La Iglesia deberá publicar sus cuentas por primera vez en Aragón

El nuevo texto legal obliga si se perciben más de 100.000 euros de ayudas públicas. Los dirigentes clericales también tendrán que dar a conocer sus sueldos

La ley de transparencia que aprobará el Parlamento aragonés el próximo miércoles obligará a la Iglesia a publicar sus cuentas si percibe más de 100.000 euros de ayudas públicas de la comunidad autónoma. Será la primera vez que se toma una medida de estas características en Aragón. Los datos deberán de ser de libre acceso, a través de internet, a partir del próximo 15 de diciembre de este año.

Este cambio en el texto de la ley se introduce gracias a una enmienda presentada por Izquierda Unida (IU), que ha sido transaccionada por el resto de grupos. Finalmente el texto contemplará que las organizaciones privadas, incluida la Iglesia, las confesiones o comunidades y otras entidades registradas, que perciban subvenciones o ayudas, cuando superen la cantidad de 100.000 euros al año, estarán obligadas a publicar sus cuentas a través de una plataforma telemática cuya base facilitará el Gobierno de Aragón.

En la ley no se definen algunos aspectos relevantes. Por ejemplo, la publicación de las cuentas de las instituciones que perciben ayudas públicas incluye la obligatoriedad de dar a conocer los sueldos de los altos cargos o responsables de todas las entidades. En el caso de la Iglesia se deberá establecer cuáles de sus dirigentes, por sus especiales características, tendrán que poner en internet lo que cobran porque en el texto no queda especificado.

AMPLIA INFORMACIÓN

El Gobierno de Aragón pondrá a disposición de los ciudadanos 1.300.000 registros. Es decir información que se podrá solicitar. Una cantidad ingente, teniendo en cuenta que el Estado solo puso 500.000 documentos en la red cuando aprobó su ley de transparencia, aunque posteriormente se ha ido añadiendo mucha más. En el caso de esta comunidad, serán públicas las subvenciones desde el 2007; los convenios firmados desde 1988; los contratos desde el 2009 –y sus modificados desde el 2014– o los datos de las empresas públicas desde el año 2013.

Además de toda esta información, el Gobierno estará obligado a publicar los currículos y retribuciones, no solo de los altos cargos como obliga la ley estatal, sino que se extenderá a todos los responsables del sector público de la comunidad. Se añade como requisito, aparte del sueldo, la nómina real, incluidos los trienios. En el caso de las empresas, fundaciones y entidades de derecho dependientes del Pignatelli sus directivos estarán obligados a hacer públicos las variables que perciban en función de resultados, y otros conceptos.

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