El obispo de La Pampa acaba de hacer un llamado a sus fieles para que ayuden a la iglesia y a sus pastores a zafar del difícil momento económico que estarían atravesando.
Por lo que dice este hombre, ni Dios los ha liberado de la crisis económica que en la Argentina ha condenado a la pobreza a casi la mitad de sus habitantes.
Ni hablar de lo que ocurre en el mundo entero, donde este año el hambre se llevará la vida de seiscientos noventa y cinco millones de hombres, mujeres y niños.
Pero hablemos claro. Dejemos de lado la hipocresía. La riqueza que tiene la Iglesia Católica es incalculable. Los bienes materiales que posee en todo el mundo son suficientes no sólo para sostener a sus pastores, sino para ayudar a los pobres y a los hambrientos condenados sin piedad por un sistema económico bendecido por la propia Iglesia..
Por si fuera poco, el Estado la sostiene económicamente con dineros que aportan católicos y no católicos y la libera de pagar impuestos.
Hay que sumar otra deuda que la Iglesia tiene en nuestro país. No es material. Son los archivos que guarda el Vaticano sobre las personas desaparecidas durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica, entre ellos centenares de niños y niñas.
“La Iglesia nunca nos ayudó a buscar a nuestras nietas y nietos” ha dicho y repetido hasta el día de su partida Chicha Mariani, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo.
La entrega de esos archivos no es una limosna. Es una obligación moral, ética, jurídica y humana.
Mantener en secreto documentos que prueban delitos de lesa humanidad se inscribe en la complicidad que tuvo la Iglesia con el terrorismo de Estado.
Juan Carlos Martinez Benelu
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