Asóciate
Participa

¿Quieres participar?

Estas son algunas maneras para colaborar con el movimiento laicista:

  1. Difundiendo nuestras campañas.
  2. Asociándote a Europa Laica.
  3. Compartiendo contenido relevante.
  4. Formando parte de la red de observadores.
  5. Colaborando económicamente.

La Iglesia y los conservadores donan millones a grupos antiderechos en México

Decenas de organizaciones antiderechos han recibido donaciones autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el marco del ataque a los derechos de las mujeres en todo México con la penalización del aborto.

A medida que crece la lucha por el derecho al aborto en México también se fortalecen los sectores reaccionarios y conservadores autodenominados “provida”. Al igual que en otros países donde se lleva adelante una lucha similar, estos grupos son financiados por la Iglesia, la derecha y, en el caso de México, también por el propio Gobierno.

Este es el dato que se conoció al hacerse público que decenas de organizaciones antiderechos han recibido donaciones autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de parte de partidos de derecha como el Partido de Acción Nacional (PAN), de la Iglesia y, por supuesto, de fortunas privadas. También se registraron donaciones otorgadas por el propio gobierno como partidas presupuestarias a “organizaciones de la sociedad civil”, sumando por lo menos a 36 agrupaciones.

Ante la exigencia de legalizar el aborto, movimiento que viene extendiéndose como parte de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, el Gobierno de López Obrador (AMLO) continúa negándose a reconocer la voz de millones de mujeres que se suman a la Marea Verde.

El partido del presidente López Obrador, Morena, ha continuado las alianzas con sectores religiosos, como fue el escándalo de su acuerdo con el Partido Encuentro Social para conquistar el voto conservador hacia las elecciones del 2018 y competir con el PAN. A esto se suman los dichos de varias de sus figuras y referentes que han repudiado enérgicamente la legalización del aborto y el matrimonio igualitario.

Según datos del sitio Sin Embargo, las organizaciones antiderechos han recibido casi 100 mil millones de pesos mexicanos (unos 6 millones del gobierno) principalmente mediante donaciones privadas. A pesar de la extrema vigilancia y fiscalizaciones a organizaciones sociales, civiles y políticas independientes al gobierno, estas organizaciones mal llamadas “ProVida” no han declarado hacer actividades contra el derecho a decidir de las mujeres, por lo que para el Gobierno se encuentran como “inactivas”.

Desde que la Ciudad de México despenalizó el aborto hasta las 12 semanas en el año 2007, al menos 21 Estados del país han sufrido reformas constitucionales para “proteger la vida” desde la concepción, fortaleciendo la criminalización de las mujeres y su derecho a decidir sobre sus cuerpos, vida reproductiva y su sexualidad.

Existen más de 2.000 condenas por aborto en el país y más de 500 están en prisión. Se han incrementado los crímenes de odio, se ha extendido la homolesbitransfobia y el femicido, como expresión de una misoginia patriarcal alimentada a gran escala por los medios y las instituciones.

Hoy, la campaña en contra del derecho al aborto extiende sus garras hasta la modificación de contenidos sobre educación sexual en las escuelas a través de la Reforma Educativa, atraviesa la propaganda masiva en espectaculares, anuncios en el transporte público, en radio y televisión, y se conjuga en grupos de mujeres con pañuelos celestes rezando afuera de las clínicas de interrupción del embarazo, enseñando muñecos y fotos falsas de fetos para amedrentar a jóvenes y mujeres, muchas de ellas ya madres, que asisten a la interrupción del embarazo.

Como declaran las organizaciones que pelean por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, “la decisión de abortar es personal y ni el Estado ni la Iglesia deberían interferir en esta decisión”.

Portavoces de la agrupación Pan y Rosas de México declararon que “junto a la legalización del aborto, reclamos un programa integral que lo reconozca como un problema de salud, garantizando la interrupción legal del embarazo en todas las clínicas y hospitales del país, con personal calificado y de manera gratuita. También pedimos que se implementen urgente contenidos educativos para una educación sexual integral y garantizar el acceso a anticonceptivos gratuitos y de calidad para toda la población”.

Total
0
Shares
Artículos relacionados
Total
0
Share