Al Gobierno andaluz no le ha sentado bien la enmienda que el PP, con los votos de Foro de Asturias y Unión del Pueblo Navarro (UPN), ha aprobado esta semana en el Congreso de los Diputados para intentar blindar los conciertos con los colegios que separan a sus alumnos por sexo. La consejera de Educación, Mar Moreno, ha acusado este jueves al Gobierno popular de "estimular" los litigios con esta decisión.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ya se había mostrado partidario de mantener con dinero público este modelo educativo, muy minoritario en España y vinculado al ala más ortodoxa de la Iglesia católica. La vía que había elegido Wert era la reforma educativa que está tramitando, donde se señalaba explícitamente que este tipo de enseñanza no es discriminatoria. Pero esta reforma llevará su tiempo y no podrá aplicarse hasta, al menos, el próximo curso.
Las dudas sobre la financiación de la educación segregada volvieron a surgir este verano, cuando el Tribunal Supremo sentenció que "se excluye a esos centros de la posibilidad de concertar con la Administración competente su sostenimiento con fondos públicos". El Supremo entendió que la Ley Orgánica de Educación (LOE) —la norma que está cambiando ahora el ministerio— impedía su financiación pública.
Tras conocerse las sentencias, la consejera Mar Moreno anunció que la Junta de Andalucía impedirá a los centros educativos que no son mixtos (12 en la comunidad) renovar sus conciertos para los próximos cuatro cursos, un proceso que arranca en el mes de enero.
Moreno ha indicado este jueves que la enmienda incorporada ahora en los Presupuestos Generales del Estado es "una verdadera tomadura de pelo". Para los centros afectados, porque "genera falsas esperanzas". También para el Supremo, porque, según Moreno, "la Ley de Presupuestos no puede cambiar una ley orgánica, como la LOE".
La consejera cree que la enmienda, que fue presentada por el Foro de Asturias y UPN, está dirigida hacia Andalucía, ya que esta comunidad ha anunciado abiertamente que no renovará los conciertos con los colegios que solo admitan a alumnos y alumnas por separado.
La enmienda, aprobada el martes, señala que la financiación con dinero público podrá llegar también a "los de educación diferenciada que escolarizan alumnos de un solo sexo".
Moreno ha afirmado que esta cláusula no cambiará los planes de su departamento. Es decir, estos centros educativos no recibirán financiación pública, salvo que "cambien" y se conviertan en mixtos.
Lo que sí hace esta enmienda es añadir más incertidumbre en este conflicto, que lleva en los tribunales más de una década. Moreno ha reconocido que el Gobierno ha dado ahora "una percha" a los centros afectados para que vuelvan a recurrir a la justicia. La consejera acusa al PP de "incentivar" los litigios con esta maniobra.
La duda es cómo se comportarán los jueces. El primer examen sería en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ya dio amparo a los concertados que segregan en 2011, cuando la Junta aprobó una orden que obligaba a estos colegios a institutos a convertirse en mixtos. El Supremo corrigió luego al TSJA.
Escuela femenina Elcható, en Brenes (Sevilla). / PÉREZ CABO
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