La laicidad escolar otra vez en peligro

Vuelve a zozobrar en Mendoza, por enésima vez en estos últimos tres años de aguas inquietas, la laicidad escolar. Poca vigencia efectiva hoy tiene, es cierto. Pero corremos el riesgo de que pronto, muy pronto, se debilite aún más. Siempre se puede estar peor (la experiencia histórica lo ha probado demasiadas veces), y sería necio no hacer nada para evitarlo.

Los sectores más progresistas de la comunidad educativa y la sociedad civil debieran reaccionar, y con presteza. Nada bueno cabe esperar del silencio y la inacción. La Constitución Provincial, los derechos humanos y la civilidad democrática están en juego.

La mentada neutralidad religiosa de la enseñanza pública –uno de los pilares del sistema educativo que nos legaron, entre otros, Domingo Faustino Sarmiento y Emilio Civit– nuevamente está en peligro. El oficialismo ha conseguido esta semana que se desarchive el proyecto de Ley Provincial de Educación –que obtuvo media sanción a fines del año pasado–, en vistas a que sea urgentemente aprobado por el Senado, donde tendría quórum. Y dicho proyecto incluye las funestas modificaciones al art. 7 hechas en diciembre de 2014 por presiones de la Iglesia católica y sus estamentos más integristas, cultores pertinaces de la política de intrigas y el lobby entre bambalinas, poderes fácticos que se arrogan un poder de veto de dudosa vocación republicana.

¿Qué decía originalmente el art. 7? Cito textualmente: “El Estado provincial tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación gratuita, laica, obligatoria, integral, permanente, inclusiva y de calidad para todos sus habitantes, garantizando la igualdad de oportunidades, posibilidades y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de la familia y del conjunto de la sociedad”. Excelente prescripción, clara, concisa, categórica y pletórica de espíritu democrático.

¿Qué dice ahora, tras la claudicante enmienda in extremis aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 29 de diciembre? “El Estado provincial tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación gratuita, laica, obligatoria, integral, permanente, inclusiva y de calidad para todos sus habitantes. Reconocerá y respetará la libertad religiosa y los valores trascendentes de nuestra cultura, y garantizará la igualdad de oportunidades, posibilidades y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de la familia y del conjunto de la sociedad”. Lamentable modificación, redundante, confusa, contradictoria y, por sobre todas las cosas, funcional a los intereses retrógrados del oscurantismo clerical.

Aunque la nueva redacción sigue incluyendo la palabra “laica” –es decir, estableciendo que la educación estatal debe ser aconfesional o neutral en materia religiosa–, también contiene el agregado de que el Estado provincial “reconocerá y respetará la libertad religiosa y los valores trascendentes de nuestra cultura”. Lo primero no deja de ser tranquilizador hasta cierto punto, ya que, como se recordará, hubo serios intentos de eliminar aquel adjetivo «impío» y «blasfemo» (cfr. mi columna La última cruzada contra la escuela pública laica, www.mdzol.com/nota/569452). Pero lo segundo, en cambio, resulta muy inquietante, y demanda con urgencia nuestra atención.

No vaya a creerse que se trata de una adición inocente, irrelevante, inofensiva. Entraña graves consecuencias de cara al futuro. Tal agregado, habida cuenta su inoportunidad y ambigüedad manifiestas, no hará otra cosa más que favorecer a quienes, desde premisas fundamentalistas contrarias a la democracia y los derechos humanos, y en aras de conservar sus vetustos privilegios confesionales, pretenden sembrar la confusión en torno al verdadero significado y alcance del principio de laicidad de la educación estatal; principio que hoy, como es de público conocimiento, ya sufre todo tipo de transgresiones y menoscabos en la práctica cotidiana por acción u omisión de la DGE (exhibición de crucifijos en aulas, presencia de íconos marianos en los patios de las escuelas, actos religiosos del Patrono Santiago y la Virgen del Carmen, misas de colación, bendiciones de banderas, rezos de acción de gracias con la copa de leche, boicot a la educación sexual, etc.).

El legítimo derecho constitucional de libertad religiosa ya estaba debidamente garantizado –como corresponde– en el art. 242 de la ley relativo a los derechos estudiantiles (inc. c), así como en el art. 178 concerniente a las obligaciones del magisterio (inc. c). No había, por ende, ninguna razón valedera para incurrir en una redundancia tan contraria a la práctica legislativa y los usos del derecho parlamentario; por lo que cabe suponer, habida cuenta los antecedentes (cabildeo clerical de la Mesa de Encuentro por la Educación de Mendoza, presiones de la corporación eclesiástica, pronunciamiento del gobernador contra la laicidad escolar, vaivenes camaleónicos en la línea discursiva de la Bicameral de Educación, etc.), que dicha desprolijidad respondería a segundas intenciones, concretamente, al deseo de apaciguar o complacer a los sectores más fundamentalistas del establishment católico local, cuya interpretación de la libertad religiosa es, como se sabe, harto arbitraria y tendenciosa, dado que conciben su ejercicio de modo exclusivista y supremacista, en abierto antagonismo con la libertad de conciencia de las minorías religiosas y seculares, y a contramano del principio republicano de igualdad ante la ley.

