La Justicia europea cree que las exenciones fiscales a la Iglesia católica en España pueden constituir ayudas estatales prohibidas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea cree que las exenciones fiscales de la que disfruta la Iglesia católica en España «pueden constituir ayudas estatales prohibidas si se otorgan respecto de actividades económicas y «en la medida en que se otorguen respecto de tales actividades».

El caso al que hace referencia la sentencia es el de un colegio religioso a las afueras de Madrid que sobre la base del Concordato entre España y a Santa Sede (muy anterior a la entrada del país en la UE) solicitó la devolución del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras, por un importa de casi 24.000 euros.

El colegio había hecho obras en sus instalaciones, concretamente en un edificio que incluye el salón de actos. Allí, además, recuerda el tribunal, hay locales que «se utilizan para impartir enseñanza primaria y secundaria reglada por el Estado, que equivale a la que se imparte en los colegios públicos y que se financia íntegramente con cargo a fondos públicos, pero «también se utilizan para impartir enseñanza preescolar, extraescolar y postobligatoria, que no está subvencionada con fondos públicos y por la cual se cobran derechos de matrícula». Y éste es un punto importante.

La Agencia Tributaria rechazó la petición de la escuela, afirmando que se trataba de «una actividad de la Iglesia Católica que no tiene una finalidad estrictamente religiosa«, y el juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, ante el que recurrió la congregación religiosa, preguntó al Tribunal de Justicia «si debe considerarse que la exención fiscal controvertida, aplicada en este caso a un edificio escolar, es una ayuda estatal prohibida por el Derecho de la Unión«.

La mera pregunta abre un debate interesante a nivel europeo, el de si el hecho de que un Estado miembro «exima a una comunidad religiosa de determinados impuestos, incluso respecto de actividades sin una finalidad estrictamente religiosa, puede constituir una ayuda estatal prohibida».

Y la respuesta de la corte es que sí, puede serlo, pero no siempre, y que corresponde a las autoridades nacionales determinarlo. En la sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que «la exención fiscal controvertida puede constituir una ayuda estatal prohibida si las actividades ejercidas en los locales en cuestión son actividades económicas y en la medida en que lo sean, extremo que corresponde comprobar al juez nacional».

Los magistrados, por ello, precisan que «únicamente las actividades de enseñanza no subvencionadas por el Estado español parecen revestir carácter económico, puesto que se financian fundamentalmente mediante contribuciones financieras privadas a los gastos escolares» e indica que «que corresponde al juez nacional determinar si los locales en cuestión están destinados, al menos en parte, a tales actividades económicas y en qué medida».

La legislación europea dice claramente que no puede haber ayudas de Estado, subvenciones o privilegios para una determinada empresa por ejemplo, que le de ventajas competitivas e injustas respecto a sus competidores. En la sentencia de hoy, el Tribunal estipula que la exención del impuesto municipal solicitada «parece cumplir, en todo caso, dos de los cuatro requisitos exigidos para poder ser calificada de ayuda estatal prohibida, en la medida en que conferiría a la congregación a cargo del colegio una ventaja económica selectiva y supone una disminución de los ingresos del Ayuntamiento y, por tanto, el empleo de fondos estatales».

Además, los magistrados consideran que los otros dos criterios existentes (la distorsión de competencia y el hecho de que haya una ventaja económicas en los intercambios con los estados respecto a escuelas que no puedan beneficiarse) «pueden hacer más atractiva la prestación de los servicios de enseñanza de la congregación religiosa en relación con la prestación de servicios de centros también activos en el mismo mercado».

Dicho eso, la Justicia europea también recuerda que la legislación de la UE estipula que «las ayudas que no superan el límite de 200.000 euros durante un período de tres años no afectan a los intercambios comerciales entre los Estados miembros ni falsean ni amenazan con falsear la competencia, de modo que tales medidas están excluidas del concepto de ayudas estatales» ; por lo que insta al juzgado de Madrid que verifique «si en el presente asunto se alcanza dicho umbral, tomando en consideración únicamente las ventajas de las que haya disfrutado la congregación religiosa en relación con sus eventuales actividades económicas».

La última consideración en la sentencia de hoy es la que hace referencia al tiempo. El Concordato es anterior a la entrada de España en la UE, pero el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras no se introdujo hasta después de la adhesión. «Por consiguiente, si el juez nacional declarase la existencia de una ayuda estatal, ésta debería notificarse a la Comisión y no podría ejecutarse sin su consentimiento», concluye.

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