La Iglesia se ahorra más de 50 millones de euros al año por no pagar impuestos en las cinco ciudades más grandes de España

Europa Laica cifra en el entorno de los 600 millones de euros lo que la institución eclesiástica se ahorra al año por no abonar impuestos

No sólo no pagan, sino que se afanan (con la frecuente anuencia institucional) en ocultar lo que ahorran. Resulta imposible saber con exactitud cuánto deja de desembolsar la Iglesia Católica en España gracias a las exenciones de impuestos. Pero sí es factible realizar una aproximación y, tras consultar diversas fuentes, se puede afirmar que el ahorro, en las cinco ciudades más grandes de España, supera los 50 millones de euros anuales.

Entre los inmuebles por los que la Iglesia no abona impuestos no sólo están los de culto, sino, principalmente, otras propiedades de diversa índole: pisos, garajes, colegios, locales… “La inmensa mayoría del patrimonio de la Iglesia no está destinado al culto. Hacemos la asociación equivocada de que, sobre todo, son iglesias, y no es así”, subraya Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil y portavoz de la Coordinadora Recuperando.

Teniendo en cuenta esta variedad de posesiones, en Madrid, el ahorro anual ronda los 31 millones de euros, según Europa Laica. La cifra en Valencia, proporcionada a cuartopoder por su Ayuntamiento, alcanza los 4,56 millones de euros. De ellos, 915.497 euros corresponden a inmuebles destinados al culto y 3.646.634 a otra tipología de predios. “En los lugares de culto entendemos que pueda haber una excepcionalidad al IBI, pero no donde se hace un negocio. Eso es competencia desleal con el resto de personas y con empresas privadas y las Administraciones Públicas debemos regirnos por los principios de igualdad de la ciudadanía”, exponen en el Ayuntamiento de Valencia.

El ahorro en Sevilla, que, según Recuperando, estaría en torno a los 3 millones de euros, es una conjetura: “En 2018, con el único voto en contra del PP, se aprobó una moción en el Ayuntamiento de Sevilla para que se mostrara el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia. En 2020 aún no es público. ¿Cómo vamos a saber lo que dejan de pagar si no sacan un listado que debería ser público desde hace dos años?”, se pregunta el portavoz de la Coordinadora.

Fue Zaragoza en Común (ZeC), que estuvo el frente del Consistorio durante la pasada legislatura, la que extrajo la cifra en la capital aragonesa. 2,2 millones de euros dejan de salir cada año de las arcas eclesiásticas por no pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Además, hay 1,62 millones de euros que tampoco se abonan por corresponder a propiedades de fundaciones, exentas en virtud del artículo 15.1 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Esto hace que la cifra real sea aún mayor, puesto que, como explica Fernando Rivarés –exconsejero municipal de Economía con ZeC–, hay colegios concertados que están a nombre de fundaciones religiosas, y obtienen un beneficio económico de ese negocio.

De las cinco urbes más pobladas de España, sólo restaría conocer los datos de Barcelona. Algo que no ha sido posible: “No tenemos un contribuyente que sea la Iglesia Católica (no existe) y, además, los datos fiscales son reservados”, ha sido la respuesta dada desde el Consistorio de la Ciudad Condal tras la petición de este medio. La cifra –realizando un barrunto al albur de las sí obtenidas– a buen seguro que no será inferior a los 10 millones de euros, lo que permite aseverar que el ahorro en estas cinco ciudades supera los 50 millones de euros anuales.

Unos 600 millones de euros de ahorro en toda España

En 2018, Europa Laica realizó un estudio, siempre con un componente cabalístico fruto de la inexistente transparencia, en el que indicaba que la Iglesia Católica tiene alrededor de 100.000 bienes en toda España con los que se ahorra alrededor de 600 millones de euros al año por no pagar impuestos, “pero no sólo el IBI”, resalta su portavoz, Juanjo Pico, tampoco las tasas municipales, como la de basuras.

En Recuperando hacen una cuenta que concordaría bastante con la de Europa Laica, ya que evalúan que el ahorro es de un millón de euros por cada 200 inmuebles. Ergo, por 100.000 la cantidad no abonada anualmente sería de 500 millones de euros.

Puntualiza Juanjo Pico que a todas estas cifras habría que ponerles la coletilla de ‘como mínimo’, ya que no están incluidos los bienes que se inmatricularon hasta 2015, “el día que se sepa ese listado y que los ayuntamientos lo tengan valorado subirá mucho”, afirma.

La cantidad ha sido hecha pública por Europa Laica –como argumento de protesta– en multitud de ocasiones, “y nunca nos la han rebatido. Nosotros estaríamos encantados de que, por transparencia y democracia, la Iglesia o la Administración dieran los datos reales y, si los nuestros son erróneos, no tendremos ningún problema en pedir perdón”.

