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La Junta no permitirá que se cierren colegios públicos para abrir otros privados

Mar Moreno asegura al PP que no dejará que los ajustes de la reforma educativa del Gobierno central “recaigan sólo sobre la enseñanza pública”

COMENTARIO:  Completamente de acuerdo. Pero no por verse obligada ante la radicalidad de la reforma del ministro, sino sencillamente porque es la obligación de cualquier Administración Pública, y no lo contrario. Los conciertos tuvieron su justificación, con el apoyo del PSOE por cierto, como fórmula transitoria para universalizar la escolarización. Hoy se han convertido en el apoyo del Estado a la empresa privada, fundamentalmente de carácter confesional, una concesión a la iglesia católica que de esta manera consigue que entre todos paguemos su modelo educativo particular. Por tanto la Consejera haría bien en apostar claramente por la enseñanza pública frente a la privatización y su fórmula encubierta de concertada. Un invento neoliberal de servicios "públicos" de gestión privada, que antes el PSOE en menor medida y ahora el PP, sin ningún reparo, tratan de imponer en educación, sanidad, asistencia social,…


La consejera andaluza de Educación, Mar Moreno, ha advertido de que el Gobierno autonómico "no va a estar de brazos cruzados" ante lo que considera "un ataque frontal" del PP a la enseñanza pública y no va a permitir "que se cierren colegios públicos para abrir centros privados". Moreno ha rehusado contestar a las preguntas de los periodistas sobre si su departamento va a anular conciertos con centros privados, pero sí ha reiterado que la Junta no va a permitir que los ajustes de la reforma educativa del Gobierno central "recaigan sólo sobre la enseñanza pública".

Ha asegurado que su departamento aborda una "planificación profunda" del sistema educativo andaluz para adaptarlo a "las circunstancias presupuestarias", a la eventual pérdida de alumnos por "el cambio de tendencia demográfica" y por el retorno de inmigrantes y "a la antesala de la reforma educativa del gobierno central que supone un ataque frontal a la enseñanza pública". "Siempre hemos respetado una presencia razonable de la enseñanza privada concertada pero el problema es que el Gobierno ha roto las reglas del juego y por eso vamos a proteger la enseñanza pública frente al ataque del PP y para evitar que se cierren colegios públicos y se abran centros privados", ha aseverado.

Moreno ha vinculado el futuro de los conciertos con centros privados andaluces al resultado de esta planificación aunque sí ha confirmado que no se concertará con colegios que mantienen una educación diferenciada de sexo, como han dictaminado recientes sentencias. También ha advertido de que "la legalidad vigente" no ampara que la demanda de plazas en un colegio determinado sea un derecho fundamental a proteger por las administraciones.

En su opinión, la Junta se ve obligada a anteponer la enseñanza pública a la privada por "la radicalidad" de la reforma impulsada por el Ministerio de Educación "que está generando problemas donde nunca los había habido". "El actual marco ha permitido que comunidades autónomas como Madrid hayan disparado la enseñanza pública. ¿Por qué cambiar las reglas de juego?", ha lamentado la consejera.

Dentro de este "proceso de planificación profunda" sobre el sistema educativo andaluz, Moreno ha inscrito el nuevo plan de actuación de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, uno de cuyos objetivos troncales es "promover el éxito escolar", basado "en que la calidad y la equidad de la educación son conceptos inseparables". Otra iniciativa será un nuevo decreto de formación del profesorado, basado en la asunción "voluntaria y privada" de buenas prácticas por los docentes, cuya formación se vinculará más "a la demanda de los centros".

Respecto a los procesos de evaluación del alumnado, Moreno también ha contrapuesto el modelo "antiranking y antireválidas" de la Junta de Andalucía, "que promueve una cultura de la evaluación integral para mejorar", con el del Ministerio de Educación, que según la consejera impulsa "un enfoque empresarial" que defiende une evaluación "para calificar, segregar y castigar". La Consejería andaluza de Educación evaluará este curso a unos 250.000 alumnos y emitirá más de un millón de informes sobre sus encuestas a unas 70.000 familias y unos 25.000 profesores.

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