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La Iglesia se abre a un leve retoque de su bula fiscal tras dar ya por zanjadas las inmatriculaciones

La Conferencia Episcopal admite ante el Gobierno un posible «privilegio» por su exención en un impuesto local sobre construcciones y se declara dispuesta a una modificación acordada sin cambiar el IBI.

El lunes fue la primera vez que un presidente del Gobierno en democracia visitaba la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Y el anfitrión solemnizó la ocasión invitándolo a una oración. De modo que el encuentro del lunes entre Pedro Sánchez y su ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con el presidente de la CEE, Juan José Omella, y su portavoz y secretario general, Luis Argüello, comenzó con un breve rezo en la Capilla de la Sucesión Apostólica. Allí Omella hizo una petición por «todos los gobernantes», rezando para que se guíen por «el bien común» y «la paz». Incluyó, claro, una referencia a Ucrania. Sánchez asistió en respetuoso silencio. Al término, agradeció la oración.

Tras el apartado espiritual, llegaron los temas contantes y sonantes.

Así lo explicó este martes Argüello en la Cope, terreno amigo, donde el número dos de la CEE acudió para negar –sin elevar el tono– que el acuerdo alcanzado con el Gobierno sobre las inmatriculaciones suponga la aceptación de responsabilidad por mala acción alguna de la Iglesia. No se quedó ahí. Argüello también afirmó que el Gobierno no tiene intención de hacer cambios en la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el más controvertido de los beneficios fiscales de la Iglesia. Eso sí, admitió un posible «privilegio» eclesial con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cuya modificación se está trabajando en la negociación entre el Gobierno y la CEE.

La Iglesia se abre así por primera vez a un retoque –leve y limitado– de su bula fiscal.

Un listón a la baja

Visto en perspectiva, el actual Gobierno es el que menos cesiones ha hecho a la Iglesia. Su problema a la hora de convencer a los más exigentes laicistas es que el listón empezó alto.

La propia trayectoria de Sánchez contribuyó a las expectativas. El programa del PSOE de 2016 incluía dos compromisos de máximos: la «supresión de la referencia a la Iglesia» en la Constitución y la «denuncia» de los acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979. El documento de su candidatura en las primarias de 2017 sostenía que España debía «consolidar su condición de Estado laico».

La llegada al poder moderó a Sánchez, que en abril de 2019 borró del programa del PSOE la denuncia de los acuerdos. El pacto de gobierno de PSOE y UP no menciona los acuerdos de 1976-1979, ni la alusión a la Iglesia en la Constitución, ni la autofinanciación de la institución católica, ni su fiscalidad.

El pacto de gobierno sí recoge dos compromisos ya cumplidos: 1) La rebaja académica de la asignatura de Religión, que a partir del próximo curso dejará de contar para la nota y no tendrá una asignatura espejo. «Los centros determinarán la actividad, siempre que no suponga avanzar en materias del currículo», explica Educación. Esto no satisface la reclamación de organizaciones como Europa Laica, que quieren la Religión fuera del horario escolar, pero sí cumple con el pacto de gobierno. 2) La Ley de Eutanasia. No afecta directamente a la relación Iglesia-Estado, pero se trata de terreno sensible, como el aborto.

Inmatriculaciones: negociaciones con escaso margen

Tras el acuerdo sobre inmatriculaciones, las partes siguen negociando, recalca el Ministerio de Presidencia. No obstante, los márgenes son ya escasos y los obispos dan por zanjado el asunto.

En lo esencial la CEE ha hecho prevalecer su posición, si bien el Gobierno puede anotar en su balance una mayor transparencia y el cuestionamiento del registro de casi mil bienes. El avance en transparencia se concretó con la publicación hace casi un año de un listado de casi 35.000 bienes inmatriculados entre 1998 y 2015. Eso sí, quedaban fuera todas las inmatriculaciones amparadas por la legislación desde 1946 hasta 1998. Además, el Gobierno ha avalado el procedimiento que ha dado lugar a las casi 35.000 inscripciones, dejando en manos de particulares e instituciones la reversión una a una de los actos considerados injustos. Esta vía apenas ha arrojado resultados. Destaca como excepción la recuperación de unas murallas en Baleares.

