Más de 700 personas continúan detenidas de las más de 1.400 que han sido arrestadas después de las protestas del 11 de julio pasado, según organizaciones de derechos humanos.
El Tribunal Supremo de Cuba condenó el miércoles a 127 personas con penas de entre 6 a 30 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio pasado. De los 129 acusados, solo uno fue absuelto y otro recibió una pena de cuatro años de trabajo “correccional sin internamiento”. El resto fue encontrado culpable de “cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana”.
El Tribunal Supremo informó en una nota de prensa su veredicto sobre el fallo del Tribunal Provincial Popular de La Habana vinculado a los juicios que tuvieron lugar entre el 14 de diciembre y el 3 de febrero pasado. Los acusados han sido considerados “responsables de los hechos, según cada caso, por los delitos de sedición y hurto”, según el Tribunal Supremo.
Publicamos en nuestro sitio web nota de prensa en relación con juicios celebrados, contra autores de delitos por los disturbios del 11 y 12 de julio pasados en los municipios de Diez de Octubre y Arroyo Naranjo, provincia de La Habana.
? https://t.co/FTcBiukpNR#Cuba ?? pic.twitter.com/nQXAW3UdI9— TSupremoCU (@TSupremoCU) 16 de marzo de 2022
Entre los condenados hay siete jóvenes de 16 y 17 años con penas de entre siete y 19 años de prisión, según la ONG Prisoners Defenders si bien el Supremo no hizo mención a las edades. En Cuba la edad penal mínima son 16 años y el Código Penal contempla la posibilidad de reducir a la mitad las penas de las personas de 16 y 17 años.
“Todavía el Estado no ha dado una cifra específica de la cantidad de personas detenidas a raíz de las manifestaciones del 11 de julio”, dice a elDiario.es Laritza Diversent, abogada y directora de la ONG Cubalex.
Protestas pacíficas
Las protestas del 11 de julio en las que miles de cubanos salieron a las calles para reclamar mayor libertad al Gobierno han sido en su mayoría pacíficas y marcaron un capítulo nuevo en un país donde las manifestaciones no autorizadas son ilegales en Cuba.
Sin embargo, el Gobierno basó sus denuncias en los levantamientos que tuvieron lugar en Esquina de Toyo, uno de los puntos más turísticos de la capital cubana, y La Güinera. En el caso de Esquina de Toyo, el tribunal consideró “probado y demostrado” que el 11 de julio los condenados “intentaron subvertir el orden constitucional de forma violenta” obedeciendo “instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior”.
“Lanzaron piedras y botellas contra varios funcionarios e instalaciones de la Policía Nacional Revolucionaria, autos patrulleros; voltearon una moto y carros pertenecientes a la Asamblea Municipal del Poder Popular y provocaron lesiones a otras personas y graves daños materiales”, determinó la institución judicial.
El Tribunal Supremo destaca que los jueces tuvieron en cuenta el “grado de participación, las condiciones personales de los implicados, así como la gravedad y violencia de los actos cometidos”. También dispuso que los condenados están obligados a indemnizar a las personas que resultaron lesionadas a consecuencia de los hechos cometidos y reparar los daños ocasionados a las entidades.
Más de 1.400 detenidos
En total, 1.442 personas han sido detenidas en relación a las protestas y al menos 756 de ellas continúan en centros de reclusión, según Justicia 11J y la ONG Cubalex. Las ONG han denunciado falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas.
“Estos datos son un subregistro. El Estado aún no ha dicho cuántas personas resultaron detenidas en el país a raíz de las protestas del 11 de julio. La Fiscalía solo informó 790 personas sobre las cuales había formulado acusación que deja por fuera las personas en fase de instrucción, que están en la etapa de investigación”, aclara la directora de Cubalex.
Las autoridades cubanas, por su parte, niegan que en el país haya presos políticos y aseguran que los juicios tienen que ver con “actos vandálicos” además de destacar que en todos los casos se está siguiendo el debido proceso.