Por otra parte, la exigencia de que el Estado provincial debe, en la enseñanza que imparte por sí mismo en sus colegios, no sólo respetar, sino también reconocer “los valores trascendentes de nuestra cultura”, favorecerá indudablemente –dada la ambivalencia del concepto de trascendencia–, las interpretaciones capciosas del integrismo católico, empeñado en hallar grietas que le permitan recatolizar la educación pública de nuestra provincia, retrotrayéndola a la dictadura de 1943-46 y los años del primer peronismo. La palabra “trascendente” tiene, además de su sentido genérico de uso corriente, un sentido más específico en el campo de la metafísica, y este segundo sentido –como opuesto a inmanente– tiene una clara connotación religiosa, incompatible con la laicidad que se proclama en el mismo art. 7. Hablar de valores “trascendentes” es postular una axiología de origen y fundamento supramundanos, lo cual supone marginar de la identidad cultural mendocina no sólo a las personas agnósticas y ateas, sino también a quienes profesan religiones panteístas (culto a la Pachamama, budismo, etc.).

En base a estas consideraciones, sería indispensable que el Senado provincial, cuando dé tratamiento al proyecto, restablezca la redacción anterior del art. 7, conforme a la letra y el espíritu laicos de la Constitución de Mendoza, que desde 1900 garantiza la neutralidad de la enseñanza pública en materia de credos. El art. 212 (inc. 1) de nuestra carta magna no deja margen para dudas y equívocos: “la educación [estatal] será laica, gratuita y obligatoria” (para mayores precisiones, véase mi artículo Por qué la Constitución de Mendoza es laica, www.mdzol.com/opinion/536650).

Otra alternativa valedera es la que ha sugerido el Encuentro Laicista de Mendoza (ELM). Esta multisectorial de organizaciones apartidarias y personas independientes que bregan por un Estado provincial plenamente laico, propone una nueva enmienda al art. 7, una redacción alternativa superadora. Hela aquí: “El Estado provincial tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación gratuita, laica, obligatoria, integral, permanente, inclusiva y de calidad para todos sus habitantes. Respetará la libertad religiosa de las personas creyentes –de todos los credos– y la libertad de conciencia de las personas no creyentes, reconocerá los valores humanistas y democráticos de nuestras culturas, y garantizará la igualdad de oportunidades, posibilidades y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de la familia y del conjunto de la sociedad”.

Nuestras culturas y no “nuestra cultura”. Sabia corrección. Con ella se quiere destacar que Mendoza es plural, que alberga en su seno minorías religiosas y seculares que no profesan el credo católico-romano (iglesias evangélicas, comunidad judía, colectividad musulmana, personas agnósticas y ateas, etc.), que la mendocinidad –si se me permite el neologismo– es un mosaico de identidades y no una identidad homogénea o uniforme monopolizada por la derecha ultramontana e hispanista. Menos exclusivismo, más inclusividad.

La sociedad mendocina del siglo XXI ya no es unánimemente católica como en los lejanos tiempos de la Colonia. Por obra de múltiples procesos histórico-culturales que aquí no me es posible detallar (modernización, secularización, inmigración, laicización, etc.) el escenario de creencias religiosas y filosofías de vida se ha complejizado notablemente. Así lo ha demostrado muy recientemente la encuesta realizada por especialistas de la UNCuyo y el INADI para el Mapa de la discriminación en Mendoza, 2013-2014. De acuerdo a dicho sondeo, las minorías no católicas de Mendoza ascienden ya al 26% del total. Por otra parte, dentro de la población católica de Cuyo, la gran mayoría no es practicante, tal como lo ha probado hace pocos años la Primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, realizada por el prestigioso sociólogo del CONICET Fortunato Mallimaci y su equipo de colabores.

Doy un paso más en el esfuerzo por contextualizar y fundamentar sociológicamente mi preocupación: en Mendoza, la discriminación religiosa dista de ser un flagelo imaginario. De acuerdo al precitado Mapa, el 17% de las personas encuestadas considera que en la provincia se discrimina mucho por cuestiones de credo; y el 22%, bastante. Vale decir que el 39% de la población mendocina visibiliza como un problema no menor la discriminación por motivos religiosos. A esto, sumémosle otro dato de inmensa significación: en una variada lista de opciones –que incluye a las discotecas, la televisión, las comisarías, la calle, los comercios y shoppings, las empresas, las revistas, las oficinas públicas, los hospitales, el Poder Judicial, los diarios y la radio–, la escolaridad es señalada como el ámbito de mayor discriminación.

