El Obispo que preside la comisión antipederastia instaura en Astorga un grupo de psicólogos y asesores jurídicos para abordar los casos denunciados en su diócesis
La Iglesia española ha creado el primer órgano para atender a las víctimas de los abusos por parte de sacerdotes. El obispo de Astorga y presidente de la comisión antipederastia de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Menéndez, ha instaurado una delegación episcopal para atender a los menores y acompañar a los abusados en su diócesis. El órgano, dirigido por la psicóloga María José Díez Alonso, estará integrado por especialistas en derecho civil, canónico, sacerdotes y asesores, según figura en las cartas que el obispado envió el pasado viernes a varias víctimas. La presentación oficial de dicha delegación será mañana miércoles.
La noticia de la creación de este primer órgano oficial creado por una diócesis para asistir a los afectados de abusos se conoce en vísperas de la cumbre convocada para el jueves en el Vaticano en la que, durante cuatro días, los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo se reunirán con el papa Francisco para tratar el problema de la pederastia en su seno. Otras diócesis consultadas por este diario, como la archidiócesis de Madrid y la de Cartagena, han explicado que no tienen pensado, de momento, crear una delegación similar, pero que ven probable una actuación parecida tras la reunión con el Papa.
El presidente de la comisión antipederastia es conocido por haber creado el protocolo de actuación contra los abusos más rígido de las 70 diócesis de España. Dicha norma obliga a los responsables que conozcan casos a comunicarlo a las autoridades competentes. Menéndez saltó a los medios por silenciar a la opinión pública la condena por pederastia del sacerdote José Manuel Ramos Gordón –un año de apartamiento del oficio de párroco por abusar de tres menores a finales de los ochenta– y por permitir que la parroquia donde trabajaba le hiciera un homenaje mientras estaba cumpliendo la condena. La CEE le nombró el pasado octubre presidente de una comisión reservada para actualizar los protocolos que la cúpula eclesial había publicado en 2010 –y que no obliga a los obispos a comunicar los casos a la fiscalía–, después de que EL PAÍS comenzase a publicar su investigación sobre el silencio de la Iglesia ante los abusos en su seno. El Papa solicitó hace un mes a los presidentes de las conferencias que se reunieran con las víctimas de abusos en sus países antes de la cumbre. La mayoría de las víctimas que han salido en este periódico contando sus episodios aseguran que ningún responsable de la cúpula eclesial les ha llamado.
“La ayuda llega tarde señores”
Javier, una de las víctimas de Ramos Gordón que ha recibido la misiva, afirma sentirse apenado tras recibir “la ofrenda de ayuda”, a la que califica como tardía. “Que no vengan ahora a ofrecer lo que se les rogó cuando más se les necesitaba. La razón de por qué ahora se ponen en contacto solo la saben ellos. ¿Remordimientos? Tarde. ¿Solidaridad? Lo dudo. ¿Miedo?. Posiblemente”, ha opinado. Javier sufrió abusos durante el curso 1988 y 1989 en el seminario menor de La Bañeza (León). Junto con otros dos niños abusados pidieron ayuda al director del centro y a su tutor, que no hicieron nada. Los abusos siguieron. En 2014 escribió al Papa, que levantó la prescripción y ordenó una investigación. Tras acudir a los medios para contar su caso, otras dos víctimas han denunciado a Ramos Gordón por abusos en el colegio Juan XXXIII en Puebla de Sanabria (Zamora). En 2018, el obispo de Astorga condenó de nuevo al cura pederasta a 10 años de apartamiento en un monasterio fuera de la diócesis. “La ayuda llega tarde señores. Las víctimas ahora no queremos perdones ni más palabras adornadas. Queremos justicia y reparación”, ha subrayado Javier.
