Ante el trámite final de la LOE, las personas que suscribimos este artículo queremos hacer públicas las principales razones por las que consideramos que esta ley tiene importantes deficiencias y que, de no corregirse en el trámite parlamentario aún pendiente, tendrá efectos perniciosos para la escuela pública, como garante del derecho a la educación de todas y todos en condiciones de igualdad.
En septiembre de 2002, cuando la LOCE era la que estaba en plena tramitación parlamentaria, todas las organizaciones que integran la Plataforma Estatal por la Escuela Pública (sindicatos de profesorado y de estudiantes, asociaciones de madres y padres y movimientos de renovación pedagógica), junto a PSOE e IU, organizaron un masivo acto en Madrid en el que participaron sus máximos dirigentes (Rodríguez Zapatero incluido), y en el que se presentó un Manifiesto conjunto que hoy merece la pena recordar y recuperar.
Se decía entonces que “las Administraciones educativas deben, ante todo, reforzar el papel de los centros públicos como red vertebradora de la oferta educativa y sólo deben mantener conciertos con los centros privados que estén dispuestos a atender a todo el alumnado, sin ningún tipo de discriminación, a hacer efectivo el principio de gratuidad y a llevar a cabo una gestión transparente y controlable socialmente”.
Frente a ello, la LOE –tras los acuerdos del PSOE con sectores que defienden los intereses de la enseñanza privada concertada- no sólo ha renunciado a reconocer ese papel a la educación pública, sino que ha reforzado los conciertos extendiéndolos a etapas no obligatorias, tal como hizo el PP. Además la Ley no impide la segregación por razón de sexo en etapas o aulas sostenidas con fondos públicos (aunque no se discrimine por esa razón en la admisión al centro); ni se corta de raíz cualquier posibilidad de cobro a las familias por enseñanzas concertadas; ni se somete a los centros privados concertados a los mismos requisitos de funcionamiento y control social; ni se evita la competencia desleal de éstos con la red pública; ni se asegura que la cesión de suelo público sea para la creación de centros públicos; ni siquiera se ha logrado que el despido improcedente del profesorado (con sentencia firme) se tipifique como falta grave, lo que es sencillamente escandaloso.
Es la primera vez en la historia de la educación española que se equipara por Ley, en derechos que no en obligaciones, la red privada concertada con la pública, lo que supone una firme agresión a la escuela pública. El Estado hace así dejación de una de sus obligaciones fundamentales al considerar, tanto en el Preámbulo de la ley como en su artículo 108, que “El servicio público de la educación puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, contraviniendo el artículo 27.5 de la Constitución por el que “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación”. ¿Cómo se pretende que la “iniciativa social”, la enseñanza privada, garantice un derecho fundamental como es la educación cuándo su objetivo es o ganar dinero o adoctrinar? Pero no sólo es esta grave cesión: se claudica también ante la vieja exigencia de la derecha de equiparar el derecho de todos a la educación con la “libre elección de centro”, supeditando a ello el deber de los poderes públicos de programar las plazas escolares. Se pretende presentar como iguales a las dos redes, pública y privada, que siguen siendo muy diferentes en cuanto a su origen, objetivos, gestión, admisión del alumnado o contratación del profesorado, con el objeto de que la red privada concertada reciba todo tipo de sobre-dotación económica y de personal, como se recoge en distintos apartados de la Ley, y todo ello en detrimento de los recursos para la escuela pública y para el ámbito rural en particular.
En ese ámbito, la Ley no ha satisfecho ni de lejos las expectativas generadas. Por el contrario, las muchas concesiones hechas por el Gobierno a la patronal confesional de la enseñanza concertada nos permiten atribuirle lo que hace tres años decía el Manifiesto antes citado: “se camina hacia la consolidación de dos redes de centros educativos con un alumnado claramente diferenciado. Una, la formada por los centros de titularidad pública, condenados en la práctica a convertirse en una red asistencial dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población, y, otra, la integrada por los centros privados concertados cuyo peso e influencia será cada vez mayor”.
