La Conferencia Episcopal admite ante el Gobierno que al menos 965 de los 34.961 bienes inmuebles que inmatriculó con la ley de Aznar no son suyos. Sus legítimos propietarios podrán reclamarlos, aunque 208 están ya en manos de otros titulares.
La Iglesia sacó tajada económica de las inmatriculaciones que realizó en el marco de la ley que aprobó José María Aznar en 1998 al deshacerse de algunos de esos bienes inmuebles: vendió al menos 122 viviendas y fincas que puso a su nombre indebidamente, según ha asumido ante el Gobierno, y siete lugares dedicados al culto. Ahora tendrá que indemnizar a sus legítimos propietarios en caso de reclamación, según aseguran a elDiario.es fuentes gubernamentales.
Del cerca de millar de inmuebles que la Conferencia Episcopal reconoce haber inmatriculado indebidamente, 208 ya no están en sus manos. La mayoría son fincas que ha vendido y que ahora tienen titularidad pública o privada, aunque no ha identificado a la mayor parte de los nuevos propietarios en el marco de la negociación que ha mantenido con el Gobierno. Lo mismo sucede en el caso de las viviendas: de las 37 que puso a su nombre sin corresponderle, vendió 22, cedió tres, una le fue expropiada y once cambiaron de dueño sin que haya dado detalles.
En el caso de los 28 lugares destinados al culto que se inmatricularon incorrectamente, siete los vendió, seis los cedió y tres le fueron expropiados, pero se desconoce cómo cambió de titularidad a doce de ellos. Más claro fue el destino de los cementerios: donó a las administraciones públicas trece de los quince que puso a su nombre mientras que uno le fue expropiado.
757 bienes de terceros a nombre de la Iglesia
La Iglesia también reconoce que 757 bienes inmuebles de los que puso a su nombre corresponden a otros propietarios, aunque no figure en los correspondientes registros. En 238 de ellos dispone de un título distinto al de inmatriculación mientras que solo existe ese documento en los 519 restantes.
“El análisis realizado por la Iglesia de dicho listado, en el marco de la mencionada Comisión, ha revelado un conjunto de bienes que la Iglesia considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo”, señala el comunicado conjunto del acuerdo, que se ha solemnizado en una visita de Pedro Sánchez a la sede de los obispos, donde el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, le ha entregado un libro con las conclusiones de la examinación que ha hecho de los bienes inmatriculados entre 1998 y 2015.
No obstante, los datos que ha publicado la Conferencia Episcopal no cuadran con los que maneja el Gobierno y bailan en unas decenas. Así, el Ejecutivo calcula que se inmatricularon indebidamente 965 inmuebles mientras que la Iglesia habla de 912 al referirse a “un grupo de 608 bienes” de los que “falta información”, 28 “sobre los que se detectan errores o no consta en la diócesis información” y de 276 que “no son propiedad de la Iglesia por estar vendido, donado, expropiado, por pertenecer a Ayuntamientos o por error de inscripción de propiedad”. Fuentes del Ejecutivo explican que sus cifras fueron las que cerraron en una reunión la semana pasada y que la Conferencia Episcopal “ha seguido depurando datos” estos días hasta presentar este lunes un nuevo listado. Otra de las diferencias es la interpretación que ambas instituciones hacen del acuerdo, ya que los obispos hablan de “errores” que “necesitan ser revisados” mientras que el Gobierno considera que “esos bienes se inmatricularon incorrectamente”, según fuentes de Moncloa.
Ese encuentro supone el primer gran pacto alcanzado por el Gobierno y la Conferencia Episcopal en el marco de las negociaciones puestas en marcha por los socialistas con la Iglesia a propósito del listado de bienes inmatriculados, que vio la luz el pasado mes de febrero, como había exigido el Congreso, y del nuevo tratamiento fiscal. La intención de Sánchez es que la Iglesia pague el IBI por aquellos bienes inmuebles que no están destinados al culto, aunque no hay aún una fecha concreta.
Proceso de regularización
El Gobierno asegura que mantendrá abiertas ambas comisiones y, en el caso de las inmatriculaciones, tiene sobre la mesa 73 lugares sobre los que tiene dudas respecto a su legítima titularidad. La idea de Moncloa, además, es que a partir de ahora los particulares que consideren que tienen derechos sobre los bienes que figuran en el listado puedan recurrir a la comisión para reclamarlos sin tener que acudir a los tribunales.
Además, el millar de inmuebles que la Iglesia ya ha asumido que no le corresponden se remitirán a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que sean los ayuntamientos los que se encarguen de identificar a los legítimos propietarios para que puedan recuperarlos años después de que la Iglesia los pusiera a su nombre. En el caso de que hayan pasado a otro dueño, podrán reclamar indemnizaciones, según fuentes gubernamentales.
“La previsión es que el Gobierno ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se puedan, de este modo, iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder. A estos efectos, la Iglesia manifiesta su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos”, afirman ambas instituciones en el comunicado.