Queda claro, pues, que no estamos discutiendo sobre el sexo de los ángeles. Aunque algunos quieran hacernos creer lo contrario, el laicismo escolar no es algo pasado de moda. No representa una «ideología decimonónica obsoleta». Su ideario sigue teniendo plena vigencia. Nada lo prueba más que el odio encarnizado que le profesan sus detractores.

Lamentablemente, el Mapa no brinda información desglosada sobre los motivos de discriminación en los colegios estatales de nuestra provincia. Pero resulta lícito pensar, a la luz de los datos mencionados en el penúltimo y antepenúltimo párrafo, y de muchos testimonios que he recogido durante estos últimos años (testimonios de estudiantes, docentes, padres y madres pertenecientes a las minorías no católicas), que los motivos religiosos existen, y tienen peso.

¿Deberíamos sorprendernos? Una escolaridad estatal atestada de concepciones y prácticas tributarias de lo que el historiador Loris Zanatta ha denominado mito de la nación católica (mito esencialista y excluyente forjado por el revisionismo histórico de derecha durante el período de Entreguerras para negar la riquísima herencia liberal de nuestro país), es una escolaridad estatal que fomenta de facto la discriminación religiosa. La fomenta porque coadyuva a su naturalización, legitimación y reproducción. Por imposición de la DGE, las escuelas públicas de Mendoza deben honrar al Patrono Santiago y la Virgen del Carmen; y con su anuencia, muchas siguen exhibiendo crucifijos (a menudo netamente católicos, puesto que muestran la figura doliente de Jesús, una representación que las confesiones cristianas protestantes rechazan por considerarla pecado de idolatría) e íconos marianos en sus aulas y patios, bendiciendo sus banderas, organizando misas de colación, instando a sus estudiantes a que recen antes de la copa de leche –conforme a fórmulas privativas del dogma católico–, y permitiendo que los curas párrocos interrumpan las clases de 4º grado de la primaria para promocionar la catequesis y primera comunión, entre otros atropellos.

Si acostumbramos a nuestros niños y niñas a identificar de modo brutalmente reduccionista la cuyanidad con la tradición hispanocatólica de raigambre colonial, marginando de dicha identidad colectiva a las tradiciones previas, paralelas y ulteriores (pueblos originarios, liberalismo, masonería, izquierdas, feminismo, iglesias evangélicas, judaísmo, islam, etc.), no podemos esperar que de grandes respeten y valoren la diversidad cultural. Se cosecha lo que se siembra. Y si sembramos el mito esencialista, autoritario y excluyente de la nación católica, de una argentinidad pre-republicana y meta-republicana, de un «Ser nacional» remedo del Volksgeist, mito contra el que se siguen acumulando más y más pruebas refutatorias (por ej., el profundamente renovador y excelentemente documentado libro de Roberto Di Stefano Ovejas negras: historia de los anticlericales argentinos), no pretendamos luego cosechar una ciudadanía orgullosa de su interculturalidad. Ampliaré esta argumentación en Laicidad escolar y tradiciones inventadas, un artículo que saldrá publicado mañana (domingo 7/6) en el semanario digital La Quinta Pata.

Lejos de «flexibilizar» la laicidad escolar, lo que hay que hacer es reforzarla, implementarla a fondo, llevarla a su máxima expresión. No basta con que el Estado provincial no imponga ningún credo, ni oficialmente, ni oficiosamente. Es preciso también que no privilegie ninguno, sea minoritario o mayoritario, cuestión clave que abordé tiempo atrás en mi columna La escuela pública mendocina y la «aparta de ovejas»: la DGE contra Sarmiento y la laicidad (www.mdzol.com/opinion/547463), texto de coyuntura inspirado en otro anterior –más teórico– intitulado Estado laico y civilidad democrática. Resulta imprescindible, por lo tanto, depurar a la educación estatal mendocina de sus concepciones y prácticas confesionalistas, rémoras de los capítulos más sombríos de nuestra historia provincial y nacional.

Por su andadura histórica y su realidad presente, Mendoza es diversa. Y sus escuelas públicas también lo son. Debiéramos aceptarlo, y más aún, aprender a valorarlo. La diversidad cultural no es una monstruosidad. Es un don. Y ese don, para manifestarse en toda su plenitud, requiere de ciertas condiciones jurídico-políticas. Una de ellas, y no precisamente la menos importante, es la laicidad de la educación pública. Defendámosla. Hoy está en peligro.

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