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La investigación sobre los abusos que la Iglesia descarta abriría la puerta a indemnizaciones millonarias · por Ángel Munárriz

Tres víctimas que aseguran no haber recibido indemnización atribuyen el rechazo de la institución católica a una comisión independiente a su deseo de blindar su patrimonio: “Tienen miedo a un efecto llamada”.

“¿Una causa, dices? No. Una causa no. El dinero es la causa. La causa con mayúsculas”.

Javier, víctima de un religioso abusador, responde así cuando se le pregunta si cree que el dinero, es decir, las posibles indemnizaciones a las víctimas de los abusos a menores, es una de las causas que explican la oposición de la jerarquía católica española a una investigación sobre la pederastia en la Iglesia. “Es pura lógica. Nadie quiere su propia bancarrota”, expone.

Coincide Emiliano Álvarez, víctima en el Seminario de La Bañeza (León), compañero de Javier en el dolor y en el combate contra la impunidad: “Visto lo que se molestan [los obispos] en cuidar su imagen, que es nada, está claro que lo que les preocupa es su capital”. Miguel Hurtado, víctima en la abadía de Montserrat, y Sara Oviedo, de la organización internacional contra la pederastia en la Iglesia Ending Clergy Abuse, apuntan en la misma línea. “La Iglesia no quiere ni oír hablar de indemnizar”, dice Hurtado. “Intentan escatimar cualquier responsabilidad económica”, señala Oviedo.

A juicio de todos ellos, el temor a indemnizaciones –junto con el miedo a empezar a recorrer un camino de final incierto– determina la posición de la jerarquía española, lo cual constituye un contraste con las iglesias de otros países que, bajo menor o mayor presión, han levantado alfombras y han aceptado sonadas responsabilidades.

¿Ejemplos? Las Iglesias irlandesa, australiana y estadounidense, a las que se ha atribuido el pago –o compromiso de pago– de al menos 120, 200 y 3.500 millones de euros, respectivamente. Son tres casos destacados. Pero hay más: la Iglesia alemana, tras un informe propio de 2021 que identificaba a más de 300 víctimas, fijó una responsabilidad de hasta 50.000 euros por cada una; la belga, tras una investigación mixta (Parlamento-Iglesia) que detectó más de mil denuncias, ha pagado al menos 4,6 millones. La holandesa, al menos 13,7.

Javier –que prefiere ocultar su apellido–, Álvarez y Hurtado no sólo comparten su condición de víctimas y su convicción de que la Iglesia antepone los caudales a la expiación. Los une algo más: no han recibido, aseguran los tres a infoLibre, ninguna indemnización. “Después de que me comunicaran que era víctima a través de un Whatsapp, fui a hablar con ellos a la oficina [para denunciar abusos]. Y pregunté: ‘¿Y ahora, qué?’ Y nada. Yo nunca he pedido dinero. No hay dinero que pague una vida destrozada desde los 12 años por las drogas y el alcohol”, afirma Álvarez.

Javier también asegura que su última prioridad es el dinero, pero hace una puntualización: “Ellos tienen la obligación moral de reparar y nosotros el derecho legítimo a una reparación. Luego yo ya decidiré si el dinero lo doy a las víctimas, o a los pobres, pero debería ser una decisión mía. Ellos, por desgracia, ahora lo único que pueden dar es dinero. Ojalá me pudieran decir: ‘Toma, te devuelvo tu infancia’. Pero eso es imposible”.

La posición de la Iglesia

El primer paso dado por el Congreso para una posible comisión de investigación y las indagaciones iniciadas por la Fiscalía han alentado esta semana la esperanza de las víctimas que han alzado la voz. Este domingo, el diario El País informaba de que la vía preferida por el Gobierno es la del Defensor del Pueblo. Los incipientes avances se producen a pesar de la postura de la jerarquía, cuyos recelos enfrían las expectativas. Sin la colaboración de la institución católica en España, cualquier iniciativa nacería lastrada. Sería más difícil que las víctimas denunciasen. Si lo hicieran, sería más difícil su reconocimiento. Si obtuvieran reconocimiento, sería más difícil la reparación.

La Conferencia Episcopal Española (CEE), presidida por Juan José Omella, ha rechazado realizar una investigación propia, como en Alemania. Ha rechazado encargarla a una comisión independiente, como en Francia. También se opone a una investigación pública, apartándose del camino de países como Irlanda, Australia o Bélgica. La cúpula española sostiene que las iniciativas para investigar la pederastia en la Iglesia desenfocan la cuestión, dado que, como ha dicho el portavoz y secretario general de la CEE, Luis Argüello, es un problema de “toda la sociedad”.

