Si algo consigue levantar revuelo, es que interesa. Y es lo que ha sucedido con la propuesta incluida en el borrador del programa electoral del PSOE que plantea profundizar en la laicidad de nuestras instituciones. Un viejo anhelo socialista, compartido con todas las fuerzas de izquierdas, que intenta adaptar los tiempos a algo tan normal y democrático, como que el culto y las creencias pertenecen a la esfera de lo privado y no pueden interceder en el funcionamiento de las instituciones.
Si hay un partido que es profundamente respetuoso con los sentimientos religiosos, ese es el PSOE. Hay muchos socialistas católicos, creyentes y practicantes. Muchos de ellos entienden que la religión debe impartirse en las sacristías, y que la catequesis no ha de ser una materia evaluable. Es algo aceptado en los sistemas democráticos europeos y en países donde igualmente hay un porcentaje muy alto de creyentes. El paradigma es Francia, país laico por excelencia y en el que el 70% de sus ciudadanos confiesa tener alguna creencia religiosa.
La crítica incide especialmente en la supresión de la religión como materia evaluable, incluso en los centros privados. No lo entiendo. ¿Es de justicia que un alumno pueda obtener mejor expediente por cursar una materia que corresponde al ámbito privado? Mi respuesta es NO. En la escuela, inglés, matemáticas, lectura y educación para la ciudadanía. Fuera de ella, lo que cada uno considere más oportuno para su formación, tanto intelectual como espiritual.
Hay algunos aspectos de la propuesta relacionados con la laicidad que a mí me parecen más interesantes y que han pasado desapercibidos. La autofinanciación de las instituciones religiosas, la denuncia de los Acuerdos de la Santa Sede o reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales sobre los bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica. En Aragón sabemos bien lo que esto supone, puesto que han sido varios los templos que han pretendido inmatricular, como la Catedral de Jaca, la Seo y la Magdalena en Zaragoza.
Las instituciones deben avanzar y defender la igualdad y la convivencia en libertad. Una libertad, que muchas veces es agredida por algunos jerarcas de la Iglesia a los que gusta influir pública y políticamente para que se impongan criterios morales sobre aspectos que se deben resolver mediante las reglas democráticas.
