La Iglesia se prepara para una avalancha de denuncias por abusos sexuales

La Iglesia católica española se prepara para la tormenta perfecta que se le avecina. Todos los expertos, tanto en Roma como en España, dan por segura una explosión de denuncias por abusos de clérigos en nuestro país. Para hacerles frente y, de paso, adecuarse a las directrices del Vaticano, la Conferencia Episcopal Española acaba de anunciar la creación de una Comisión Antipederastia, que nace lastrada por no contar con las víctimas y por poner al frente a un obispo considerado demasiado blando con los abusadores.

Dirigida por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, su primer objetivo, como señala el documento de constitución, es «preparar los materiales de trabajo» que el presidente del Episcopado, el cardenal Blázquez, tendrá que presentar en la cumbre antipederastia, convocada por el Papa en el Vaticano del 21 al 24 de febrero de 2019. Francisco quiere que la reunión represente un antes y un después en la lucha eclesiástica contra esta plaga, con normas concretas que figuren en el Código de Derecho Canónico.

El segundo objetivo es «actualizar los protocolos de actuación de la Iglesia española», lo que supone admitir que estaban desfasados o que no se ponían en práctica. El tercero es «redactar una nueva normativa para la prevención y protección de abusos sexuales a menores» y así adecuarse a lo que exige el Vaticano a través de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores.

Pretensiones abstractas

Tras los objetivos generales, la nota señala una amplia serie de deseos abstractos, que los obispos se comprometen a alcanzar, como «cuidar y educar con respeto», «proteger a todos, menores y adultos, vulnerables» o «crear comunidades seguras y solidarias, que ofrezcan un entorno de amor». Cuando el documento trata de aterrizar en lo concreto, como pide constantemente el Papa, los prelados hablan de «seleccionar y formar cuidadosamente a todos aquellos con alguna responsabilidad en la Iglesia», «ofrecer un ministerio apropiado de cuidado pastoral a los que han sufrido abusos» y «ofrecer asistencia y apoyo pastoral, incluyendo supervisión y remisión a las autoridades apropiadas, a los abusadores».

Nada concreto y evaluable. De ahí que las víctimas expresen su indignación y consideren la nota episcopal, pensada en teoría para atajar un problema, como una provocación inmerecida e innecesaria. «El gran ocultador» que sólo ha dado la cara cuando se ha descubierto todo, que permitió el homenaje al tipo que abusó de mí, y que todas sus decisiones han sido a regañadientes… ¿protegiéndonos? Sinceramente decepcionante», dice Francisco Javier, víctima de abusos en el seminario de La Bañeza a manos del cura José Manuel Ramos. «Con esta medida cosmética y de cara a la galería, la Iglesia española trata de lavar su cara, porque le «están viendo las orejas al lobo e intentan poner un muro de contención para no terminar ahogados», añade.

¿Por qué los obispos toman ahora esta decisión, cuando han pasado años, durante los cuales las víctimas se han sentido ninguneadas? La respuesta más favorable al episcopado asegura que, por torpeza o desconocimiento, los obispos españoles se están convirtiendo en storm hunters (cazadores de tormentas).

Acusan al encargado de tapar casos

De hecho, el efecto de la nota ha sido el de una creciente indignación social. A la Conferencia Episcopal se le reprochan dos cosas: la primera, que no haya consultado ni tenido en cuenta a las víctimas; la segunda, que el presidente de la comisión sea el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez. De origen asturiano, es canonista y tiene experiencia en el ámbito de los abusos porque, desde su llegada a la diócesis hace tres años, tuvo que hacer frente a varios casos. Las víctimas, sin embargo, le acusan de «encubrir y tapar» los casos, sin mostrar clemencia por las víctimas y negándose a resarcirlas.

La verdad es que monseñor Menéndez no ha tapado los casos, sino que los ha juzgado, pero asignándoles penas menores a los abusadores y sin obligarles a dimitir del estado clerical. José Manuel Ramos sigue siendo sacerdote y cobra como tal, aunque le esté prohibido ejercer el sacerdocio públicamente y se le haya obligado a retirarse a un monasterio. «Años de vacaciones pagadas, sin obligaciones de ningún tipo y con todo el tiempo del mundo para dedicarse a lo que considere oportuno», dice Javier, una de las víctimas.

Ni él ni el resto de afectados han conseguido el resarcimiento esperado por parte de monseñor Menéndez. Ni psicológico ni espiritual ni económico. Cuenta Javier que el obispado le ofreció 50.000 euros que no aceptó. Ahora él exige 300.000, cantidad que monseñor Menéndez se niega a abonar porque teme un efecto llamada que ponga en peligro la supervivencia de muchas diócesis.

La indignación de las víctimas se ha disparado al saber que en la comisión también estará el sacerdote Silverio Nieto, del Servicio Jurídico Civil de la CEE, antiguo magistrado, próximo a los sectores políticos más conservadores y al que el padre de la víctima de Gaztelueta (un caso visto para sentencia) acusa de ponerse dolosamente del lado del presunto abusador, un profesor del colegio del Opus Dei de Bilbao.

«La Comisión Antipederastia de los obispos me parece una infamia y una nueva ofensa a las víctimas. Es indecente. No hay ni una sola voz de las víctimas, la preside un obispo encubridor y en ella aparece el fontanero sacerdote Silverio Nieto», explica el padre de esta víctima antes de concluir: «Si queda alguien con decencia en la Conferencia episcopal, exijo que, de una vez por todas, traten a las víctimas con el respeto debido, algo que no han hecho nunca, aunque diga lo contrario Gil Tamayo. El tratamiento que el episcopado está dando a los casos de abusos es ofensivo para las víctimas y no lo vamos a permitir. Esta no es la Iglesia que queremos los católicos. Esta es la Iglesia de la infamia. Su comisión es una burla a las víctimas».

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