La Junta cifra en casi 24 millones de euros el coste de los profesores de Religión en la comunidad autónoma

Las preguntas de IU responde a una propuesta realizada por Andalucía Laica sobre diversos temas relacionados con la laicidad en Andalucía.

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha cifrado en  casi 24 millones de euros el coste de un total de 650 profesores de  Religión, siendo el profesorado de Educación Secundaria el único que  está transferido a la administración autonómica. De todos estos docentes, según se desprende de una respuesta  parlamentaria a una pregunta de IULV-CA, a la que ha tenido acceso  Europa Press, 345 son a jornada reducida y 305 a jornada completa,  con un coste total de 23.846.485,68 euros; en dicho importe, aparte  de los salarios, se incluyen los costes sociales.

En cuanto al número por provincias, destaca Sevilla, con 154  docentes de Religión católica y tres de Religión evangélica, seguida  por los 98 de Cádiz –97 católicos y uno evangélico–, los 96 de  Málaga –95 católicos y uno evangélico–, los 69 de Córdoba –66  católicos y tres evangélicos–, los 68 de Jaén –67 católicos y uno  evangélico–, los 66 de Granada, los 55 de Almería y los 41 de  Huelva, en estos tres últimos casos adscritos en exclusividad al  catolicismo.

IULV-CA, socio del PSOE en el Gobierno andaluz, elevó esta  pregunta en el marco de su pretensión de conocer el número de  profesores de Religión existentes en la comunidad autónoma y el coste  económico anual que supone para las arcas públicas.

Así lo reclamó la diputada de la federación de izquierdas por  Granada María del Carmen Pérez Rodríguez en una pregunta  parlamentaria con ruego de respuesta por escrito dirigida a la  consejera de Educación, Mar Moreno.

En la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, Pérez  Rodríguez pedía a Moreno que detallara "cuántos profesores de  Religión hay actualmente en cada provincia andaluza, con indicación  del nivel educativo en el que realizan su función".

Junto a ello, la parlamentaria de IULV-CA solicitaba que la  Consejería de Educación precisara "el coste" de dichos docentes "con  independencia del pago directo o no por el Ministerio de Educación y  Ciencia".

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