La Iglesia católica española podría obtener importantes ingresos de los inmuebles y obras de arte que posee.
El Estado tiene paralizada la venta de obras de arte de la Iglesia desde hace treinta años.
El Gobierno va a depurar qué bienes públicos pueden estar registrados a nombre de la Iglesia.
Inmuebles y patrimonio artístico pueden suponer una importante fuente de ingresos a la Iglesia, pendiente ahora de la lista de inmatriculaciones. La Iglesia católica española tiene varios frentes económicos abiertos con el Gobierno, entre el que se encuentra la inscripción de bienes inmuebles en los registros de la propiedad. El Ejecutivo cuenta ya con una lista con los bienes inmatriculados, es decir, que fueron inscritos a nombre de la Iglesia simplemente con la declaración del obispo de que el bien es efectivamente suyo.
La propiedad final de los inmuebles, muchos de ellos monumentales, tiene una fuerte repercusión económica, además de la meramente simbólica. Las actividades económicas que se realizan, tal como, por ejemplo, el cobro de entradas o los alquileres, podrían tener un sentido muy diferente si quien las cobra no es el dueño del lugar.
Pero es que, además, la Iglesia se juega si puede sacar rendimiento económico al extensísimo patrimonio que ya no usa, como el de cientos de parroquias que ya no se dedican al culto por los cambios sociales o demográficos. Ahí se podría abrir otro asunto complicado, como es si se podría utilizar para un beneficio económico bienes donados a la Iglesia con otra finalidad.
El caso de los bienes inmuebles es el más conocido ya que la han puesto de actualidad las actuaciones de asociaciones contrarias a las inmatriculaciones. Sin embargo, la Iglesia tiene también otras riquezas, como son los bienes artísticos, a los que, en principio, no puede sacar rendimiento económico mediante su venta. Tanto inmuebles como obras de arte podrían mejorar las finanzas de las diócesis.
Se trata de una situación muy poco conocida, pero con una transcendencia económica enorme. La ley de presupuestos generales del Estado incluye en algunos ejercicios una prórroga curiosa. Según esta, la Iglesia no puede vender sus obras de arte mientras el Estado no finalice un inventario de todos estos bienes. Según la ley del Patrimonio Histórico Español, la Iglesia no puede vender los bienes que estén en el inventario general del Patrimonio Histórico o sean Bienes de Interés Cultural (BIC). Y así lleva más de treinta años.
Según esta lógica, cuando se hubieran acabado los trabajos, la Iglesia tendría libertad para vender todo aquello que no estuviera en ninguno de esos dos casos. En cualquier caso, los trabajos de inventariado llevan un retraso tal que no permitiría que esto suceda en muchos lustros, según los datos de los expertos que realizan estos trabajos.
INMATRICULACIONES DE INMUEBLES DE LA IGLESIA
En lo referido a los inmuebles, en cualquier caso, la inscripción de bienes mediante la certificación del obispo no ha sido igual en todas las diócesis. Según los expertos episcopales, las hay que han realizado un trabajo sistemático, mientras que otras han preferido no entrar, confiadas en que nadie les va a discutir la propiedad o al menos el uso de templos y otros inmuebles. La inscripción por este método la pueden realizar la Iglesia y las órdenes religiosas históricas, pero no otras instituciones
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene en reserva la posibilidad de abordar tanto este asunto como el del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las propiedades eclesiásticas, tal como abordó la vicepresidenta Carmen Calvo en su reunión con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, el pasado otoño.
Aquella reunión se produjo bajo la presión de los acontecimientos relacionados con la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y el papel de la Iglesia en el asunto. El Gobierno buscaba el apoyo del Vaticano y del episcopado español para que no hubiera problemas en la exhumación, problemas que sí que puso el prior de la abadía del Valle de los Caídos, que se oponía a la misma. También quería el Gobierno la colaboración de la Iglesia para evitar que los restos no acabaran después en la catedral de la Almudena, según la voluntad que expresó la familia del dictador.
El asunto de la inmatriculación de los bienes en el registro de la propiedad se encuentra en un impasse ya que el Gobierno cuenta ya con la relación de bienes inscritos en los últimos años por este procedimiento. Sin embargo, falta por realizar un estudio jurídico sobre la situación de los mismos. El Gobierno se plantea que en algunos casos pueden tratarse de bienes de dominio público. Por lo tanto, no podrían estar inscritos a nombre de la Iglesia, ya que los bienes públicos son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
El Gobierno de Mariano Rajoy ya decidió terminar con la posibilidad legal de realizar este tipo de inscripciones tras dar un año más a la Iglesia para realizarla. Esta forma de inscribir había quedado expedita con un cambio en la ley hipotecaria en 1998, con el Gobierno del PP de José María Aznar. Ese cambio aclaró una situación en la que la ley hipotecaria sí lo permitía, pero el reglamento no.
