La ley de transparencia afectará a la Iglesia al recibir fondos públicos

El CIS volverá a preguntar a la ciudadanía por la monarquía en sus próximos sondeos. La norma obliga a las instituciones a dar cuenta del dinero que obtienen del Estado

La futura ley de transparencia afectará no solo a las administraciones publicas, partidos políticos, sindicatos o la Corona, como se había difundido hasta ahora, sino también a la Iglesia. La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, ha abierto la puerta a que la norma afecte parcialmente a la institución católica, dado que el Congreso aprobó, con el voto favorable de la mayoría de los partidos y en el seno del debate del Estado de la nación, que todas aquellas instituciones que se financien mayoritariamente con fondos públicos revelen estos ingresos a la opinión pública.

La transparencia de la Iglesia será, por tanto, parcial, dado que solo difundirá los fondos que recibe de las distintas administraciones y no las donanciones privadas. Saénz de Santamaría advirtió, no obstante, que el Gobierno aún no ha hablado con la autoridad eclesial sobre este asunto, al igual, argumentó la número dos del Ejecutivo, que no ha mantenido conversaciones con el elevado número de instituciones que se financian mayoritariamente con fondos públicos y que también estarán afectadas por la ley de transparencia.

La vicepresidenta explicó que, como paso previo, los partidos en el Congreso deberían adoptar una ley pensada en un primer momento solo para las administraciones públicas a instituciones que se rigen por normas que están sometidas al derecho civil.

Saénz de Santamaría explicó asimismo que se ha constituido ya el grupo interministerial que estudia como llevar a la práctica dos de los compromisos anunciados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para luchar contra la corrupción en el debate del Estado de la nación. Uno hace referencia a la creación de un estatuto de la función pública que regule, entre otras cosas, la situación patrimonial de los cargos públicos. El otro hace referencia al control de la financiación de los partidos políticos. La vicepresidenta aseguró que ambos se plasmarán en sendos textos legales que ya están muy “avanzados”. El Gobierno ha solicitado ayuda para la elaboración de los mismos al Consejo de Estado.

La vicepresidenta aventuró, por otra parte, que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntará en el futuro próximo “con normalidad” a la ciudadanía sobre el Rey y la Corona. El CIS no incluye a la Casa del Rey en sus sondeos desde que la Zarzuela obtuvo su primer suspenso, en octubre del 2011.

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