Tras la publicación del listado, la negociación siguió. El fruto es el acuerdo anunciado este lunes, que tampoco agota la cuestión. ¿Qué se puede hacer más? Presidencia asegura a infoLibre que el acuerdo alcanzado es «un paso» y que Gobierno y CEE siguen negociando en la la subcomisión sobre inmatriculaciones en relación con 73 bienes «dudosos más», aparte de los 965 anunciados. El ministro señaló, en una entrevista en TVE, que ahora son los ayuntamientos los que deben iniciar el proceso de regularización de los bienes indebidamente inmatriculados.

A pesar de declarar su desacuerdo por la interpretación de la reunión del lunes que hace el Gobierno, Argüello (CEE) se mostró satisfecho con el resultado y afirmó que deja «definitivamente zanjada» la polémica sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba, epítome de la polémica. «De este asunto de las inmatriculaciones no hablamos [en la reunión] más de cinco minutos puesto que ya estaba perfectamente zanjado», afirmó. A su juicio, ha quedado demostrado que la Iglesia tenía razón. «Los propios técnicos del Gobierno han reconocido, como no podía ser de otra manera, que la Iglesia en este procedimiento inmatriculador había seguido la legislación vigente», dijo Argüello.

Fiscalidad: negociación abierta

La Iglesia conserva intactos los privilegios del acuerdo de España con el Vaticano, consolidados con la Ley de Mecenazgo de 2002. La institución se libra del IBI incluso cuando desarrolla actividad económica en los inmuebles, por ejemplo mediante el alquiler. La justicia europea ya ha rechazado mediante una sentencia referida a Italia exenciones de ese tipo, que ni el papa Francisco respalda. En España también hay fallos contra este estatus fiscal, si bien todavía no se ha sentado jurisprudencia.

A ello se suma el incumplimiento por parte de la Iglesia de su obligación de autofinanciación. Se trata, a pesar de lo que establece el acuerdo España-Vaticano, de una institución dependiente del Estado. Las arcas públicas le dedicaron a la Iglesia en 2019, último año con cuentas cerradas, más de 300 millones del IRPF. Ingresos como estos permiten a la Iglesia obtener superávit, más de 50 millones entre 2016 y 2019. Más de la mitad los destinó a Trece TV. Tanto el superávit como su uso han sido cuestionados por el Tribunal de Cuentas, que ve un posible choque con la norma europea contra las ayudas de Estado.

Evolución de la asignación del Estado a la Iglesia vía IRPF, en el periodo 2008-2019.

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El Ministerio de Presidencia señala que, además de la subcomisión de inmatriculaciones, sigue abierta otra de régimen tributario. El departamento de Bolaños se acoge a la prudencia por estar las negociaciones en marcha y no adelanta los aspectos concretos que se están abordando. Durante su etapa como ministra, Carmen Calvo afirmó que el modelo italiano, que impide hacer negocios con ventaja fiscal, era una referencia interesante.

La CEE enfría las expectativas al asegurar que el Gobierno no pretende cambiar la Ley de Mecenazgo ni tocar el IBI de la Iglesia. Presidencia se niega a comentarlo. Ni confirma, ni desmiente.

Según Argüello, el Ejecutivo «reconoce» que la Iglesia «tiene el mismo régimen que todas las entidades no lucrativas» y «no desea cambiarlo». Argüello sí señala que hay «una circunstancia,» basada en los acuerdos España-Santa Sede, en la que «pudiéramos decir que [la Iglesia] tiene una situación de privilegio», algo que los obispos están «dispuestos a abordar». Esta «circunstancia» no es la exención del IBI, sino su régimen fiscal en relación con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). «En el resto de los asuntos, la Iglesia no tiene privilegio fiscal y […] el propio Gobierno lo reconoce y […] nos han dicho que no tiene intención de reformar la Ley de Mecenazgo».

El régimen fiscal de la Iglesia con el ICIO ya ha sido puesto en el punto de mira por la justicia europea. El caso concreto afecta a Getafe. La Congregación de las Escuelas Pías de los Padres Escolapios amplió en 2011 el salón de actos del colegio concertado La Inmaculada. El Ayuntamiento le cobró 24.000 euros del ICIO. La organización religiosa reclamó la devolución. El Gobierno local de Getafe se negó. El asunto acabó en el Tribunal de Justicia de la UE, que estableció que la exención «puede estar comprendida» en el ámbito de las ayudas de Estado, ilegales si las actividades «son de carácter económico». Si la actividad era económica o no era algo que debía determinar la justicia española. Y lo hizo en una sentencia de enero de 2018 dando la razón al Ayuntamiento.

