La Iglesia se beneficia de partidas municipales genéricas para celebrar actos religiosos

La cifra estimada de 300 millones que recibe la Iglesia Católica directamente para este fin, se quedaría muy corta comparando con lo gastado en realidad

La Iglesia católica disfruta de exenciones en determinadas actividades de impuestos como el de sociedades, sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales, IVA, sobre actividades económicas y el IBI

Mientras la partida del Ministerio de Cultura para el cine es de unos escasos 75 millones, y se dedican 70 a bibliotecas, los eventos religiosos tienen subvenciones directas de 300 millones. Pero la cifra es mucho mayor porque algunos ayuntamientos pueden llegar a gastar en apoyo a actividades religiosas por encima del 7% de su presupuesto total, camuflado entre las participaciones de cada concejalía. Son partidas que se suman a los 11.110 millones al año que recibe la Iglesia de dinero público.

Buena parte de los ayuntamientos españoles dedica una parte de su presupuesto a distintas celebraciones católicas: procesiones, fiestas patronales, misas, romerías… Cada ayuntamiento decide cuánto destina. El porcentaje llega hasta el 20% de la cuenta municipal en los menos poblados y, a veces, la suma de festejos populares y religiosos se les va de las manos -hasta un 300%, sobre lo calculado como en el caso de Murcia-: ¿Qué fracción se lleva lo religioso en esto? No se detalla.

En aquellos con mayor tradición en la celebración de eventos religiosos, como en el caso de Sevilla, que de 790 millones de su presupuesto destinó 5.082.436 euros para la Semana Santa, la justificación es que el dinero público revierte ampliamente en el sector turístico. Pero Sevilla es de los pocos municipios en los que se puede sostener esa afirmación. La práctica habitual es que los eventos religiosos de cada municipio se sufraguen con dinero de cada concejalía. El total queda desdibujado. Es un argumento más para añadir a la petición que hizo esta semana en el Congreso el grupo Unidos Podemos, apoyado por PSOE y Ciudadanos, para pedir la fiscalización de los ingresos de la Iglesia por el IRPF, sobre todo si se tiene en cuenta que ese tipo de financiación indirecta en los eventos supera la cantidad del IRPF, porque de partida ya hay 300 millones destinados a celebraciones religiosas. Ahora se trata de ver cómo va creciendo esa cifra a través de los ayuntamientos.

Sagunto: Más de un millón al año de gastos en eventos religiosos

El caso del ayuntamiento de Sagunto, con 68.000 habitantes, sirve de modelo para calcular los mínimos desembolsos que realiza un concejo en España. Sagunto es de las pocas localidades adscritas a la Red de Municipios por un Estado Laico y, dentro de sus posibilidades, esquiva el gasto religioso lo que puede. Pese a ello, el desembolso directo, de 7.000 euros al año, es mínimo comparado con el dinero real que se gasta, porque cada concejalía detrae del dinero público lo que demanda la celebración.

A la concejalía de Policía saguntina, en concreto, le cuesta unos 700.000 euros al año destinar agentes de movilidad en procesiones o actos religiosos a los que acuden personajes públicos (sueldos, horas extras, dispositivos urbanos). “Cuando llega Semana Santa es escandaloso -dice Roser Maestro, concejala de Policía y movilidad urbana- porque se usa la subvención directa de 7.000 euros, sí, pero además es que de nuestra empresa 100% pública que se dedica a la limpieza, pagamos 18.000 euros por poner y quitar una alfombra para proteger la acera y a continuación pagamos la limpieza de la acera. Esa limpieza con productos especiales nos cuesta en torno a 76.000 euros, y a eso hay que añadir las reclamaciones por accidentes, caídas y desperfectos, que en 2014 ascendieron a 300.000 euros”.

De un presupuesto total para el ayuntamiento de 16.000.000 de euros, Sagunto gasta 1.125.000 en lo derivado de eventos religiosos, aunque su partida oficial para tal fin sea oficialmente de 7.000. Este porcentaje, que, según hemos calculado, supone más de un 7% del presupuesto total del ayuntamiento, es un mínimo trasladable a cualquier municipio de nuestro país. Con ello, se aprecia que, la cifra estimada de 300 millones que recibe la Iglesia Católica directamente para este fin, se quedaría muy corta comparando con lo gastado en realidad.

