Se establece un pacto de silencio, ocultamiento y encubrimiento en torno a la pederastia clerical, y cuando aparecen casos probados, lejos de ponerlos en manos de la justicia, se tiende a negarlos.
La pederastia clerical es uno de los mayores escándalos en la iglesia católica en los últimos ochenta años, que ha destruido la dignidad y la vida de decenas de miles de personas. No se trata de “solo pequeños casos”, como afirma el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, refiriéndose a la Iglesia católica española, sino que es un problema estructural que afecta a toda la institución, está instalado en la propia organización jerárquico-patriarcal y contagia a todo el cuerpo eclesial.
Los pederastas dentro de la iglesia católica se ubican en el ámbito de lo sagrado y en los diferentes espacios del poder eclesiástico: cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, miembros de congregaciones religiosas masculinas, párrocos, profesores de colegios religiosos, formadores de seminarios y noviciados, padres espirituales, confesores… Todos ellos se consideran representantes de Dios, y sus comportamientos, por muy perversos que sean, se ven legitimados por “su” Dios. La pederastia clerical se convierte así en la mayor perversión de lo sagrado y de la divinidad.
La estructura jerárquico-patriarcal de la iglesia católica se sustenta en la masculinidad de Dios que da lugar a la masculinidad sagrada de los clérigos. Esta constituye la base del patriarcado religioso que, a su vez, legitima el patriarcado político, social, familiar… “El patriarcado tiene a Dios de su lado”, afirma Kate Millet. La alianza y complicidad entre ambos patriarcados se traduce en la naturalización de la inferioridad de las mujeres, las niñas, los niños y las personas en situación de mayor vulnerabilidad, hasta llegar a legitimar la violencia contra ellas.
Investidos de masculinidad sagrada, los clérigos detentan el poder sin límite alguno, incluso para delinquir, sin sentirse culpables, y lo ejercen sobre las almas, de las que se consideran pastores, las mentes, que pretenden uniformar, las conciencias, que conforman a su imagen y semejanza, y los cuerpos, que convierten en su propiedad y objeto de colonización.
Llegados aquí, se establece un pacto de silencio, ocultamiento y encubrimiento en torno a la pederastia clerical, y cuando aparecen casos probados, lejos de ponerlos en manos de la justicia, se tiende a negarlos, minusvalorar su gravedad, calificarlos de excepciones irrelevantes frente a la ejemplaridad de la mayoría del clero y a poner el foco en otros sectores de la sociedad. Cuando aparecen informes a partir del testimonio de las víctimas, se duda de su objetividad y se les acusa de falta de rigor. ¿Resultado? Complicidad en la pederastia.
Todo menos investigar. Lo dijo en su día el secretario general de la CEE: “No estamos por la labor de hacer investigaciones sociológicas o estadísticas, sino conocer a cada víctima con nombres y apellidos”. Parece, sin embargo, que, en los últimos días se ha producido un cambio de actitud en la Conferencia Episcopal Española, que se ha mostrado dispuesta a investigar. ¿Es realmente así? Habría que matizar. El cambio se debe a la evidencia de las investigaciones externas, a la reivindicación de las víctimas y a que el Papa lo ha exigido, no a la propia convicción ante la criminalidad contra la infancia.
Aun así, la investigación se limitaría a crear oficinas en cada diócesis con la negativa expresa a constituir una comisión externa e independiente de la jerarquía que analice en profundidad y de manera objetiva los hechos, sus causas y consecuencias con la obligación de reparar. Las víctimas ya han expresado su escepticismo y desconfianza ante tales medidas, ya que puede significar negarse a conocer la verdad, o mejor, a reconocerla. Dicha negativa contraviene el mensaje de Jesús de Nazaret: “La verdad os hará libres” (Juan 8,32).
El comportamiento de la jerarquía eclesiástica demuestra, hasta ahora, insensibilidad ante el dolor de las víctimas, falta de compasión al no ponerse de su lado, no curar sus heridas, no contribuir a aliviar sus sufrimientos y no acompañar a las víctimas en la vivencia del “calvario oculto” al que se refería en este periódico una mujer que había sido abusada de niña por un sacerdote.
Por último, ¿qué decir de la actitud de la Fiscalía en los casos de pederastia clerical? Tengo mis dudas de que en determinados sectores de dicha institución no exista todavía complicidad, connivencia e incluso temor reverencial hacia la jerarquía eclesiástica, que se superpongan indebidamente a la obligada investigación de la comisión de delitos, que le incumbe. Lo que tiene que quedar claro es que no existen dos justicias, la religiosa y la civil, sino una sola, la civil, a quien corresponde investigar los delitos contra la indemnidad sexual de las personas menores.
