La LOE plantea dudas razonables

El pasado día 6 de abril el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica de Educación. Para el gobierno y los partidos que, finalmente, la han apoyado (PSOE, ERC, PNV, IU-ICV y CC) la Ley ofrece un marco normativo moderno y exigente, que combate el fracaso escolar e impulsa la cohesión social, respeta las competencias de las CC AA, cuenta con el respaldo financiero adecuado, mejora la atención a la diversidad y los recursos para el alumnado con dificultades de aprendizaje y garantiza para la iniciativa privada (mayoritariamente de ideario católico) el estatus de Servicio Público y la confesionalidad de todo el Sistema, situación anhelada, desde hacía tiempo,  por la derecha católica.

 

Me gustaría compartir con el Ministerio y con los partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales y personas que la respaldan, su optimismo. Es evidente que tendrán sus razones societarias y políticas, pero a mi, personalmente, me plantea algunas dudas razonables.

 

Ciertamente era necesario configurar una Ley estable, que refundiera la prolija legislación, desde la LODE y aun anterior, ahora en el ámbito de unas competencias educativas descentralizadas y por lo tanto se precisaba del máximo consenso, pero, en esta ocasión, se ha hecho pagar un alto precio a la escuela pública y a la pretendida equidad educativa, quedando, además, para el desarrollo de la Ley algunos cabos sueltos, que, presumiblemente, vamos a lamentar.

 

Es curiosa (aunque esperada) la destitución de la ministra Sansegundo al día siguiente de aprobarse la LOE.  El hecho sugiere muchas interpretaciones, que se irán desvelando en los próximos meses, pero que tiene que ver con un planteamiento ambiguo de las políticas educativas: No hay que olvidar que en los 27 años de democracia, la media de ministros/as es de (mas o menos) uno cada dos años, lo que demuestra una realidad nada desdeñable. A propósito de ello, las declaraciones de la nueva Ministra de Educación: Mercedes Cabrera al diario El País, de fecha 23 de abril, no son nada tranquilizadoras, en lo referente a la cuestión religiosa en la escuela y una mayor búsqueda de pacto con la derecha, utilizando, una vez más, la gran coartada de la estabilidad: ¿Aun más cesiones?

 

Sabemos que las leyes, por si mismas, no modifican el Modelo Educativo, sin embargo pueden contribuir a mejorarlo o a empeorarlo. Este se transforma, por ejemplo, a través de un suficiente y óptimo uso de los recursos; de apoyar la innovación y las buenas prácticas educativas; de la implicación, adaptación y formación del profesorado; así como de la asunción, sin prejuicios, de la democracia participativa, en igualdad. Pero sobre todo de considerar, desde un punto de vista cultural, a la Educación como un Derecho fundamental, cuyo soporte requiere una escuela pública fuerte, de prestigio, a la que puedan acceder, en igualdad, todos los sectores sociales que la demanden: Con algunas cuestiones que introduce la Ley y la realidad actual, la escuela pública corre muchos riesgos y, más que nunca, está amenazada, como consecuencia, de las vacilaciones administrativas y políticas y por una fuerte competencia desleal.

 

A pesar de los indudables avances que la Educación ha experimentado, desde el inicio de la democracia, éstos han sido más cuantitativos, que cualitativos, ello unido a errores legislativos y políticos de bulto: El diagnóstico de la realidad actual, al inicio de la andadura de la LOE, no es muy halagüeño: Muy pocas familias se implican, realmente, con el Sistema Educativo, más bien delegan y las que lo hacen, su labor es poco menos que una “hazaña”. Un importante porcentaje del profesorado no sólo está desmotivado, sino que consideran su tarea educadora, como un trabajo más, que podían ejercerlo, igualmente, en cualquier otro lugar, de la producción o de los servicios. Una considerable proporción del alumnado, sobre todo a partir de la educación secundaria, apenas encuentra alicientes en el centro escolar y consideran su asistencia a clase, más una obligación social, que una necesidad de desarrollo personal e intelectual. Además, asistimos a una acelerada privatización del derecho a la educación (que, ahora, la LOE legaliza y garantiza). Hay dificultades para una buena convivencia y para ejercer la democracia participativa. Tenemos un currículo anticuado y poco  flexible, cuyo apoyo, generalizado, es el ancestral libro de texto y unos tiempos escolares, escasos rígidos y poco prácticos.

 

La LOE ¿Se convertirá en el marco político y jurídico, cuyo desarrollo ataje estas situaciones?: Parece ser que los grupos políticos y los sectores sociales que la han apoyado están convencidos de que SI, aunque algunos con muchas dudas.  La derecha y el clero se sienten muy cómodos con esta Ley, a pesar de que pretendían un modelo más selectivo. Y en el ámbito de los sectores más progresistas e innovadores históricamente, aquellos que más se han preocupado de hacer un diagnóstico realista y ofrecer soluciones democráticas e inclusivas, hay una fuerte preocupación.

 

El debate de la LOE se ha desarrollado en una situación política enrarecida y compleja e influida, una vez más, por el fuerte peso histórico de la doctrina católica. Desde el punto de vista mediático, se han ocultado las claves más importantes y se han resaltado aquellas cuestiones que más interesaban a ciertos grupos de poder, con la finalidad de confundir a la opinión pública y, una vez más, la Ley de Educación ha sido objeto de moneda de cambio político y eso nos puede pasar factura.

