Un año después de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara formalmente que ya disponía del listado de inmatriculaciones de la Iglesia católica, la información sigue guardada en un cajón del Ministerio de Justicia. El Ejecutivo incumple, por consiguiente, su compromiso de hacer público el ingente número de bienes inmuebles inscritos de forma irregular por la jerarquía católica, entre ellos la Mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla, así como decenas de miles de cementerios, plazas públicas, ermitas municipales, iglesias, casas, locales comerciales e incluso frontones.
La coordinadora Recuperando, que agrupa a una veintena de colectivos ciudadanos, entre los que se encuentra la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, demanda la publicación de este listado. En febrero de 2017, Recuperando formuló ante el Congreso de los Diputados una petición por escrito, y en abril de ese mismo año la Comisión de Justicia asumió una Proposición No de Ley para exigir al Gobierno la elaboración del listado de inmatriculaciones. En octubre de 2017, el entonces presidente Mariano Rajoy ordenó al Colegio de Registradores de la Propiedad que elaborase la relación de inscripciones de la Iglesia y un año después, el 2 de agosto, tras la moción de censura, Pedro Sánchez se comprometió a ejecutar la decisión parlamentaria.
“Han transcurrido ya dos años y cuatro meses desde la aprobación de la PNL, impulsada por el PSOE, y el Gobierno de Sánchez sigue sin cumplir su compromiso, pese a que su propia vicepresidenta, Carmen Calvo, formó parte de la comisión de la Mezquita de Córdoba que reclamaba su titularidad pública”, denuncia la coordinadora. La devolución de los bienes indebidamente inmatriculados por la Iglesia forma parte del programa electoral del PSOE y de Unidas Podemos. Recuperando solicitó el año pasado por escrito sendas entrevistas con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pero diez meses después, esta reunión se sigue sin producir.
Recuperando reclama la publicación del listado completo de inmatriculaciones y las notas simples de los bienes irregularmente registrados por la Iglesia católica entre 1946, año de la promulgación del polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria, y 2015, cuando el ministro Ruiz Gallardón se vio obligado a derogarlo, ante la evidencia de su inconstitucionalidad.
