La Justicia británica rechaza que un médico practique el suicidio asistido

El tribunal rechaza la petición de la viuda de Tony Nicklinson, que falleció en agosto de 2012 en plena batalla legal por el derecho al suicidio asistido

El Tribunal de Apelación ha rechazado este miércoles en Londres que un médico pueda ayudar a suicidarse a una persona que esté imposibilitada para hacerlo por sí misma. El tribunal ha rechazado así la petición presentada por la viuda de Tony Nicklinson, que falleció en agosto de 2012 en plena batalla legal por el derecho al suicidio asistido. A su caso se había sumado Paul Lamb, que está inmovilizado tras un accidente de automóvil y reclama el derecho a que un médico le ayude a morir el día que él decida dejar de vivir. El fallo será recurrido ante el Tribunal Supremo.

Los jueces sí dieron la razón a otra persona que vive paralizada y a la que solo se puede identificar como Martin. Martin exige que la fiscalía aclare si puede recurrir a los servicios de un médico o una enfermera si decide viajar un día a la clínica Dignitas, en Suiza, para quitarse la vida. Su reclamación exige clarificaciones a las directrices que en su día emitió la fiscalía tras un conocido proceso legal llevado a cabo por Debbie Purdy.

Purdy, que sufre esclerosis múltiple progresiva, quería asegurarse de que si algún día, cuando su enfermedad avanzara, deseaba quitarse la vida y viajar a Dignitas, su marido u otros familiares o amigos no serían procesados si le ayudaban a cumplir su deseo. Purdy ganó el caso en la última instancia judicial en julio de 2009 y la fiscalía emitió unas directrices clarificando en qué condiciones no habría procesamientos en un caso así. Entre otros aspectos, la fiscalía exige que el potencial suicida tome una decisión “clara, firme a informada” de que quiere acabar con su vida y que las personas que le ayuden lo hagan por compasión y no actúen “de estímulo” hacia el suicidio.

Pero eso no es suficiente para Martin, porque ninguno de sus familiares y amigos quieren participar en su suicidio, por lo que reclama el derecho a una asistencia profesional. Los jueces han concluido por dos votos contra uno que la fiscalía ha de clarificar ese extremo.

Sin embargo, al fallar el otro caso, han reiterado la conocida doctrina de que es el Parlamento, y no los jueces, quienes han de decidir si se puede ayudar a una persona a morir dentro de territorio británico. Hay que tener presente que en el caso de Debbie Purdy, la cuestión a dirimir era si se puede ayudar a un potencial suicida a viajar fuera del país para poder suicidarse allí donde esa práctica es legal, como es el caso de Suiza.

Los abogados de Paul Lamb y de la viuda de Tony Nicklinson, con el apoyo de la Asociación Humanista Británica (BHA en sus siglas en inglés), sostenían que los médicos deberían poder ayudar a suicidarse a una persona impedida que así lo desea, y amparaban ese derecho con el argumento de que equiparar el suicidio asistido con el asesinato es contrario al derecho a la vida privada y familiar contemplado en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que incluye el derecho a la autonomía y la autodeterminación al final de la vida.

En el fondo del argumento de Lamb y de Nicklinson transpira la incongruencia de que las autoridades británicas admitan que sus ciudadanos viajen al extranjero para que les ayuden a morir pero nadie pueda ayudarles a morir en casa. “Cuando llegue el momento, quiero morir aquí, en esta cama, y no en un polígono industrial”, declaró Tony Nicklinson en una entrevista con este diario en enero de 2012. Moriría por causas naturales en agosto de ese año, una semana después de saber que había perdido la primera batalla judicial de su caso.

En un largo comunicado publicado en su página de Internet, la Asociación Humanista Británica lamenta el fallo del Tribunal Supremo y elogia el coraje de los demandantes. “Su determinación es una inspiración y les apoyaremos hasta el final, pero no son ellos quienes deberían estar haciendo esto”, señala el consejero delegado de la asociación, Andrew Copson. “Representan a la mayoría de más del 80% de la opinión pública británica que apoya su lucha y son el Parlamento y el Gobierno quienes deberían estar trabajando para cambiar la ley, no la gente que ya ha sufrido bastante”, añade. “Esta es la cuestión bioética más importante de nuestro tiempo y la ausencia de avances legales o políticos a pesar de la masiva demanda pública y de los argumentos morales a favor de un cambio constituyen un rechazo permanente de nosotros mismos como civilización y como sociedad humana”, denunció Copson.

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