Alonso reivindica que las “escasas” denuncias y reclamaciones se han saldado con la intervención de los servicios competentes
COMENTARIO: La ambiguedad del Consejero y su alusión a los Consejos Escolares como responsables, no resuelve el problema de las actividades religiosas en los centros o la presencia de símbolos, ya que son éstos los que lo avalan pese a vulnerarse el derecho inalienable de quienes defienden una neutralidad del Estado, e incluso el propio Estatuto de Autonomía que en su art- 21 establece que la enseñanza pública será laica. En estos momentos existen símbolos religiosos en centros escolares de Jayena (Granada), La Línea (Cádiz), Torre del Mar (Málaga), Malaga o Sevilla,… denunciados por las personas afectadas, Andalucía Laica y el Observatorio del Laicismo, sin que se hayan retirado. Es verdad que otras denuncias que presentamos si consiguen la retirada. Peor suerte tienen las actividades religiosas, sen procesiones escolares (Córdoba, Sevilla, Jaén, Málaga, Cádiz), visitas pastorales interrumpiendo la actividad ordinaria del centro (Cádiz, Málaga, Granada, Córdoba, Jaén…), participación en ofrendas religiosas u otras ceremonias en las parroquias (Cádiz)… donde la Consejería se limita a comprobar que esas actividades han sido aprobadas por el Consejo Escolar. Precisamente las preguntas de esta parlamentaria responden a las reclamaciones presentadas desde Andalucía Laica para intentar por vía parlamentaria que se cumpla la aconfesionalidad institucional y no se vulneren derechos básicos que tienen obligación de proteger. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León ya determinó que los Consejos Escolares no tienen competencia en estos asuntos, algo que la Consejería sigue sin asumir.
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha trasladado a IULV-CA, socio de gobierno en el Ejecutivo andaluz, que la administración regional se mantendrá en su papel de garantizar la "aconfesionalidad institucional", así como el ejercicio de la autonomía y la "salvaguarda" de los derechos de familias y alumnado, tras la preocupación mostrada por la federación de izquierdas en lo referente a actividades religiosas en centros de enseñanza públicos y las visitas a los mismos de obispos.
En respuesta a varias iniciativas elevadas a este respecto por la diputada de IULV-CA por Granada María del Carmen Pérez Rodríguez, el consejero del ramo, Luciano Alonso, ha dado respuesta escrita, consultada por Europa Press, en la que se recuerda que la Constitución de 1978 posibilitó consensuar una fórmula que daba una respuesta "razonablemente satisfactoria" al protagonismo del hecho religioso en la educación.
Concretamente, se mencionan tres aspectos: desvincular el Estado de cualquier credo, reconocer al mismo tiempo el pluralismo religioso y la posición mayoritaria de las creencias católicas y garantizar el derecho a una formación religiosa y moral "acorde con las convicciones de la ciudadanía".
No obstante la definición del marco normativo, Alonso admite que "a veces" se producen episodios como visitas de autoridades religiosas, manifestaciones de religiosidad popular o presencia de símbolos religiosos, "llamativos por su posible impacto en la vida de los centros y susceptibles, por tanto, de generar dudas sobre la obligada posición neutral de las administraciones públicas".
LA JUNTA SE MANIFIESTA "SENSIBLE, ÁGIL Y EFICIENTE"
Tras resaltar el papel del Consejo Escolar de cada centro como órgano administrativo competente en primera instancia, la Junta defiende haberse mostrado "sensible, ágil y eficiente" y reivindica que la comunidad escolar ha resuelto "con bastante eficacia y con una aceptación muy mayoritaria de las familias afectadas" los posibles problemas que se pueden generar en torno al papel de la religión en los centros.
Los casos han sido "mínimos" desde el punto de vista cuantitativo, con una actuación de los mecanismos "desde el diálogo". Las "escasas" denuncias y reclamaciones recibidas se han saldado con la intervención de los servicios competentes, así como de las delegaciones territoriales –el consejero cita el caso de Córdoba–, con "instrucciones encaminadas a recordar a los órganos directivos de los centros la necesidad de garantizar los derechos de todo el alumnado y de todas las familias".
Como ejemplo de su denuncia, IULV-CA citaba las "visitas pastorales a colegios e institutos" de obispos como los de Jaén, Córdoba, Cádiz o Granada, "dando charlas y visitando las clases, interrumpiendo las actividades del centro y sin limitarse a una actividad del área de religión, sin ser aprobadas por el Consejo Escolar".
Junto a ello, también se hacía eco de las "procesiones escolares que cada vez organizan más centros imitando los desfiles procesionales católicos" o de la decisión de un centro de la localidad sevillana de Umbrete de "suspender las clases ordinarias para realizar una 'romería rociera' coincidiendo con la semana de El Rocío".
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