La ley de Dios del nacionalcatolismo, ese «oscuro objeto de deseo» de los obispos

La ofensiva episcopal contra la regulación de la selección genética o el aborto confirma sus pretensiones integristas

La Iglesia católica cuenta con una larga tradición de injerencia en política que ha adoptado numerosas formas a lo largo de la historia, desde la teocracia hasta la religión de Estado. España conoce su más reciente forma de integrismo, la conversión de la moral religiosa en ley para todos los ciudadanos, con la alianza nacionalcatólica del franquismo. “Mucho me temo que ese modelo siga siendo el oscuro objeto de deseo de los obispos”, advierte Dionisio Llamazares, ex director general de Asuntos Religiosos y catedrático emérito de Derecho Eclesiástico del Estado en la Complutense de Madrid. Los ataques de la Iglesia contra el Gobierno por las nuevas regulaciones en torno al aborto y a autorización de la selección genética de embriones para prevenir tumores confirman estas pretensiones de determinar no la moral sino la legislación. El teólogo progresista Juan José Tamayo también advierte de que la jerarquía católica quiere que “las penas canónicas tengan su correspondencia en la legislación penal… ¡cómo en el nacionalcatolicismo”.

En un extenso reportaje, Juan G. Bedoya repasa en El País algunas de las modalidades a lo largo de los siglos de inferencia de la Iglesia católica en la ley común de todos los ciudadanos. Se trata por ejemplo de la transformación en delito de lo que los obispos consideran pecado, y así fue en España durante la dictadura franquista, cuando no hubo aspecto de la vida en el que no impusieran su dictamen. La Ley de Principios del Movimiento Nacional, vigente hasta 1976, proclamaba en su artículo dos: “La nación española considera como timbre de honor el acatamiento de la ley de Dios, según la doctrina de la Iglesia católica, apostólica y romana, única verdadera y fe inseparable de la fe nacional, que inspirará su legislación”.

“Principios prepolíticos” determinados por la Iglesia
“Mucho me temo que ese modelo siga siendo el oscuro objeto de deseo de los obispos”, advierte Dionisio Llamazares, ex director general de Asuntos Religiosos y catedrático emérito de Derecho Eclesiástico del Estado en la Complutense de Madrid. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Rouco Varela, aseguró el pasado lunes que no pretenden hacer política sino “procurar por medios legítimos el reconocimiento efectivo de aquellos valores éticos que trascienden y preceden la misma acción política”, y para ello esgrime unos “principios prepolíticos” de obligado cumplimiento, que son determinados por la Iglesia.

Algunos hitos del pecado como delito
Bedoya repasa históricamente la capacidad de la Iglesia católica para convertir el pecado en delito, el primer episodio lo lograron con la penalización del “adulterio” de las vírgenes consagradas. También durante siglos consiguieron que las condenas dictadas por el tribunal eclesiástico de la Inquisición por los “delitos” de herejía, sodomía o de brujería (fornicación con los demonios) fueran ejecutadas por el poder civil. Y contamos en España con un episodio tan reciente como el del nacionalcatolicismo del franquismo, bendecido por El Vaticano cuando presentó el levantamiento nacional y la Guerra Civil como una “cruzada cristiana”. En la actualidad, el Estado español sufraga con más de 4.000 millones de euros anuales los sueldos de sacerdotes y obispos y financia sus servicios educativos, sanitarios o educativos.

Importante retroceso desde el Vaticano II
También desde El País, el teólogo progresista Juan José Tamayo expone la tendencia en algunos Estados por parte de los representantes de la religión mayoritaria a influir en la legislación, sobre todo en las cuestiones que consideran parte “de la llamada ley natural”, de la que la que se creen únicos intérpretes autorizados. “Entre esas cuestiones están el origen y el final de la vida, la concepción del matrimonio, las relaciones sexuales y todo lo relacionado con las mujeres y los derechos reproductivos y sexuales”. Advierte de que “la jerarquía católica quiere que “las penas canónicas tengan su correspondencia en la legislación penal… ¡cómo en el nacionalcatolicismo”. Tamayo también recuerda que “se ha producido un importante retroceso tanto en el catolicismo, en relación con el Vaticano II, que defendió la secularización y la separación entre Iglesia y Estado, como en la religión musulmana, inmersa en un proceso de islamización de la política, del derecho, de la ética y de la sociedad”.

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