Hay otros aspectos que también hace tres años se consideraban cruciales por todas las fuerzas progresistas, incluido el PSOE. La participación democrática en la gestión de los centros es uno de ellos. Se decía entonces y también reiteramos ahora que los Consejos Escolares, máximos órganos de representación de la comunidad educativa, deben de tener la función de ejercer el control social en la gestión de los centros. Pues bien, la LOE ni potencia el papel de los Consejos escolares (al revés, les quita competencias, con respecto a la LODE) ni ha recuperado la elección democrática de los equipos directivos.
Mención especial merece lo que decía el Manifiesto suscrito por el PSOE sobre los recursos necesarios para mejorar la calidad del sistema educativo: “Es imprescindible la aprobación de una Ley de financiación extraordinaria que garantice la aplicación de una auténtica Ley de Calidad en todas las Comunidades Autónomas. Es necesario invertir más en educación pública y alcanzar la media de los países de la Unión Europea. La LOE ha incluido finalmente un título de financiación, con el compromiso (¡a 10 años!) de equiparar nuestro gasto educativo a la media europea, pero no se ha querido abordar la compensación inter-territorial, cuestión que resulta clave para que haya un sistema compensador que trate en igualdad a todo el alumnado, independientemente de su origen social y territorial.
Además resulta inadmisible el tratamiento que se da a la enseñanza de la religión, que queda aun en peor situación de lo que estaba anteriormente, ya que se vincula una Ley orgánica, por vez primera en democracia, a un tratado internacional como son los Acuerdos con la Santa Sede, que son de clarísima inconstitucionalidad y, por lo tanto, no válidos, según la propia Constitución (Capítulo 3, del Título III).
Es decir, la LOE nos aleja, aun más, del modelo de escuela laica que corresponde a un Estado aconfesional. No sólo mantiene el adoctrinamiento en el ámbito escolar, dentro del horario lectivo y general, generando segregación entre el alumnado, en función de las creencias o convicciones morales de sus familias; sino que además permite financiar, al cien por cien, escuelas confesionales, a pesar de que todo ello conlleve la transmisión al alumnado que reciba enseñanza religiosa de contravalores ajenos a las leyes españolas, a los objetivos de la Educación, a los derechos universales, a la convivencia en igualdad y a la razón, como son: el sexismo, la homofobia, el fundamentalismo, la interpretación sesgada de los derechos civiles y las relaciones humanas, el origen de la vida y la concepción de la muerte, la prevalencia de la fe sobre la razón, el cuestionamiento de ciertos avances científicos que son positivos para la salud y el conocimiento… etc.
Creemos que ante estas deficiencias y retrocesos, las organizaciones y colectivos progresistas del ámbito educativo tienen la obligación de plantear al Gobierno y a los partidos políticos, durante lo que resta del trámite parlamentario de la LOE, la necesidad de abordar las cuestiones de fondo, expuestas en este escrito. Y exigir su rectificación.
Animamos, pues, a todas las personas y organizaciones progresistas que se movilizaron contra la LOCE a sumarse a esta iniciativa y a movilizarse conjuntamente, como vienen haciendo algunas de ellas en los últimos meses, en defensa de una educación pública y laica de calidad, en condiciones de igualdad, y con financiación suficiente.
Madrid, marzo de 2006
Firman este artículo:
Loles Dolz (coordinadora del Área Federal de Educación de IU),
Augusto Serrano (Secretariado Confederal de STES),
Ginés Martínez (vicepresidente de la Confederación laica de Padres de Alumnos, CEAPA),
Maite Pina y Eulalia Vaquero (ex presidentas de CEAPA),
Juan F. González Barón (presidente de Europa Laica),
Francisco Delgado y Beatriz Quirós (miembros del Consejo Escolar del Estado),
Agustín Moreno (Comisión Ejecutiva Confederal de CC OO),
Julio Rogero (Movimientos de Renovación Pedagógica),
Jaume Martínez Bonafé, Xose M. Souto González y Fernando Ballenilla (profesores universitarios).
