El Gobierno regula los cuidados en los últimos días de la vida.
Ni eutanasia ni referencias al término "muerte digna", y mucho menos el de suicidio asistido, para que no haya equívocos. La ministra de Sanidad, Leire Pajin, explicó ayer que la nueva "ley reguladora de los derechos de las personas ante el proceso final de la vida" –como fue denominada oficialmente ayer tras la aprobación del anteproyecto en Consejo de Ministros– se centrará en garantizar los derechos de los pacientes en fase terminal y los deberes del personal sanitario para procurar que este trance se produzca con "dignidad, calma y menos sufrimiento".
Pajín explicó que la futura norma, que será llevada al Congreso en junio, no va más allá despenalizando la eutanasia o abriendo la puerta a métodos que provoquen la muerte, porque "no figuraba en nuestro compromiso político". Se centra regular un modelo de garantías y mayor seguridad jurídica para los profesionales y, sobre todo, de derechos para los pacientes. "Regulará –en numeró– los derechos a la información asistencial, la toma de decisiones, tratamiento del dolor y acompañamiento e intimidad en los últimos momentos, y evitará el sufrimiento innecesario y el ensañamiento terapéutico". Para cumplir lo último, consagra el derecho a renunciar a un tratamiento y al uso de sedaciones terminales aún a costa de acortar agonía y acelerar la muerte .
DIÁLOGO CON LA IGLESIA La ley nace con dos meses de retraso sobre los plazos previstos y depués de que las comunidades socialistas de Andalucía y Aragón hayan aprobado su propia normativa en una línea muy similar. La primera contó con el apoyo del PP; la segunda, no. A la espera de lo que ocurra con esta norma a nivel estatal, Pajín confió en lograr el mayor consenso posible, incluso con la Iglesia Católica. "Escucharemos su opinión. Me consta –defendió– que en su seno hay gente a favor de los cuidados paliativos y de aliviar el sufrimiento cuando no hay esperanza para la vida". La Sociedad Española de Cuidados Paliativos estima que en España hay cada año 250.000 personas que necesitan estos cuidados.
La norma establece como novedades el derecho a la atención domiciliaria en cuidados paliativos y a morir en casa. También permitirá a los menores de edad (a partir de 16 años y con consentimiento paterno) decidir cómo quieren que sean sus cuidados al final de la vida.
Los médicos no tendrán derecho a la objeción porque las practicas reguladas están consideradas dentro de un correcto proceder. Deberán informar de los tratamientos e intervenciones y respetar la voluntad del enfermo aunque no coincidan con su opinión. También deberán consultar y respetar obligatoriamente el Registro Nacional de Voluntades Anticipadas .
