La Iglesia reclama el veto a la reciente adhesión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al protocolo de aborto no punible

Este jueves es la fecha límite para el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, de vetar la incorporación de la Ciudad al protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo que rige a nivel nacional. La Iglesia y su esposa presionan públicamente para el veto, luego de que la Legislatura porteña votó la adhesión al mismo el jueves pasado.

La religión vuelve a querer meterse en las vidas y los cuerpos de las personas gestantes. Y la esposa del primer mandatario porteño Bárbara Diez, colando sus creencias personales, también. A través de comunicados, manifestaciones y publicaciones en redes sociales siguen haciendo campaña para que otra vez, en la Ciudad se retroceda 100 años en materia de derechos ya que el protocolo existe en nuestro país desde 1921.

El pasado jueves, con 50 votos a favor, se aprobó en la Legislatura porteña el alineamiento al protocolo nacional, luego de meses de debate. Automáticamente, quienes están en contra de los derechos de cualquier cuerpo gestante, empezaron a manifestarse.

El sábado pasado, organizaciones que se autodenominan “ProVida” estuvieron en la puerta de la residencia de Larreta, para exigirle que vete la decisión tomada en la Legislatura. Hace un par de días también, la esposa del mandatario y empresaria de bodas Bárbara Diez, publicó en su cuenta de Instagram que “la Ciudad se paralizó para salvar vidas durante esta pandemia pero votó un protocolo de muerte para bebés”.

Ahora se suma la adhesión de los obispos de todo el país al rechazo expresado por el arzobispado porteño a la adhesión de la Legislatura de la Ciudad. Todas manifestaciones de organizaciones e instituciones que nada tienen para aportar en materia de derechos (sino todo lo contrario), pretenden que una sola persona vete un derecho adquirido hace 100 años y que hoy reclama, como mínimo, el colectivo de mujeres.

El protocolo nacional habilita a cualquier mujer que haya sido víctima de violación, o que corra riesgo su vida o su salud, a realizar la interrupción del embarazo de manera legal. Fue sancionado con algunas modificaciones respecto al anterior en diciembre de 2019 por el actual ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzalez García, pero la Ciudad no había adherido a pesar de que este se desprende del actual Código Civil y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Antes, el ex presidente Mauricio Macri lo había vetado a nivel nacional, provocando un escándalo por el cual había tenido que renunciar su Secretario de Salud.

Hoy hay que defender este derecho elemental, aunque el objetivo de fondo debe ser la conquista del Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que un grupo de dinosaurios anclados en instituciones como el Poder Legislativo y las Iglesias siguen negando. A pesar de que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, junto con la imponente “marea verde” ya presentó su proyecto de ley 8 veces en el Congreso Nacional, la primera vez hace 15 años.

Esa es una de las principales deudas que aún tiene el Estado y cada uno de los Gobiernos que existieron hasta ahora (antes Cristina, después Macri, ahora Alberto Fernández) con las mujeres y cuerpos gestantes. La otra es la separación de la Iglesia y el Estado, que aún hoy ejerce una fuerte presión cuando de restar derechos se trata.

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