 

Si hacemos un análisis del texto de la Ley, éste apunta una serie de fines y principios, con los que estamos totalmente de acuerdo, pero que estando, ya vigentes, desde la LODE y la LOGSE, en la práctica, actualmente, hay enormes dificultades para su cumplimiento: ¿Va a ser ahora diferente?: Incluida la cuestión económica y de los recursos.  Si aprobamos  leyes, pero NO se actúa con rigor político y administrativo para su ejecución, corremos el riesgo de seguir igual.

                               

En que, estimamos, que la LOE falla: Sigue siendo una Ley en clave urbana, con difícil aplicación a la peculiaridad y diversidad rural. Al final sigue sin contemplar la compensación financiera interterritorial, como consecuencia del juego político nacionalista.  Equipara el papel de la escuela de titularidad pública, con la escuela de titularidad privada concertada, cuando ésta responde (en un altísimo porcentaje) a negocios religiosos y económicos, con un intocable ideario propio, opaca, segregadora y con un funcionamiento autocrático; es decir se iguala en derechos, pero no en deberes, contraviniendo, claramente, diversos artículos de la Constitución. Apunta cuestiones para su desarrollo, pero NO entra, a fondo, a dar solución urgente a uno de los temas más importantes, como es la formación inicial y permanente del profesorado y la forma de acceso a la práctica docente. El avance hacia una real  democracia participativa lo aparca y aunque otorga a los Consejos Escolares de Centro un peso mayor que en la LOCE, dejan de ser exclusivos órganos de gestión y gobierno de los centros, vulnerando el artículo 27.7 de la Constitución. Las Asociaciones de padres y madres y del alumnado no se contemplan, como entidades de derecho público, hecho que es un grave error…  Además de que hay cuestiones que están pesando como una losa, para un efectivo desarrollo del Sistema y o no se abordan o se dejan, para un (posible y dudoso) desarrollo posterior.

 

La Ley insiste mucho en que la Educación es un Servicio Público, que lo es, pero no exclusivamente: Hay que recordar, que con el avance del neoliberalismo, los servicios públicos acaban, casi siempre, por ser privatizados (incluidos los trabajadores) en una parte más o menos considerable. Y pasan a ser financiados, directamente por la ciudadanía.  Ahí radica una de las “trampas” y de las claves ideológicas más importantes, que nos lleva a sospechar que se está gestando una  triple Red Educativa: Los sectores sociales que NO puedan, en su día, contribuir a financiarse el Servicio, se le ofrecerá, en su momento, una  mínima Educación básica Benéfica. ¿Dónde quedaría la previsible cohesión social del Sistema?

 

Por último, una breve referencia sobre perfil confesional de la Ley: No solo se financia, con carácter de exclusividad, el ideario de los centros católicos, sino que, además, se perturba, gravemente, la no confesionalidad del Estado (artículo 16 de la Constitución) y la libertad de pensamiento y de conciencia, al incluir (otra vez) la religión dentro del currículo y del horario lectivo obligatorio, aunque sea de forma voluntaria ¡faltaría más! Cuestión que va a generar innumerables problemas de organización y de vulneración de derechos fundamentales. El lastre histórico de la iglesia católica ha pesado como una losa, una vez más, reconociéndose (increíblemente) en la propia Ley orgánica, los (en origen) napoleónicos, isabelinos y franquistas Acuerdos con la Santa Sede de 1979, de flagrante inconstitucionalidad. Hecho que supone un disparate social y político y, más, en una situación de acelerada secularización social: Cuando, ya, la mitad de los jóvenes se declaran no católicos y la institución católica es la que les genera menos confianza.

 

Los poderes públicos deberían de conocer los problemas de la Educación, pues el diagnóstico está hecho y las soluciones apuntadas. Las leyes son un simple vehículo orientador de las políticas, pero mientras no rompamos y desarrollemos una verdadera cultura por una educación laica y democrática, como Derecho Universal, seguiremos en esta atonía lánguida, que puede acabar con la institución escolar en muy pocas décadas. 

 

A pesar de todo, que no cunda ni la desesperación, ni el pesimismo. Tampoco el optimismo desmesurado: Hay que ponerse a trabajar con generosidad y sentido común en los desarrollos, pues es lo único que puede garantizar que la Ley sea duradera, al menos, en los aspectos más compensadores e inclusivos y en ello se han comprometido todos los grupos políticos en el Parlamento, aunque se han materializado cuestiones de un muy difícil retorno, al menos a medio plazo, que habrá que refutar. Las diferentes CC AA tendrán mucho que decir. Y el Estado tendrá que velar para que los derechos de todos los niños y niñas, residan donde residan, sean  equitativos. Esto es lo que hay  y que cada cual aguante su vela.

 

Núm. 3706 (627)  Escuela Española  pág 27

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(*) Francisco Delgado. Fue diputado constituyente, senador y presidente de CEAPA, en la actualidad es miembro de la JD de CEAPA, vicepresidente de Europa Laica y miembro del Consejo Escolar del Estado. Autor de diversos libros entre, ellos La Escuela Pública Amenazada y Hacia la Escuela Laica.