La Iglesia y el Estatuto

No se entiende que los poderes públicos sigan aceptando que sus relaciones con la Iglesia Católica estén regulados por unos Acuerdos

No creo que nadie deba sorprenderse por el comunicado emitido por los Obispos del Sur sobre la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Yo diría incluso que habría que agradecer a los obispos el que se hayan pronunciado públicamente sobre el mismo, porque es una manifestación de coherencia que debe ser valorada en lo que vale en los tiempos que corren.

Los Obispos del Sur vienen a reiterar en su comunicado la doctrina de siempre de la Iglesia católica sobre determinados extremos, en los que ella considera que es la depositaria de la doctrina correcta, en la medida en que dicha doctrina es expresión de la ley natural y que los Estados carecen de legitimidad para regular dichos extremos de manera distinta. Esta ha sido la posición de siempre de la Iglesia católica y es lo que los Obispos del Sur reiteran con ocasión de la tramitación de la reforma estatutaria andaluza, recordando a los "católicos" la "obligación moral" de oponerse "a cualquier intento de legislación contrario a los derechos fundamentales".

Insisto. Me parece bien que la jerarquía católica sea coherente y ejerza su derecho fundamental a la libertad religiosa y la libertad de expresión, recordándole a los católicos en particular sus obligaciones como miembros de la Iglesia e informándonos a los ciudadanos en general de lo que una institución tan importante como ella en nuestra sociedad opina sobre la reforma de la norma en la que descansa nuestra convivencia.

Lo que yo echo de menos es que los poderes públicos civiles actúen con la misma coherencia con que lo hace la jerarquía de la Iglesia. Esto es lo que la sociedad española está necesitando de manera perentoria. La redacción de la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía va en esa dirección. El comunicado de los Obispos del Sur es una prueba de ello. Los poderes públicos están haciendo en este caso lo que tienen que hacer: legislar para todos, esto es, haciendo abstracción de las creencias religiosas, que es un asunto de la conciencia de cada uno, aunque el ejercicio de esas creencias tenga una dimensión "comunitaria", como expresamente se reconoce en el artículo 16 de la Constitución. Pero es un asunto "privado" en el sentido de que no debe tener una dimensión "estatal".

Pero la actuación coherente de los poderes públicos no debería circunscribirse a la elaboración de la reforma del Estatuto de Autonomía, sino que debería tener alcance general. No se entiende que los poderes públicos sigan aceptando que sus relaciones con la Iglesia Católica estén regulados por unos Acuerdos, que aunque son formalmente posconstitucionales, ya que fueron suscritos en enero de 1979, materialmente no lo son y que tienen difícil encaje en la Constitución española. No se entiende que todavía estemos dándole vueltas a la clase de religión en la enseñanza pública, incluida la concertada, en unos términos que son incompatibles con la naturaleza del Estado constitucional en cuanto forma política.

El comunicado de los Obispos del Sur es un recordatorio de la separación de la Iglesia y el Estado. Los obispos reivindican su autonomía para pronunciarse sobre aquellos asuntos que estiman pertinente. La misma autonomía debería de presidir la conducta de los poderes públicos, poniendo fin a excrecencias predemocráticas de naturaleza religiosa que todavía contaminan la organización de nuestra convivencia.

Sean, pues, bienvenidos los obispos al debate. Están cumpliendo con su obligación. Esperemos que los poderes públicos cumplan con la suya.

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