Según el análisis de la CEE, sus oficinas para denuncias abiertas por orden del papa Francisco son un vehículo suficiente. Si el Estado tiene que intervenir, el espacio propio sería el judicial. El problema es que, como dice Miguel Hurtado, “el 99,9% de los casos están prescritos”. A su juicio, ceñir la respuesta a unas oficinas contra las abusos y a los tribunales equivale a cerrarse en banda. En vista de estos posicionamientos, la ecuatoriana Sara Oviedo, miembro fundador de la organización internacional Ending Clergy Abuse, una de las autoras del informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU que acusó en 2014 al Vaticano de encubrir a sus clérigos pederastas, ha situado a las iglesias de España e Italia como las dos más rezagadas.

La “inquisición laica”

La CEE se ha negado expresamente a crear un fondo para compensación de víctimas y ha llegado a minimizar el alcance del problema. Por ejemplo, ha denunciado la existencia de una “inquisición laica” (José María Gil Tamayo, 2018) y ha afirmado que los abusos en la Iglesia supondrían un 3% del total en toda España (Ricardo Blázquez, 2019). La cifra hecha pública por la CEE el año pasado, 220 denuncias contra sacerdotes en dos décadas, vendría a indicar a juicio de los obispos una escala manejable del problema, sin atribuir el dato precisamente a la falta de canales para denunciar con cooperación eclesial, como denuncian organizaciones como Infancia Robada.

Según la versión de la CEE, la Iglesia española, que pasó casi cuatro décadas enquistada en el Estado nacionalcatólico con la educación a su cargo en un situación de privilegio estructural, constituiría así una excepción internacional. Un faro de virtud que contrastaría con las otras iglesias a uno y otro lado del Atlántico que han detectado cifras de víctimas incomparablemente superiores a las que reconoce España. Y en consecuencia han asumido responsabilidades económicas igualmente incomparables.

La posición de la CEE ha provocado la reacción de las más de 200 comunidades integradas en Redes Cristianas, que han denunciado que su enroque es “una vergüenza absoluta, una ofensa al Evangelio” y han reclamado indemnizaciones para las víctimas no sujetas a “pactos de silencio” y de una cuantía “digna” que no suponga “una revictimización”.

La CEE no hizo ningún comentario a las acusaciones de tapar los abusos por dinero.

El “temor” a un “efecto llamada”

La Iglesia es una institución jerárquica con el papa como jefe supremo. Sin embargo, al mismo tiempo es una organización extraordinariamente descentralizada. No es fácil obtener un dato global. infoLibre preguntó al Vaticano por el número de víctimas reconocidas y las indemnizaciones abonadas, sin respuesta más allá de remitirse a las iglesias locales y las diócesis. Así que para calibrar el fenómeno hay que acudir a observadores externos. Ending Clergy Abuse contabilizó en 2018 100.000 víctimas reconocidas, si bien con posterioridad la cifra estimada sólo en Francia ascendió a 330.000. Cualquier intento de dar con una cifra global de víctimas está condenado a recurrir a altas dosis de estimación.

Los datos de dinero pagado son dispersos y heterogéneos. Eso sí, los que hay disponibles comparten algo: retratan por comparación el escaso esfuerzo de la Iglesia en España. La CEE, preguntada sobre número de víctimas y cuantía de indemnizaciones, remite a los obispados. Sólo una de las más de veinte diócesis de las que infoLibre ha recabado respuesta afirma haber pagado indemnización, concretamente 47.000 euros. La tónica general de las respuestas de las diócesis es que han recibido cero o escasas denuncias.

La única cifra global en la mesa no sale de la Iglesia. El País ha acreditado el pago de al menos 2 millones de euros a 173 víctimas, si bien no se incluye la cuantía de los posibles acuerdos extrajudiciales no publicitados. Rastrearlo sería una odisea. Sin contar con aquellas que no tienen personalidad jurídica civil, la Iglesia está compuesta por unas 40.000 entidades con elevado grado de autonomía.

“Tienen miedo a un efecto llamada”

Según Miguel Hurtado, uno de los más incisivos opositores a la impunidad eclesial, la “opacidad” de la Iglesia es deliberada y estratégica. “Los obispos nunca van a publicitar las indemnizaciones, ni van a hablar de ningún fondo para víctimas, porque tienen miedo a un efecto llamada. No quieren que a las víctimas se les pase por la cabeza la idea”, señala Hurtado, hoy psicólogo infantil. A pesar de la falta de un dato oficial o contrastado, Hurtado está convencido de que la CEE ha logrado con su posición minimizar las denuncias y con ello las indemnizaciones.

