La plataforma estatal Recuperando presentará una petición para que se estudie el dictamen europeo contra las inmatriculaciones y se aplique a la jurisdicción española
La inmatriculación de la Mezquita-Catedral llegará de nuevo este jueves al Congreso de los Diputados. Y no sólo la del monumento sino la de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia. Lo hará de la mano de representantes de la Plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos junto a la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica, Recuperando, integrada por una veintena de colectivos de todo el país.
Estos colectivos pedirán mañana al Congreso de los Diputados que actúe después de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que ha declarado nula una inmatriculación realizada por la Iglesia. Dicha sentencia ha condenado al Estado a pagar una indemnización de 600.000 euros al permitir –al amparo del artículo 206 de Ley Hipotecaria-que la Iglesia inscribiera a su nombre en 1994 en el Registro de la Propiedad varios edificios que pertenecían a la empresa Sociedad Anónima Ucieza, en Palencia.
Así, según confirman a este medio fuentes de la plataforma, Recuperando va a hacer uso del “derecho de petición” ante el Congreso y a través de su Registro solicitará que se estudie una fórmula para “aplicar la sentencia de Estrasburgo a la jurisdicción española”. El objetivo: evitar que cientos de casos de inmatriculaciones -como pudiera ser el de la Mezquita Catedral y otros bienes- se lleven a los tribunales uno por uno y deba entonces aplicarse la sentencia europea condenando sucesivamente al Estado al pago de indemnizaciones por permitir las inmatriculaciones.
Según las fuentes consultadas, “si se llega a los tribunales, están obligados a aplicar la interpretación europea” ya que prevalecería el “principio de primacía del Derecho europeo”, por el que el Gobierno debería estar “obligado a buscar un procedimiento para restablecer la legalidad en todos los casos” de inmatriculaciones de bienes que no son de la Iglesia.
Con ello, se busca que el Gobierno actúe de una manera similar a lo sucedido con las cláusulas suelo, donde se ha buscado un procedimiento general para restituir la legalidad –devolver el dinero cobrado indebidamente- cuando así lo ha dictado una sentencia de la justicia europea y evitar que se lleve a los tribunales caso por caso.
Junto a esta petición, la coordinadora estatal volverá a solicitar al Congreso de los Diputados el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia en todo el país. Y, asimismo, mantendrá reuniones a lo largo de la mañana con diversos grupos parlamentarios en la cámara estatal para hacerles llegar sus reivindicaciones.
