La juez afirma que el obispado de Vigo “amparó” la secta de los miguelianos

La Iglesia tedrá que responder de las fianzas de más de dos millones y futuras indemnizaciones derivadas del juicio que económicamente no pudieran asumir los 17 procesados en la causa

La juez que procesó a 17 personas, presuntos integrantes de la Asociación Pública de Fieles Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, también conocida como la secta de los miguelianos, ha acordado que el obispado de Tui-Vigo sea el responsable civil subsidiario en la causa al haberla autorizado como asociación pública de derecho diocesano desde 2009 hasta que la suprimió en diciembre de 2014.

La iglesia, que ya ha anunciado que recurrirá la decisión de la magistrada, tendría que responder de la parte de las fianzas de más de dos millones de euros que se reclaman a los procesados y de la que estos no pudieran responder con sus bienes, así como las futuras indemnizaciones que se deriven del juicio, principalmente para el líder de la congregación, Miguel Rosendo.

Rosendo se enfrenta a 25 delitos sexuales continuados cuyas fianzas se elevan a casi 600.000 euros, otros 980.000 euros por delito fiscal y blanqueo de dinero para él, su mujer y sus dos hijos, y otros 625.000 euros por asociación ilícita para todos los procesados. La instructora sostiene en el auto de procesamiento que “la constitución y funcionamiento” de la secta, que dirigía su fundador y principal implicado, Miguel Rosendo, al que se le imputan hasta 25 delitos de agresiones y abusos sexuales, “estuvo amparada por la institución eclesiástica, habida cuenta de que dicha asociación actuaba al servicio y bajo la dependencia del obispado Tui-Vigo, de manera que es evidente la existencia de un vínculo necesario entre los sujetos activos del delito y la persona o entidad subsidiariamente responsable”.

Días después de la detención de Rosendo en diciembre de 2014, el obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza, firmó el decreto de supresión de la Orden tras expulsar unos meses antes a su fundador, alegando el “grave escándalo causado últimamente por algunos miembros que se dieron de baja”, en referencia a los miguelianos. En ese momento, la Orden ya suprimida contaba con 26 miembros bajo la responsabilidad directa de un comisario nombrado por el obispado que sustituyó al defenestrado líder. La iglesia recordó, entonces, en un comunicado, que las actividades de Rosendo al frente de la asociación privada de fieles comenzaron en 2003 y como asociación pública de derecho diocesano desde 2009.

A la espera de que la Agencia Tributaria presente un informe económico definitivo sobre el dinero que movió Miguel Rosendo a través de la asociación y que salía de las millonarias donaciones de los fieles, acumuladas en al menos una década, según fuentes de la investigación, el juzgado ya ha intervenido patrimonio inmobiliario por valor de más de dos millones de euros.

Entre los embargos preventivos decretados por el juzgado aparecen los tres chalés que construyó Rosendo, uno de ellos en el municipio de Oia, conocido bajo el nombre de “casa madre” y centro de la congregación. También se embargó otro chalé construido en terrenos de la iglesia, donde vivía la hija de Miguel Rosendo con su familia, y el de Collado-Villalba (Madrid), donde se refugió el dirigente de la orden cuando esta fue desautorizada por el obispado, hasta que fue detenido. También se intervinieron dos coches y un bajo comercial.

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