educativa no está dispuesta a admitirlo.

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