La Iglesia deberá pagar la contribución urbana por los inmuebles no destinados al culto

PSN, Bildu, Aralar, I-E y Geroa Bai defienden que es una cuestión de justicia que todos abonen los mismos impuestos

Los inmuebles de la Iglesia católica que no estén destinados al culto deberán abonar en sus correspondientes ayuntamientos el impuesto de contribución urbana, pago del que estaban exentos hasta ahora. La unión de votos de PSN, Bildu, Aralar, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai posibilitó introducir un cambio en la ley de Haciendas Forales que, por primera vez, priva de la exención de dicho impuesto a los "bienes inmuebles de la Iglesia católica y de las asociaciones no católicas que no estén destinados al culto". Por contra, UPN y PPN, a pesar de que votaron positivamente el conjunto de la ley que regula los tributos a percibir por las entidades locales, se posicionaron en contra de este punto al valorar que ocasionará perjuicios a la Iglesia y su obra social y que será objeto de recursos porque existen normas superiores que preservan los privilegios con los que cuenta la confesión católica, como el tratado internacional. Para el portavoz regionalista, Carlos García Adanero, la iniciativa de PSN e Izquierda-Ezkerra perjudicará a entidades como Cáritas. Eloy Villanueva (PPN) dijo compartir los razones de los regionalistas, pero en cambio para el resto de grupos esta argumentación de ambos es "populismo".

La socialista Maite Esporrín explicó que, en lo referente a la Iglesia, aunque su grupo reconoce el trabajo que hace, no quita "para que tengan obligaciones como todos". "No solo afecta a la Iglesia católica, sino a todas las confesiones y creemos que esto no es poner contra las cuerdas a nadie sino igualar las condiciones", argumentó Esporrín.

Desde las filas de Bildu, Víctor Rubio también puso sobre la mesa el principio de igualdad para pedir el voto favorable. En este sentido, desgranó una enmienda de su grupo, que finalmente se rechazó, para que "no haya viviendas vacías mientras haya familias que no tengan donde vivir y que esas viviendas sean destinadas a vivienda social".

Xabi Lasa, de Aralar, defendió con ahínco la importancia de la ley ya que, dijo, "está en juego la economía de los ayuntamientos" por lo que defendió "que requiere un debate en profundidad". Lasa criticó al portavoz de UPN por hacer "populismo barato" sobre el pago de la Iglesia. "Hablan del impacto que tendrá sobre Cáritas para eximir a la Iglesia de este impuesto, pero no hacen ni caso a la opinión de Cáritas sobre la renta básica o sobre la ley de inmigración", subrayó Lasa.

En el mismo sentido, Txema Mauleón cuantificó en 650 los millones que podrían recaudarse con el impuesto pero puso sobre la mesa que la Iglesia recibe del Estado 5.700 millones. De ellos, dijo, solo 91 van a las ONG como Cáritas y añadió que esta solo recauda el 5% de sus fondos de la Conferencia Episcopal. "No hay razón para decir que se va a dejar sin margen a la obra social", afirmó Mauleón, antes de añadir que la Iglesia ha inmatriculado 1.087 propiedades y que durante la crisis no se ha recortado nada a esta institución, mientras al resto de las ONG se les ha privado de una media del 70% de la aportación.

Imagen de la fachada del Seminario, ayer con restos de nieve en los laterales.

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