La Iglesia estudia calcular por primera vez el valor de sus riquezas para su contabilidad
La Iglesia católica española estudia acometer un cálculo del valor de sus riquezas con criterios contables. Muchos bienes artísticos de la Iglesia tienen un valor incalculable, con lo que los obispos aplicarán los criterios que el plan general de la contabilidad públicaestablece para adjudicar un valor aproximado a los bienes del Patrimonio Histórico.
De esta manera, será la primera vez que habrá un cálculo aproximado del valor total de las riquezas de la Iglesia en España. Este cálculo facilitará que puedan confeccionar sus balances contables. Con su publicación aflorará también el valor del resto de los bienes, los que no son artísticos o históricos, con lo que por primera vez se tendrán datos objetivos para medir este patrimonio.
La Conferencia Episcopal Española acomete desde hace años la modernización y armonización de la contabilidad de sus 69 diócesis y 20.000 parroquias. Este proceso ha incluido la creación de programas informáticos de contabilidad unificados.
El último compromiso adquirido internamente por los ecónomos de las diócesis (los encargados de la administración económica de los obispados) es aplicar normas de control interno unificadas en sus cuentas.
Hasta el momento, la política de transparencia de la Iglesia católica española llevó a la Conferencia Episcopal a impulsar que las diócesis hicieran públicas sus cuentas. Cada año presentan sus presupuestos anuales, con una relación de ingresos y gastos.
Sin embargo, las diócesis podrían publicar el estado real de su economía si publicaran también sus balances contables. El principal problema de este retrato es darle un valor lo más aproximado a la realidad al inmovilizado material. Ahí podrían incluirse inmuebles y tesoros artísticos que se encuentran en manos de la Iglesia.
La excepción a la inexistencia de balances ha sido la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, que publicó hace dos años uno en el que, por ejemplo, sus terrenos y construcciones están valorados en nueve millones de euros. Los activos totales de esta diócesis ascienden a 18,2 millones de euros. La publicación del activo y pasivo de la diócesis permite saber también, por ejemplo, las inversiones financieras que realiza. En este caso, la diócesis de Ferrol tenía una cartera de valores de algo más de un millón de euros.
El problema de valorar estos bienes es común al que tienen las administraciones públicas. Para solventarlo, la Intervención General del Estado dictó unas normas en 2016 para la valoración de los bienes del patrimonio histórico para incluirlo en las cuentas anuales.
Como anécdota, valga saber que, por ejemplo, antes de estas normas, en el Museo del Prado se adjudicaba un valor de 1 euro por metro cuadrado de lienzo. Se trataba de dar un valor testimonial a las obras de incalculable valor que se encuentran en esta pinacoteca.
Las resolución de la Intervención General del Estado incluye diferentes métodos de cálculopara acercarse algo más al valor real de este tipo de bienes. En primer lugar, se registrarán en la contabilidad cuando cumplan criterios como que “se considere probable que le entidad obtenga, a partir de los mismos, rendimientos económicos o un potencial de servicio en el futuro y siempre que puedan valorarse con fiabilidad”.
Entre los criterios de valoración aplicables están el precio de adquisición, el coste de producción, el llamado “valor razonable”, calculado “con referencia a un valor de mercado fiable” o mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración, como puede ser, por ejemplo, el valor de tasación calculado para la contratación de un seguro sobre dichos bienes.
Otros elementos que pueden ser valorados son “el coste de una gran restauración”, según la resolución de la Intervención General del Estado, cuyo criterio podría aplicar la Iglesia católica en España para valorar sus bienes.
Actualmente, las diócesis informan públicamente de sus presupuestos anuales. Esta información no incluye otras entidades más allá de la iglesia diocesana. Es decir, no incluye la de congregaciones, cofradías, colegios u hospitales que no dependan directamente del obispado.
Según los datos de la Memoria Anual de Actividades elaborada por la Conferencia Episcopal Española, las diócesis manejaron en 2017 unos recursos totales de 924 millones de euros, de los que gastaron 908 millones. En ese ejercicio, el superávit obtenido alcanzó 16 millones de euros.
En estas cuentas destaca que en el epígrafe de “conservación de edificios y gastos de funcionamiento”, las diócesis gastan 252 millones de euros anuales, el 28% de los gastos. Para hacerse idea de su medida, puede compararse esta cantidad con el dinero con que cuentan las diócesis por los fondos de la asignación tributaria del IRPF. En el año 2017 ascendió a 223 millones de euros, el 24% de los ingresos totales.
Además de medidas como la posible valoración de los bienes de las diócesis, los obispos han tomado otras decisiones respecto a sus cuentas. Además de la actualización de su contabilidad con criterios comunes o la incorporación de normas de control interno homogéneas, las diócesis han adoptado un manual de inversiones en el que, por ejemplo, se desaconseja la inversión en sicavs, paraísos fiscales y productos de elevado riesgo.
