Protesta el pasado diciembre en Astorga (León) contra un sacerdote condenado por abusos a menores.
El Ministerio de Justicia se los pidió a la Conferencia Episcopal hace seis meses
Hace seis meses el Ministerio de Justicia pidió a la Conferencia Episcopal que le proporcionara «toda la información en su haber sobre investigaciones o procedimientos internos de denuncias de agresiones y abusos sexuales en instituciones eclesiásticas». El Departamento que dirige Dolores Delgado sigue sin esos datos y, a la vista de la posición de la Iglesia, nunca los tendrá.
Luis Argüello, secretario general y portavoz del episcopado confirma que «la petición del Ministerio de Justicia llegó a primeros de febrero, primero por los medios de comunicación». El secretario de los obispos también confirma que la CEE respondió al Gobierno: «Contestamos por la misma vía que ni el Ministerio puede sin más solicitar datos a una institución ni la Conferencia tiene los datos que, en este caso, son de las Diócesis, Congregaciones religiosas y Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede».
A petición no oficial, respuesta no oficial. «Ese mismo día por la tarde [7 de febrero] llegó la carta, a la que no hemos respondido», relata el propio Argüello. Y explica las razones de la Iglesia para no contestar al requerimiento ministerial: «En el Ministerio, donde está la Dirección General de Asuntos Religiosos, ya saben, por peticiones anteriores, lo que la Conferencia puede realizar y lo que no, siempre desde un deseo de colaboración. No hemos contestado formalmente, por tanto, a esa carta».
“NO AYUDA PONER SÓLO LOS OJOS EN LA IGLESIA”
Cuando el Ministerio Fiscal hizo público su informe sobre abusos, la Conferencia Episcopal respondió, de nuevo y a preguntas de la prensa, por boca del propio Argüello. «Expresamos entonces nuestro deseo de colaborar y manifestamos nuestra preocupación por la confusión que ante la opinión pública supone hablar de la Iglesia y ofrecer los datos generales de abusos. Un lector poco avisado y sin conocer el informe en su integridad podría pensar que los cientos de asuntos anuales sobre abusos estuvieran relacionados con la Iglesia», explica el secretario general.
Argüello es consciente de que «los datos hechos públicos del Informe hacen ver la gravedad del asunto». Y también reconoce «la singular responsabilidad de la Iglesia, pero no ayuda a abordar el problema en su magnitud poner los ojos sólo en ella».
Y concluye haciendo una llamada a la responsabilidad de toda la sociedad y de todas sus instituciones ante la plaga de los abusos: «La gravedad de los abusos hace que toda la sociedad esté llamada a reflexionar sobre sus causas y los medios para evitarlos, prevenirlos, denunciarlos y atender a todas las víctimas. La Iglesia ha dado ya pasos muy importantes, y quiere seguir haciéndolo, en colaboración con las instituciones implicadas. Seguro que podemos ofrecer nuestra experiencia, para que ayude a otras instituciones y aprender de los pasos dados por otros».
LA FISCALÍA RECHAZA QUE LA IGLESIA CRIBE LOS CASOS
Argüello recuerda que «que el Ministerio tiene el cauce del Ministerio Fiscal para conocer la situación, como se hace cada año en el informe del Ministerio Fiscal en el comienzo del año judicial». De hecho, el Gobierno también presentó la solicitud de datos a la Fiscalía. El Ministerio Público sí respondió formalmente y por escrito el pasado mes de abril.
El escrito de la Fiscalía incluía dos peticiones concretas. La primera, que la Iglesia deje de cribar las denuncias o sospechas que le llegan y las traslade de manera inmediata a las autoridades. La segunda, que sus centros educativos adopten los protocolos antiabusos que ya existen en los públicos.
Lo que no incluía la Fiscalía general que dirige María José Segarra eran los datos desglosados que pedía el Gobierno. El Ministerio Público informaba de que sólo tenía datos generales por ese tipo de delitos, pero sin especificar si tenían alguna conexión con la Iglesia. Así pues, el Gobierno no ha obtenido datos concretos por ninguna de las dos vías que había activado.
Las cifras generales sobre abusos o agresiones sexuales a menores en cualquier ámbito reflejaban que en 2018 los fiscales presentaron 1.091 acusaciones por este tipo de delitos. La mayoría eran abusos (761), seguidos de exhibicionismo y provocación (144) y de agresiones sexuales (137). Hubo 26 acusaciones por violación, es decir, por casos de agresión con penetración. En cuanto a las sentencias condenatorias, se dictaron 737, una subida significativa respecto a las 560 de hace dos años. De nuevo en torno a dos tercios de los casos fueron abusos sexuales. Hubo 13 condenas por violación.
