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La localidad de Rafelbunyol retira a Franco los títulos de alcalde honorario y de hijo predilecto

La declaración institucional manifiesta que “la supresión de estos títulos supone la condena exprés de la sociedad democrática de Rafelbunyol al franquismo”

El Ayuntamiento de Rafelbunyol ha aprobado la retirada al dictador Francisco Franco de los títulos de alcalde honorario y de hijo predilecto de la localidad. Mediante una declaración institucional realizada este miércoles en el pleno municipal, todos los grupos municipales han aprobado esta retirada de honores que estaban en vigor desde 1946.

El acta de declaración de honores al dictador se ha localizado gracias a las investigaciones respectivas que han estado realizando dos ex concejales de este Ayuntamiento, quién fuera portavoz del PSPV, José Martínez Borrás, y quien fuera portavoz del Grupo Compromís, Enric Carbonell Ros.

El documento original del 11 de diciembre de 1946 compilación “la declaración de adhesión del pueblo de Rafelbunyol y de su corporación municipal a Franco”. La Comisión Gestora Municipal reunida en sesión extraordinaria, hizo esta declaración y lo nombró alcalde honorario perpetuo e hijo predilecto de Rafelbunyol, tal como consta en el Libro de Actas Ayuntamiento de Rafelbunyol.

Esta rendición de honores ha sido subsanada con la declaración institucional de la actual corporación municipal que señala que “la supresión de estos títulos supone la condena exprés de la sociedad democrática de Rafelbunyol al franquismo, a la legitimación que durante décadas se hizo de la violencia institucional con el fin de imponer unas convicciones políticas totalitarias contrarias a la libertad y a la democracia”.

La declaración institucional que ha sido aprobada hoy por el plenario con el apoyo de todos los partidos de la corporación -PSPV, PP, Compromís y Ciudadanos- supone, además, “un reconocimiento implícito a todas las víctimas del franquismo y cumplir tal como dice la ley 14/2017 y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el derecho a la memoria democrática como garantía de no repetición de unos hechos deplorables”.

Esta decisión coincide con la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que además, de pretender la recuperación, salvaguardia y difusión de los valores democráticos, condena expresamente el golpe de estado, del que se cumplen 85 años, y el régimen franquista posterior.

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