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La izquierda se moviliza en Andalucía contra el acoso a las mujeres en las clínicas para abortar

La tramitación en el Congreso, con tan solo los votos en contra de PP y Vox, de una iniciativa del PSOE para la reforma del Código Penal que proteja a las mujeres del hostigamiento sistemático al que grupos ultracatólicos las someten a diario a las puertas de algunas clínicas que practican abortos con cobertura del sistema público. El calificativo que el diputado de Vox, José María Sánchez, dedicó a la parlamentaria socialista Laura Berja, a quien llamó “bruja”. La polémica que se ha generado a cuenta de las concentraciones promovidas a través de una página web a las puertas de centros sanitarios en varias ciudades españolas. Todo esto ha llevado este miércoles a que la izquierda en Andalucía se movilice con este asunto.

Por un lado, la diputada Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, convocó a los medios a las puertas de una clínica de Córdoba, en la que las organizaciones ultracatólicas han ubicado uno de sus puntos de propaganda y manifestó que “igual que el todo mundo tiene derecho a rezar, y debe tener derecho a rezar”, también existe el derecho de “acudir a una clínica a ejercer su derecho a la interrupción de su embarazo sin tener que sufrir el hostigamiento y la intimidación de un grupo de personas”.

Por otro lado, la diputada cordobesa de Unidas Podemos por Andalucía, Ana Naranjo, reclamó explicaciones a la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Ciudadanos) y recordó que Vox, PP y Ciudadanos rechazaron en el Parlamento una proposición de su grupo parlamentario para que la Junta de Andalucía”no financiara” a asociaciones antiabortistas que “se apostan a las puertas de las clínicas privadas”.

Por el contrario, el Gobierno de Juanma Moreno (PP) –en coalición con Ciudadanos– ha concedido por primera vez en Andalucía, subvenciones a asociaciones autodenominadas provida, que buscan coartar la libertad de decisión de las mujeres, tras pactarlo con Vox, y ha comenzado a repartir el millón de euros previsto este año para estas asociaciones en un tiempo récord.

La diputada del PSOE andaluz, Soledad Pérez, manifestó a Público: “Los derechos de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo no pueden ser una carrera de obstáculos, no sólo son juzgadas y sufren ataques a su libertad y dignidad por entidades ahora financiadas por Moreno Bonilla, sino que también sufren violencia institucional por la falta de respuesta de la Junta de Andalucía”. “Que la consejera de igualdad denomine el hostigamiento como libertad de expresión deja en evidencia que este Gobierno toma partido, en vez de defender a las que sufren persecución se ponen de parte de los que niegan los derechos”, prosigue la socialista, que añade: “Si el consejero de Salud [Jesús Aguirre, PP] lo denomina ‘chupetón’, las mujeres nunca olvidaremos quienes nos ofenden y no nos respetan como sujeto de derechos”.

Las concentraciones de los grupos antiderechos de las mujeres de Córdoba –ni tampoco las de Cádiz– fueron comunicadas a las subdelegaciones del Gobierno, según ha podido saber Público. Sin embargo, en Córdoba, tras la visita de Rodriguez, la Subdelegación del Gobierno de España cambiará de sitio la concentración para evitar que increpen a las mujeres. A partir de este jueves, según recoge Europa Press, los agentes de la Policía Nacional trasladarán las protestas a la acera de enfrente. Este cambio de ubicación tiene como fin proteger a las mujeres de “daños psicológicos”.

“El derecho de concentración cuando son menos de 20 personas no requiere de ningún tipo de autorización”, afirma a Público José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). Aunque, según los datos recopilados por Europa Press, más de 200 personas se han apuntado para la protesta de Córdoba, no más de tres o cuatro personas participan en la concentración a la vez. Se van relevando.

Acoso diario

El acoso a las mujeres a las puertas de las clínicas es habitual y se produce “a diario”, según Sonia Lamas Millán, portavoz de ACAI. “[Suelen ser] dos o tres personas, mujeres mayores que van a rezar con agua bendita. Si ven que pueden hablar con ellas, le entregan panfletos de entidades, donde les dicen que van a tener problemas de pareja, que abortar provoque cáncer, en fin, material para engañar a las mujeres, no solo meter miedo”, asegura a Público.

¿Tienen éxito con estas tácticas? “Si llamas éxito –afirma Lamas– a que una mujer sienta vulnerados sus derechos, entre a la clínica incomodada, con ganas de poner una denuncia, eso se llama tener éxito. Si las mujeres deciden cambiar de opinión, no tienen éxito. Hay que respetar a las mujeres, nadie obliga a las mujeres [a interrumpir un embarazo]. Si vemos que tienen la más mínima duda, se le va a dar el tiempo para pensárselo. Son decisiones responsables, como todas las que tomamos las mujeres”.

Para Bosch, lo que se produce hoy a las puertas de las clínicas, es, en resumen, un delito de coacciones, en el que el bien jurídico dañado es la libertad de las mujeres, que tiene muy difícil persecución, y que, habitualmente, acaba en archivo ante la dificultad de identificar al infractor. “Requiere la denuncia de la víctima para su persecución, hay delitos públicos y privados. Si llamas a la Polícía, sin denuncia previa, no pueden perseguir ese delito”.

ACAI había apostado, antes de que el PSOE se decidiera a promover esta reforma del Código Penal, por implicar a los ayuntamientos y las policías locales en la protección de las mujeres, pero sin éxito. Tampoco lo había tenido con las delegaciones del Gobierno en las diferentes Comunidades Autónomas. Ahora la ventana que se abre con la tramitación en el Congreso es relevante: “Es un buen camino: que el legislador reconozca el problema es el primer paso. Confiamos en la brocha fina que requiere el texto. Que cuando ese texto llegue al juzgado no sea simplemente un brindis al sol, sino que el juez tenga claro lo que tiene que hacer”.

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