La Iglesia valenciana es, de las grandes capitales, la más rica en bienes inmuebles

a Iglesia del Santísimo Cristo del Salvador, la de los Santos Juanes, el Monasterio de San Miguel de los Reyes, la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, el Micalet… La capital del Túria acapara centenares de edificios religiosos. La Iglesia en el «Cap i casal» es, de entre las grandes capitales de España, la más rica en bienes inmuebles por habitante. La ciudad de València cuenta con 357 edificaciones de uso religioso, según refleja la estadística de la Dirección General del Catastro correspondiente al año 2018, aunque es preciso aclarar que no todos los inmuebles de la Iglesia se registran como tales (muchos de ellos lo hacen con un uso educativo o cultural y resulta del todo inaccesible su identificación), por lo que el compendio podría ser mucho mayor.

Si bien es cierto que la ciudad de Madrid cuenta con 742 edificios de propiedad religiosa, estos únicamente representan el 0,03 % del total de inmuebles que atesora la capital española, pese a encontrarse la sede episcopal en sus confines. En València el porcentaje crece hasta situarse en el 0,05 %, lo que supone que uno de cada dos mil bienes inmuebles de la ciudad son de carácter religioso.

La titularidad de los edificios eclesiásticos ha sido objeto de polémica en los últimos años, especialmente a raíz de la reforma hipotecaria de José María Aznar, que entre 1998 y 2015 legalizó la práctica de inscribir catedrales, museos y bienes de interés cultural como propiedad eclesiástica sin necesidad de aportar mayor documentación para acreditar la propiedad que la firma de un obispo que hacía las veces de notario. Suprimía, así, el artículo 5 del Reglamento Hipotecario que impedía al clero inscribir a su nombre edificios de culto, por lo que la Iglesia empezó a poner a su nombre catedrales que pertenecían al Estado desde 1931, en época del republicano Niceto Alcalá Zamora.

La Ley Aznar desencadenó entonces el registro en cadena de bienes inmuebles en manos de la Iglesia y, por tanto, el número de propiedades exentas de hacer frente al pago del IBI. Para València, según el concejal socialista Ramón Vilar, supondría que se está dejando de ingresar 3 millones de euros anuales solo teniendo en cuenta los edificios de la Iglesia que estuviesen dedicados a usos lucrativos.

De hecho, en los últimos diez años unos 14 inmuebles pasaron a manos de la Iglesia en València, en contraposición con el incremento en ciudades como Barcelona, donde la Iglesia añadió únicamente un nuevo inmueble a su lista, pasando a ser un total de 324. No obstante, en otras ciudades con menor población, como lo es Córdoba o Navarra, el número de bienes inmuebles a nombre de la Iglesia es mucho mayor. Especialmente en el caso de Navarra, que según los últimos datos ostentaría 1.087 edificios de uso religioso

Pese a que el valor catastral de estos inmuebles se cifra en 123.658,28 euros en València, los ingresos que estos generan a la Iglesia son mucho mayores. Según la última memoria económica de la Archidiócesis de València, su patrimonio permitió a la Iglesia recaudar más de un millón de euros (en concreto, 1.366.873,96 euros), lo que supone el 4,3 % de los ingresos de la entidad católica, aunque el grueso se lo llevan las aportaciones de los fieles: un 42,61 % de los ingresos por la aportación directa y el 35,16 % por la asignación tributaria de los ciudadanos que marcan la X de la Iglesia en la Declaración de Impuestos sobre la Renta.

Batalla legal

Una de las promesas del gobierno socialista de Pedro Sánchez cuando llegase a la Moncloa era la de desvincular los bienes de titularidad eclesiástica entre los lugares de culto, como catedrales, iglesias o mezquitas de las parroquias, universidades u hospitales. Un informe que aún ningún gobierno ha hecho público y que tanto se exige desde las plataformas laicistas. Tanto El País, como eldiario.es, revelaban esta semana que la Iglesia habría inscrito como propios 30.000 bienes en casi dos décadas, lo que podría desencadenar una batalla judicial en juzgados en toda España y que también podría afectar a València en caso de que el Ejecutivo encontrase en el «Cap i casal» que algunas de las propiedades, ahora registradas por la Iglesia, eran en realidad de dominio público.

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