Dimite casi la totalidad de la Mayordomía del santo ante lo que consideran una apropiación con “nocturnidad y alevosía”.
La polémica por el patrimonio entorno a San Bonifacio está servida en Petrer. Hace unos días, la mayordomía del santo patrón de Petrer dimitía para “reclamar nuestro patrimonio”, ante lo que consideran un “robo” de su legado, según han infomado en un comunicado.
Los miembros de la ex Mayordomía argumentan que hace 270 años, Petrer construyó la ermita de San Bonifacio “gracias a los donativos de todos y cada uno de sus habitantes”.
Explican en el comunicado que esa herencia ha sido “arrebatada en el año 2015 por el obispado de Orihuela-Alicante como uno más de los miles de bienes que la Iglesia Católica se ha inmatriculado en España”. Una apropiación que fueron realizando con “nocturnidad y alevosía” y que fue conocida el pasado año, según explican desde la ex Mayordomía.
No sólo eso, también recuerdan que la imagen actual de San Bonifacio fue encargada al escultor Antonio Navarro Santafé y “sufragada de nuevo con los donativos del pueblo de Petrer”.
Una situación de choque frontal con el obispado, que ha propiciado la dimisión de los miembros de la Mayordomía, que anuncian que seguirán luchando desde fuera de la institución pro la defensa del “patrimonio y el legado cultural” de Petrer.
Unas palabras que no han gustado a la Parroquia de San Bartolomé Apóstol, que en otro comunicado habla de “falsedades, medias verdades y calumnias”, por parte de los ex mayordomos.
Defiende que la inmatriculación de la ermita de San Bonifacio realizada en 2015, junto con la de la ermita del Cristo de la Sangre, de la iglesia parroquial de San Bartolomé y de la ermita de la Inmaculada de Catí, no constituye “ningún tipo de apropiación por parte de la Iglesia” en la persona jurídica del Obispado de Orihuela-Alicante, sino únicamente el “reconocimiento legal de una propiedad eclesiástica multisecular”.En su comunicado, la Parroquia de San Bartolomé defiende que la “inmatriculación” es un mecanismo extraordinario de certificación ideado para facilitar la inscripción de propiedades a instituciones centenarias como la Iglesia católica y algunas administraciones públicas, y recogido en el artículo 206 de la Ley hipotecaria 1998-2015.