La otra subcomisión abierta –además de inmatriculaciones y fiscalidad– es sobre la Obra Pía de los Santos Lugares, una entidad estatal que mantiene el legado histórico y patrimonial español en Tierra Santa. Aún no hay nada cerrado sobre una posible modificación del estatuto de dicha fundación con presupuesto público.

Acuerdos del 79: una «revisión» sólo hipotética

El pacto de gobierno no hace referencia a los acuerdos de España con el Vaticano de 1976-1979, máxima expresión de la privilegiada posición de la Iglesia en los terrenos económico, simbólico, institucional y educativo. infoLibre preguntó a Presidencia si, a pesar de no estar en el acuerdo ni coincidir con el tema de ninguna subcomisión específica, el Gobierno está negociando una revisión con la CEE, en línea con lo acordado por el PSOE en su último congreso. No hubo concreción.

Lo que está descartado es la denuncia unilateral de los acuerdos, una medida que sería traumática para las relaciones entre España y el Vaticano. No sólo no está en el acuerdo PSOE-UP, sino tampoco en la hoja de ruta socialista. En su último congreso, celebrado en octubre, el PSOE rebajó su posición de la derogación a la «revisión» en «consenso» con la Iglesia.

Ley de Patrimonio: la «tranquilidad» de la Iglesia

El Consejo de Ministros abordó en junio de 2021 un informe sobre el anteproyecto de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico, aún pendiente de aprobación para su envío a las Cortes. «El texto está en fase de revisión» tras recibir «un centenar de alegaciones», señala el departamento de Cultura. No hay fecha prevista para retomarlo.

El anteproyecto preocupa en la CEE. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, lo ha llegado a calificar de «invasivo» y «expropiador». Argüello cree que abre la puerta a una gestión pública de los bienes Patrimonio Mundial, lo que afectaría a 17 diócesis. No obstante, asegura que tras abordar la cuestión con el Gobierno cuenta con la «tranquilidad» de que no se va a «conculcar» la «titularidad» de estos bienes.

Libertad de conciencia: una ley sin fecha prevista

PSOE y UP acordaron para formar gobierno la aprobación de una Ley de Libertad de Conciencia «que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad». La norma recoge el testigo del frustrado proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero, que guardó la iniciativa en un cajón en su segunda legislatura.

¿En qué ha quedado este compromiso? Ahora mismo no hay nada aprobado. Ningún anteproyecto ha llegado al Consejo de Ministros. Tampoco está incluido en el Plan Normativo de 2022.

Amelia Sanchís, profesora de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Córdoba, cree que España «invirtió el orden lógico» con la aprobación en 1980 de la Ley de Libertad Religiosa antes de la aprobación de una Ley de Libertad de Conciencia. Por ello sigue pendiente, afirma, una «delimitación clara» del artículo 16.3 de la Constitución, que establece «relaciones de cooperación» con las confesiones religiosas y menciona a la Iglesia.

«Tenemos el problema de que la objeción de conciencia se está regulando sin que esté regulada la libertad de conciencia, como estamos viendo con la eutanasia y la interrupción voluntaria del embarazo», señala Sanchís. Aquí llegamos a otro punto de desacuerdo entre el Gobierno y la Iglesia. La Conferencia Episcopal pretende que las organizaciones religiosas que trabajan en el campo sanitario y de cuidados, incluidas las que reciben fondos públicos, se acojan a una objeción de conciencia o institucional, para lo que cuentan con el respaldo del Comité de BioéticaEl Gobierno se opone.

Durante su reunión con Sánchez y Bolaños, los representantes episcopales también defendieron su postura sobre asuntos que «seguramente no fueran cómodos» para el Gobierno, como la eutanasia, el aborto y las conocidas como leyes de género, explicó Argüello. Si se reforma la Ley del Aborto, la CEE volverá a hacerse oír.

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