La Iglesia pide al Gobierno boliviano que acabe con los linchamientos

Los obispos afirman que las ambigüedades en las leyes agravan la situación

Y no es para menos. La muerte accidental del peón Miguel Delgado Condori, que se atragantó mientras bebía en casa de tres hermanos en la comunidad Batallani de Tapacarí (Cochabamba), desató, dos días después, la vengativa furia de unos 60 campesinos, que azotaron a los anfitriones con chicote (látigo) y palos, los arrastraron y los enterraron vivos atados de pies y manos en una fosa que las mismas víctimas tuvieron que cavar, después de que sus conocidos vencieran su resistencia con golpes de piedra en la cabeza. Todo ello sucedió la semana pasada bajo el amparo de la llamada justicia comunitaria.

Los informes de las autopsias de las víctimas son escalofriantes, tanto que la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) considera, en el documento difundido en los medios locales, que estos actos reflejan "un desprecio por el valor sagrado de la vida como don de Dios y vulneran profundamente la dignidad humana".

La oficina del Defensor del Pueblo ha informado de que, en lo que va de 2010, se han producido 20 linchamientos en Bolivia. Naciones Unidas ha registrado 30 linchamientos desde 2009 y según el periódico Opinión de Cochabamba solamente en ese departamento se produjeron 80 linchamientos en el último lustro.

"Desde hace tiempo se producen estos crímenes; sin embargo, en estos últimos años han recrudecido en número y con características de una violencia brutal e inhumana, justificados con argumentaciones insostenibles y que, en ciertos casos, rayan en la apología del delito", afirmó el obispo auxiliar de La Paz, Óscar Aparicio, quien destacó que "lo que causa aún más inquietud es el hecho de que las autoridades responsables del orden y de la defensa de los derechos de los ciudadanos no logran prevenir ni sancionar adecuadamente a los responsables".

El Gobierno de Evo Morales ha dispuesto, en la Ley del Órgano Judicial promulgada en junio pasado, que la justicia ordinaria y la justicia comunitaria tengan la misma validez, pero para consagrar esta igualdad se requiere otra ley de "deslinde jurisdiccional" entre una y otra, que se prepara actualmente y que tiene como meta el respeto a la vida, el derecho a la defensa y la vigencia plena de los derechos colectivos establecidos en los pueblos indígenas originarios campesinos, además de la definición de las facultades de las autoridades indígenas para resolver un conflicto a nivel territorial.

Mientras se espera a que concluya esta etapa persisten las acciones violentas en las comunidades indígenas y en algunos barrios de las ciudades, cuyos vecinos no dudan en atentar contra la vida de las personas que consideran sospechosas, si antes no llega en auxilio la policía que, a veces, tiene también que defender su vida y salir huyendo con las víctimas para evadir la furia de los ejecutores de la llamada justicia comunitaria.

Las autoridades del Ministerio del Interior y de Justicia consideran que estos linchamientos no corresponden a la justicia comunitaria, puesto que su espíritu es el respeto a la vida y el derecho a las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado.

Los obispos advierten que el malentendido de la justicia comunitaria entre los indígenas y campesinos se ve agravado por "las ambigüedades contenidas en la actual legislación, que no reglamenta sus alcances y responsabilidades, y en la que pretenden ampararse muchos de los responsables".

La cultura de la vida y no de la muerte, proclamada siempre por el presidente Morales, tiene como la otra cara de la moneda esta creciente tendencia a buscar la justicia por propia mano.

Además de los tres hermanos linchados en Tapacarí el pasado 15 de septiembre, otros cuatro policías encontraron, a finales de mayo, una muerte atroz en Uncía (norte de Potosí), cuando entraron en una ruta supuestamente controlada por mafias del narcotráfico y de vehículos robados fuera de Bolivia.

Han sido procesados por la justicia ordinaria los autores del linchamiento e incineración del alcalde de Ayo Ayo (altiplano de La Paz) y algunos otros —no todos los implicados— por la terrible muerte con graves torturas previas, incluyendo quemaduras con agua hirviendo, de tres policías en la localidad de Epizana (Cochabamba). Los principales inculpados en estos sucesos han apelado a instancias superiores.

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