La Iglesia y el PP preparan una vuelta al cole caliente

Algunos grupos católicos promueven una serie de movilizaciones contra la reforma educativa ? Rajoy elabora una enmienda a la totalidad de la ley por romper “la unidad educativa de España”

El PP y una decena de organizaciones alentadas por la Conferencia Episcopal Española preparan una ofensiva frontal a la ley orgánica de educación (LOE) con una enmienda a la totalidad en su tramitación parlamentaria y con protestas en la calle. La clase de Religión y el empleo de estos docentes, los nuevos conciertos educativos, la financiación y los contenidos mínimos o rotura de la "unidad de España" centran el debate.

LA CLASE DE RELIGIÓN  No evaluable y puede que fuera del horario escolar
   La enseñanza de Religión, su ubicación dentro del horario escolar y una posible alternativa es el principal punto de crítica de la Iglesia y las organizaciones educativas que siguen fielmente sus dictados. "La ley pone seriamente en peligro esta enseñanza", diagnosticó la Conferencia Episcopal Española (CEE) al conocer el texto. La jerarquía católica, que considera toda la ley "inaceptable", pide que, según los acuerdos Estado-Santa Sede de 1976, la Religión sea materia fundamental y evaluable como las Matemáticas, así como una alternativa similar, que también debe ser obligatoria.
El proyecto prevé que la Religión sea una materia optativa para los alumnos y de oferta obligatoria para los centros, evaluable pero no computable, así como sus posibles alternativas. La confederación laica de padres CEAPA y ERC piden que la enseñanza religiosa salga de la escuela. "O al menos que se coloque al principio o al final del horario, como en Italia. El proyecto deja la puerta abierta", subraya la presidenta de la Confederación, Lola Abelló.

DOCENTES DE RELIGIÓN Profesores en manos de las jerarquías eclesiásticas
   Los 11.000 profesores de religión católica también anuncian movilizaciones para este otoño si no se cambia la disposición adicional segunda del proyecto, donde se indica que la "entidad religiosa, en su condición de empleador, facilitará a las Administraciones las nóminas correspondientes, así como sus eventuales modificaciones". Es decir, el Estado hará un pago delegado de los salarios, pero las respectivas religiones deberán contratar a sus docentes.
Los propios afectados y los sindicatos ven positivo que se incluya una regulación explícita de su contratación bajo el amparo del Estatuto de los Trabajadores, a tiempo parcial o completo y con idéntica retribución que los interinos. Pero rechazan quedar en manos de las jerarquías eclesiásticas. Denuncian que desde 1998 han sido numerosos los despidos por motivos inconstitucionales del tipo "no dar buen testimonio de vida cristiana".
El Ministerio de Educación afirma que, con la LOE, la Iglesia tendrá que "asumir la responsabilidad de las decisiones que toma". En el futuro, si un prelado decide rescindir el contrato de un profesor y éste gana la demanda en los juzgados, el dinero saldrá de los bolsillos de la Iglesia.

LA "UNIDAD DE ESPAÑA"  Enseñanzas mínimas como en la LOGSE
   El líder del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad de la ley por romper la "unidad de España" en materia educativa y que ésta será una de las claves en las que los populares basarán su oposición. Rajoy, exministro de Educación, argumenta que la ley rebajará los contenidos mínimos que deben estudiar todos los alumnos de España, el 65% en las comunidades autónomas que tienen una lengua oficial y el 55% en las que tienen dos.
El portavoz parlamentario socialista, Raimundo Benzal, acusa al PP de no haberse leído la ley y asegura que "no está en la intención ni del Ministerio de Educación ni del PSOE saltarse ese porcentaje, que se mantiene con una redacción similar a la de la LOGSE", la ley promulgada por los socialistas en 1990. Un cambio en la redacción está en el origen de la polémica. La LOE establece que las enseñanzas básicas "no requerirán más" de estos porcentajes. La ley orgánica de calidad de la educación (LOCE), aprobada por el PP, dice que estas enseñanzas "serán como mínimo" los citados porcentajes.

LOS CONCIERTOS   La educación como un servicio público
   La escuela concertada considera que la LOE "perjudica gravemente el principio de libertad de enseñanza y compromete el derecho de los padres a la elección de centro". Las patronales Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), a la que pertenecen numerosos colegios vinculados al Opus Dei, y la Federación de Religiosos de Enseñanza Centros Católicos (FERE-CECA), próxima a la Conferencia Episcopal, aseguran que la nueva ley "no considera la educación también como un servicio social" y la trata como "subsidiaria de la pública". Cuentan con el apoyo del PP y presumiblemente del PNV y CiU.
El PSOE sostiene que la ley se limita a exigir los mismos requisitos a todos los centros financiados con dinero público. ERC e IU piden que se haga una mayor apuesta por el laicismo y por la educación pública, de forma que se exija un mayor control de las admisiones de alumnos mediante comisiones y una distribución igualitaria de los alumnos inmigrantes en todos los centros.

LA FINANCIACIÓN  Presupuesto estatal demasidado corto
    La financiación es otra clave del debate. Todos los grupos políticos, menos el PSOE, consideran que es escasa. La memoria económica de la ley prevé 6.043 millones de euros para financiarla, pero el Estado pagará sólo el 58% de esta cantidad. De hecho, la gratuidad de la educación de 3 a 6 años (aspecto que ya incluyó el PP en la ley de calidad, pero no financió y la LOE ha mantenido) se lleva la mayor parte del presupuesto que paga el Gobierno central.
Sin embargo, casi la mitad de lo que costarán los programas de refuerzo y las medidas de apoyo al profesorado –los otros dos capítulos de financiación–, deberán pagarla las comunidades autónomas. ERC ha advertido de que es imprescindible una mejora de la financiación para que apoye el proyecto. "Es un tema de fondo sin el cual lo demás no sirve", subrayó su portavoz parlamentario, Francesc Canet.

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