El Gobierno subrayó que el texto «construye sobre lo mejor de las leyes anteriores» e incorpora numerosas aportaciones recogidas en «un año de debate con las comunidades autónomas y los sectores interesados», pero no pudo esquivar críticas, que fueron especialmente severas por parte de los obispos católicos a propósito de la enseñanza de religión.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aclaró que «todos los padres tendrán garantizado el derecho a que sus hijos reciban formación religiosa si así lo desean. Pero no se puede imponer como asignatura obligatoria y evaluable, porque no debe condicionar el futuro de los estudiantes que quieran ser médicos, jardineros o arquitectos». Eso, remachó, «está en el espíritu de la ley, que se desarrollará con posterioridad». La referencia del Consejo señala que «la enseñanza de la religión católica será de oferta obligada para los centros y de elección voluntaria para los alumnos, ajustándose a lo establecido en el Acuerdo» con la Santa Sede.
Los obispos católicos, sin embargo, argumentaron ayer sus críticas a las «graves deficiencias» del texto gubernamental diciendo que «sólo se pide el respeto de lo pactado en Acuerdos internacionales y de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución».
El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal consideró en una nota oficial que el Proyecto de LOE «pone seriamente en peligro la enseñanza de la religión en la escuela», recorta el derecho paterno a decidir la educación de sus hijos según sus convicciones y «limita gravemente la libertad de la escuela católica y de las demás instituciones educativas de iniciativa social».
Al margen del siempre controvertido tema de la religión, la titular de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, defendió la nueva norma como «necesaria», porque «todos estamos de acuerdo en que no estamos haciendo lo suficiente». Aunque ya es la sexta en apenas 30 años de democracia, precisó que «ninguna ha modificado la estructura educativa», y destacó que ésta «simplifica el panorama legislativo».
Contenido
En su contenido, el Proyecto de LOE sigue el texto articulado presentado el 30 de marzo pasado a la Conferencia Sectorial de Educación, cuyos 90 puntos de acuerdo han sido incorporados junto a otras sugerencias del Consejo Escolar del Estado, el Consejo de Estado y varios Ministerios. En la redacción que ahora se remite al Parlamento, la atención a las primeras etapas educativas le parece clave a la ministra, quien recordó ayer que «desde el último trimestre de este curso estamos actuando ya en Primaria», porque «los problemas de aprendizaje se detectan tempranamente».
La ministra recalcó la promoción automática y destacó la prevención del abandono prematuro del sistema educativo con «habrá actividades de recuperación con evaluación de todas las materias suspensas, se repita o no curso». A propósito del paso de un curso a otro, «en ningún caso se contempla la promoción automática», aunque se podrá seguir adelante con uno o dos suspensos; con tres, decidirá el claustro de profesores, y con más se deberá repetir.