Sevilla, Madrid y Barcelona, entre la inversión y el camuflaje

Dado que hablamos de 8.114 municipios en todo el país, y que algunos, como el de Sevilla, presupuestó en 2015 por encima de los 5.000.000 de euros, únicamente para Semana Santa, la cantidad que se dedica a celebraciones religiosas es poco o nada transparente, pero se puede calcular. De hecho, tomando como media ese 7% del presupuesto, solo de los ayuntamientos de más población (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Zaragoza) que asciende a 9.255.623.588 euros, obtendríamos 647.893.651 euros en gastos para celebrar eventos religiosos.

Los ayuntamientos del País Vasco no dan su cifra, y en el Madrid los gastos no figuran desagregados. Barcelona, por su parte, también lo tiene incluído en partidas genéricas, pero ha bajado el dinero para eventos religiosos. “La Generalitat es otra cosa -afirma Albert Riba, funcionario y miembro de www.ateos.org-, pero Barcelona no destina tanto dinero ya. En buena parte porque siempre ha sido más laica y por la labor que hemos hecho los ateos. Ahora hacen pequeñas obras, como rampas o cubrir la seguridad de los actos, algo a lo que no nos oponemos; pero esto no figura como gasto religioso, sino repartidos entre distintas concejalías y justificados en las motivaciones del Boletín como gastos diversos.

¿Qué hay en diversos? Lo que sí ha hecho es equiparar las demás religiones con la católica, ofreciéndoles unos servicios de los que la Iglesia ya disponía. Estamos en contra porque esto es multiconfesionalismo, no laicismo, como estamos en contra de poner siete casillas en la declaración de la renta. ¿Por qué siete y no 3.000 que son la registradas? Queremos que no haya ninguna. Lo que ocurre es que los políticos, cuando les hablas de religión miran para otro lado”.

La Iglesia católica no afloja

Hace un par de días nos enteramos –imposible de certificar que fue así, a no ser que el silencio signifique consentimiento- que el Tribunal de Cuentas había rechazado la posibilidad de fiscalizar el dinero que el Estado español le da anualmente a la Iglesia católica por diversas vías, 11.100 millones de euros.

Es imposible constatar este hecho porque el Tribunal de Cuentas no ha informado de ello ni ha colocado en su web oficial la menor referencia a este asunto. Así que nos tenemos que fiar de lo que se ha ido filtrando, dándole carácter de veracidad a que el tribunal fiscalizador de las cuentas públicas por la oposición que ejercieron los siete consejeros nombrados a propuesta del PP. Incluso, de acuerdo con las referidas filtraciones, hubo un voto particular, firmado cuatro consejeros, en el que se afea la conducta de los consejeros designados por el PP.

Resulta bochornoso que el Tribunal de Cuentas tenga en su web una casilla bajo la denominación de “transparencia” y que, al mismo tiempo, oculte información tan relevante. Sea como fuere, el hecho es que la Conferencia Episcopal Española (CEC) ha lanzado a la calle a sus voceros para contrarrestar la sorpresa de los ciudadanos ante el las bondades fiscales con la ese colectivo. La versión oficial de la CEC se refiere solo a los 250 millones de euros que recibe a través de la casilla del IRPF. Pero es que, como ya publicó este diario, a la Iglesia católica española le llegan cada año más de 11.000 millones de euros por diferentes partidas que salen de los Presupuestos Generales del Estado.

Los compromisos fiscales de la Iglesia católica están establecidos en el Concordato de 1953 y en los posteriores acuerdos que se han suscrito entre España y Vaticano. Muy bien. El Tribunal de Cuentas nunca ha entrado a fiscalizar el cumplimiento de esos acuerdos, pero si lo hace con las organizaciones que reciben dinero público de la asignación del 0,7% del IRPF. Un trato desigual que nadie entiende, excepto los siete consejeros del PP que con sus votos impidieron que treinta años después de la firma del último acuerdo con el Vaticano, el Tribunal de Cuentas pudiese fiscalizar su cumplimiento. Estos consejeros deben tener fe ciega en que ahí no hay nada que fiscalizar.

La Iglesia católica disfruta de exenciones en determinadas actividades de impuestos como el de sociedades, sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales, IVA, sobre actividades económicas y el IBI. Y a todo esto hay que añadir las inmatriculaciones a las que ha procedido con voracidad, aprovechando la dejadez de algunos ayuntamientos, con muchos edificios, incluida la mezquita de Córdoba. Además, la Iglesia recibe dinero público por conciertos sanitarios y educativos. En la edición de hoy de bez.es se detalla cómo la Iglesia se beneficia de partidas genéricas en los ayuntamientos para celebrar eventos religiosos. Dinero opaco al fisco.

No cabe sino concluir que es hora de acabar con el paraíso fiscal del que goza la Iglesia católica en España.

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