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La investigación de los abusos sexuales en la Iglesia divide al PP

Miembros del partido se desmarcan de las palabras de Ayuso, que calificó los delitos de “errores”, y encuadran la postura oficial en el miedo a la fuga de votos a Vox.

Un exministro popular responde cuando se le pregunta por la postura del PP sobre la creación de una comisión que investigue la pederastia en la Iglesia: “Estos abusos son un asunto terriblemente incómodo para el partido”. Otro exdirigente añade: “Las palabras de Isabel Díaz Ayuso [calificó de “errores” los abusos cometidos por sacerdotes y pidió que se hablara más “del Camino de Santiago” y los misioneros] obedecen a su estrategia de confrontar con Pedro Sánchez, diferenciarse, sea cual sea el tema. Y en la postura oficial del PP [que rechaza una comisión específica] influye mucho la campaña electoral en Castilla y León, el intento de frenar la fuga de votos a Vox y esa alma que ha existido siempre en el partido más conservadora”.

Pablo Casado sugirió que la propuesta de Podemos para abordar el asunto en comisión parlamentaria perseguía “tapar casos” de las autonomías donde gobierna la izquierda y reclamó que la investigación se extienda a “todos los ámbitos”. Preguntada por si ve factible realizar una investigación extrajudicial de “todos los ámbitos” y cómo se haría, Macarena Montesinos, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, responde: “Nosotros reclamamos que se investiguen los hechos que afecten a todos los menores con independencia de la naturaleza física, jurídica, pública o privada causante de los abusos. Si investigamos unos abusos y otros no en función de motivos ideológicos estamos lanzando el mensaje de que hay víctimas de primera y de segunda y eso genera sensación de impunidad para los autores”. Montesinos reconoce que hay “infinidad de casos” y que el partido aún no tiene “la fórmula” para investigarlos todos: “Estamos estudiándola”. A la pregunta de si el PP ha planteado en el pasado una investigación global similar, la portavoz adjunta de los populares en el Congreso cita un caso de la Comunidad Valenciana, presidida por el PSOE, en el que el acusado ya ha sido condenado por la justicia. “Nosotros pedimos que se investigara esa gravísima dejación de la Administración, pero la izquierda votó en contra”, señala. En la Comunidad de Madrid se descubrió recientemente un caso de abusos en menores tuteladas.

La persecución penal de muchos abusos en la iglesia es compleja por el tiempo transcurrido. El propósito de la comisión, como otras similares en otros países, es fijar un reproche público que sirva para reparar a las víctimas y para acabar con el encubrimiento de los abusos. Un exministro del PP lo compara con el problema de la violencia de género: “Durante muchos años en este país no existía un reproche social contra ese tipo de violencia. No se generaba un sentimiento de culpa en el hombre que maltrataba a su mujer y la mujer no denunciaba porque sabía que su denuncia no iba a tener eco no ya en el ámbito jurídico o penal, sino en su propio entorno social o familiar”.

Un ex alto cargo popular explica así el dilema del partido: “Por un lado, el PP no puede adoptar una actitud obstruccionista, defensiva, diciendo que no ha pasado nada porque ha pasado y es muy grave. Es el electorado del PP el que históricamente ha enviado a sus hijos a colegios religiosos. Por otro lado, el partido teme que todo esto se aproveche para abrir una causa general contra la Iglesia, para deslegitimarla e intentar liquidar uno de los puntales sobre los que ha construido su discurso, no tanto político, sino moral y sociológico, la derecha española. El problema no son solo los abusos, sino que han sido encubiertos por las órdenes religiosas y por la jerarquía católica, y en ese contexto es muy difícil que esa investigación no acabe en una crisis de confianza y legitimidad de la institución que fuerce la revisión de los conciertos educativos. Podemos va a querer enarbolar esa bandera”.

El partido está dividido en este asunto, como siempre que se ha planteado alguna cuestión que afecte a la Iglesia. Un veterano dirigente popular recuerda que Jorge Fernández Díaz se opuso en su día al registro de parejas de hecho. “Y cada vez que hemos intentado eliminar la palabra democristiano de los estatutos venían a quejarse los históricos para frenarlo”, añade. El exministro del Interior, que llegó a condecorar a Vírgenes por “méritos policiales”, se opone a la investigación de los abusos en la Iglesia. “La reserva respecto a esta iniciativa es que va a ser peor el remedio que la enfermedad”, escribió en un artículo en La Razón titulado “La pederastia en el Congreso”. “La utilización política de una investigación de estas características por parte de un auténtico Frente Popular como el que sostiene esta petición no es el mejor aval (…) No cabe duda que junto al franquismo, la Iglesia no es precisamente santo de devoción de los promotores. Sus antecedentes históricos en España durante la República hablan por sí solos. Al menos algo hemos avanzado –pensarán algunos–, ya que tiempo atrás la persecución frentepopulista no era parlamentaria, precisamente. Tenemos distracción asegurada contra el ‘nacional catolicismo’ hasta las próximas elecciones”, añadía.

Un exdirigente del PP recuerda que Fernández Díaz no está en la dirección del partido –de hecho, fue suspendido provisionalmente de militancia el pasado julio tras ser procesado por el caso Kitchen, pero sí persiste la influencia del sector al que representa. Subraya que en esta cuestión, el PP ha adoptado “una postura muy similar a la de Vox con la violencia de género” y lo encuadra dentro de la preocupación por el auge del partido de extrema derecha, que bebe fundamentalmente de su electorado. En todo caso, añade: “La propuesta de la comisión parlamentaria mosquea porque viene de la izquierda y cuesta ponerse a su lado. Pero si esto termina [como propone el PSOE] en la oficina del Defensor del Pueblo, con Ángel Gabilondo, que no es ningún sectario, y donde tenemos un portavoz adjunto, con una comisión de expertos en la que esté también representada la Iglesia, no veo muchos argumentos para oponerse. Yo, desde luego, apoyaría esa comisión”.

Preguntada por esa posibilidad, la portavoz adjunta del PP en el Congreso Macarena Montesinos insiste: “La próxima semana nos pronunciaremos. Hoy por hoy la fórmula por la que nos decantamos, el espíritu del que no nos vamos a apear, es que debe prevalecer el interés general del menor y que no podemos lanzar el mensaje de que en función de quién sea el abusador nos preocupamos o no”.

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