El Gobierno ha de adoptar una decisión en septiembre, cuando cierre los presupuestos
Las negociaciones de la comisión mixta creada entre los ministerios de Justicia y Hacienda y la Conferencia Episcopal Española para revisar el sistema de financiación de la Iglesia católica antes de la confección del borrador de los presupuestos generales del Estado del 2007 se hallan en su recta final. Los cálculos que la Iglesia ha trasladado al Gobierno indican que, para poder recaudar la cantidad actualizada que el Estado se comprometió a entregar en los acuerdos con la Santa Sede de 1979, y que en la actualidad ronda los 144 millones de euros, es preciso elevar del 0,52% al 0,82% el coeficiente de la aportación que hacen los contribuyentes a través de la declaración de la renta. La decisión está ahora en manos del Ejecutivo.
La modificación del porcentaje conllevaría para el Gobierno la ventaja de poder eliminar el complemento anual que destina a las arcas de la Iglesia y que procede del bolsillo de todos los contribuyentes, no sólo de los que han manifestado su deseo de costear sus gastos.
Los representantes de los Ministerio de Justicia y Hacienda solicitaron semanas atrás al episcopado un informe sobre "las aportaciones que la Iglesia hace a la sociedad española", según fuentes próximas a los negociadores. Paralelamente, se hizo llegar a la delegación episcopal la petición de que "la transparencia de las cuentas sea mayor", algo a lo que los representantes de los obispos respondieron que "si eso se dice los acuerdos, no hay problema".
COMPÁS DE ESPERA
La cúpula eclesiástica aguarda desde hace semanas el beneplácito gubernamental a su propuesta, pero el plazo para su aceptación no se agota hasta finales de septiembre, fecha en la que ha de ultimarse el proyecto de presupuestos para el próximo año. "Hubiera sido perfecto para distendir el ambiente en vísperas de la visita de Benedicto XVI a Valencia", confesó una fuente próxima a los obispos.
El acuerdo de 1979 que establece el modelo de autofinanciación de la Iglesia española mantiene el respaldo de la Conferencia Episcopal, aunque en opinión de sus responsables ha habido "una mala instrumentación técnica" de los pactos. Las razones para que esos defectos no se hayan subsanado hay que buscarlas en ambas partes. Por un lado, el Ejecutivo argumenta que si la Iglesia lograse movilizar a sus bases sociales, con el 0,52% actual conseguiría mejorar notablemente su financiación. Por otro, dejar la financiación únicamente en manos la declaración de la renta puede tener efectos perniciosos para los obispos. "Si hay una campaña en contra durante ese periodo del año, podrían arruinarles la recaudación", apunta un experto.