El también miembro de Ending Clergy Abuse afirma que la práctica general de las instituciones de la Iglesia es pagar sólo cuando es obligado por una sentencia. “La norma es no querer pagar”, dice Hurtado, que explica que, si estuviera dispuesta a asumir responsabilidades económicas, la Iglesia tiene “dos vías”. “Una es la judicial, renunciando a la prescripción en la vía civil. La otra sería con tribunales de arbitraje con expertos independientes que fijen las indemnizaciones ateniéndose a un baremo de evaluación según la credibilidad de los testimonios y las secuelas”, señala.

Tanto una como otra vía son difíciles si la Iglesia no tiene ánimo de cooperar. Por eso, entre otros motivos, Hurtado cree que una investigación sería importante: porque haría difícil para la Iglesia sostener su falta de cooperación. El grado de responsabilidad que acabe aceptando la Iglesia dependerá “de la presión social” y esta será mayor cuanto más se sepa, afirma.

Dinero del IRPF

La propuesta de Hurtado es que el Congreso impulse una investigación sobre abusos sexuales en instituciones, de forma que incluya a las organizaciones religiosas –no sólo la Iglesia católica, también otras como Testigos de Jehová–, las deportivas, centros de menores tutelados o boy scouts. Insiste en una idea: tiene que liderar la investigación el Estado, porque la Iglesia no puede investigarse a sí misma ni emitir un dictamen final con instrucciones para evitar abusos en el futuro en todas las instituciones.

Hurtado señala que la conclusión debe incluir el apartado de la reparación. Se podría recoger la creación de un rango de cantidades o la dotación de un fondo. Y aquí aclara: “La factura, sea la que sea, la deben pagar los obispos. No más faltaría que los contribuyentes, además de a los bancos, tuviéramos que rescatar a los obispos”. Los ingresos públicos que recibe la Iglesia ofrecen al Estado un abanico de posibilidades para cobrarse la cuantía necesaria, afirma Hurtado: “El Estado le da 300 millones a la Iglesia de IRPF. Eso es una herramienta de presión”.

Australia, Irlanda, Estados Unidos, Francia…

¿Qué país puede servir de referencia para la investigación? ¿Cuál podría ser el modelo? Hurtado responde que Australia, con una investigación pública con colaboración de la Iglesia, que ha desembolsado en compensaciones al menos 200 millones de euros. Afloraron abusos de 1.800 miembros de la Iglesia hasta 2015. Las posibles víctimas se acercarían a las 4.500. También por el impulso público le interesa a Hurtado el caso de Irlanda, donde la Iglesia se comprometió a aportar al menos 120 millones, una cuantía que las víctimas han criticado con dureza por insuficiente. Hay debate social y político sobre cómo la Iglesia puede ampliar su compensación. El informe de la llamada comisión Ryan cuantificó en más de 25.000 los menores que sufrieron abusos entre 1914 y 2000.

Más reservas le suscita a Hurtado el modelo USA, por el polémico papel de los acuerdos extrajudiciales confidenciales. En Estados Unidos se han combinado investigaciones judiciales, académicas, de varias diócesis y del propio Vaticano. La Iglesia de EEUU había pagado en 2015 más de 3.500 millones de euros, según una recopilación de datos del National Catholic Reporter. Según la Universidad de Justicia Criminal John Jay de Nueva York, entre 1950 y 2002 un total 10.667 personas habían acusado a 4.392 clérigos de abusos a menores.

Hurtado recela de la posible aplicación en España de la vía francesa. En Francia una comisión independiente, por encargo los obispos, presentó en octubre los resultados de una investigación desde 1950 que incluía una estimación de 330.000 víctimas. El informe incluía la propuesta de que la Iglesia pague indemnizaciones. La jerarquía recogió el guante y ha anunciado una primera partida de 20 millones salida de venta de patrimonio. ¿Por qué Hurtado está en contra del modelo francés? Además de que prefiere el liderazgo del Estado para un mayor alcance de la conclusiones, no ve a la jerarquía española con disposición de dejar trabajar con independencia a una comisión impulsada por ella misma.

Lo que haga la Iglesia, insiste Hurtado, dependerá de “la presión social”. Y pone un ejemplo concreto: los en torno a 400.000 euros que a finales de 2020 la orden de los Maristas aceptó pagar a 25 exalumnos. “Manuel Barbero venció con su insistencia la oposición a pagar todo lo que no fuera obligado por sentencia”, explica Hurtado. Barbero, padre de un menor que sufrió abusos y fundador de Mans Petites, cree que el modelo para investigar los abusos en el seno de la Iglesia y hacer pagar a la institución católica no hay que buscarlo en el extranjero, sino en el caso de los Maristas. “Acordamos una comisión de expertos. Las psicólogas evaluaban la afectación de cada persona. El abogado cuantificó la indemnización en base a sentencias judiciales. Salían entre 5.000 y 50.000 euros. Creo que este es el modelo”, dice.

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