Las exenciones fiscales de la Iglesia pueden estar prohibidas, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Dos son las legislaciones principales que dotan a la Iglesia de estas bicocas. Por un lado, los acuerdos firmados por el Estado español y la Santa Sede, en Ciudad del Vaticano, el 3 de enero de 1979. En su artículo cuatro se establece la exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana de los templos y capillas destinados al culto; las residencias de obispos, canónigos y sacerdotes; las oficinas de la Curia diocesana; los seminarios en los que se forme al clero; las universidades eclesiásticas, y las casas o conventos de las Órdenes, Congregaciones religiosas e Institutos de vida consagrada.

Por añadidura, está la antedicha Ley de Mecenazgo, que, en el artículo 15.1 dice: “Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que sean titulares (…) las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades”.

En junio de 2017, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que las exenciones fiscales de las que disfruta la Iglesia Católica en España “puede constituir una ayuda estatal prohibida si las actividades ejercidas en los locales en cuestión son actividades económicas”.

A principios del pasado mes de enero, la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, admitió que la Iglesia debería pagar el IBI por aquellos bienes no destinados al culto. Lo hizo antes de reunirse con el nuncio del papa en España y recibió pronta respuesta de las instituciones eclesiásticas. Estas adujeron que las exenciones nacían sólo de la Ley de Mecenazgo y que estarían dispuestas a pagar el IBI si también lo hicieran ONG, fundaciones o partidos. Obviaron, en esta suerte de ejercicio de docilidad, el hecho de que dicha legislación hace una excepción con los inmuebles afectos a explotaciones económicas. Tampoco se acordaron de lo dicho por la Justicia europea.

“Que los ayuntamientos no cobren el IBI es una anomalía permitida, ya sea por temor reverencial o por pura ignorancia”

El profesor y portavoz de Recuperando incide en un aspecto clave: “No hay exención del IBI para los inmuebles no destinados al culto. Es una anomalía permitida por ayuntamientos de todos los colores, ya sea por temor reverencial o por pura ignorancia”. Difiere poco en su opinión Juanjo Pico: “Los ayuntamientos no tienen interés en destaparlo, porque saben que es su propia negligencia”.

Los consistorios de Barcelona y León son los primeros que comenzaron a cobrar el IBI. “Sé que la Iglesia pagó 4,6 millones de euros por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) de la Sagrada Familia”, desvela Antonio Manuel Rodríguez. En la ciudad leonesa se recaudaron 31.000 euros sobre un potencial total de 1,4 millones.

A principios de 2020, los Gobiernos de Valencia y Cádiz anunciaron su intención de comenzar a pasar los recibos correspondientes a este impuesto por aquellos inmuebles no destinados al culto y, en Zaragoza, se aprobó una moción en la misma línea –presentada por Podemos–, que salió adelante con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos, Podemos y ZeC, y la negativa de PP y Vox.

Según Recuperando, la Iglesia pagó 4,6 millones de euros por el Impuesto sobre Construcciones de la Sagrada Familia./ sagradafamilia.org
Según Recuperando, la Iglesia pagó 4,6 millones de euros por el Impuesto sobre Construcciones de la Sagrada Familia./ sagradafamilia.org

“Pagar religiosamente es no pagar”

“La Iglesia tiene que devolver lo que es nuestro y pagar por lo que es suyo, y no es por una cuestión anticlerical, es que es la ley. Exigir esto no es cosa de izquierdas, es democracia, el problema es que en España carecemos de una derecha republicana, laica y federal como ocurre en el resto de Europa. Pagar religiosamente es no pagar”, ironiza Rodríguez

El asunto de los bienes inmatriculados también tiene su intríngulis. En opinión de Recuperando, “la Iglesia no debe pagar ese IBI porque son bienes públicos. Pagar el IBI por un edificio de culto sería como reconocer que son de su propiedad y dar validez a las inmatriculaciones irregulares”.

95,2 millones de euros de beneficio neto en tres años y 23,8 millones para TRECE TV

Según las memorias de actividades de la Iglesia Católica en 2016, 2017 y 2018, y como ya informó Públicola Iglesia tuvo un beneficio de 95,2 millones de euros en tres años. Son 56,2 de ganancias netas y 39 de la liquidación de la asignación tributaria. De esta segunda partida, 23,8 millones se destinaron a financiar a TRECE TV.

En la memoria de 2018, cuya introducción tiene el, cuando menos, curioso título de ‘El camino de la transparencia’, se especifica un superávit por la gestión de la asignación tributaria de 3,8 millones de euros (íntegramente destinados al medio de comunicación ya comentado). Los ingresos totales en las cuentas consolidadas fueron de 974,3 millones de euros, mientras que los gastos ascendieron a 954. Por tanto, el beneficio neto de la Iglesia en 2018 fue de 20,3 millones de euros. Superior a los 16 de 2017 y a los 19,9 de 2016.

Los ingresos provinieron, en un 33 %, de las aportaciones voluntarias de los fieles; 23 % de la asignación tributaria; 11 % por ingresos de patrimonio y actividades económicas; 27 % de ‘Otros ingresos corrientes’, y el 6 % de ingresos extraordinarios.

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