La Iglesia cree que la retirada del crucifijo de las escuelas «no favorece la convivencia»

La Junta de Castilla y León estudia recurrir la sentencia contra el colegio de Valladolid

El cardenal arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo, aseguró ayer que eliminar de las escuelas públicas el crucifico, «que es un signo de nuestra cultura tan arraigado, no favorece ni mucho menos la convivencia de las personas». Fue su reacción a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid que ordena retirar esos símbolos religiosos del colegio público Macías Picavea de la capital castellano-leonesa.
 
La sentencia sostiene que la presencia de símbolos religiosos en la escuela vulnera los derechos fundamentales de igualdad, libertad religiosa y aconfesionalidad del Estado recogidos en la Constitución. El cardenal Amigo no comparte esta decisión, toda vez que, estimó, «la convivencia se construye con el respeto a las personas, no solamente tirando por la borda la riqueza cultural de un país».
 
«Creo que las medidas drásticas redundan en las personas -arguyó el cardenal sevillano-. Lo importante es que se enseñe a esos niños de Valladolid a respetar los signos religiosos de cualquier religión», declaró en un receso de la XCII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que inició sus trabajos ayer en Madrid.
 
Insistió Amigo en que, con los signos religiosos, «lo importante no es tirarlos por la borda, sino ayudar a las personas a respetarlos, sean de la religión que sean». Incidió, además, en que «me parece bien que se escuche» a la sociedad, «pero a todos, no solamente a un sector y a veces minoritario». «Con esto de los signos -rememoró- hemos tenido problemas; recordemos lo del velo islámico, que incluso motivó leyes enteras en Francia».
 
«Estado aconfesional»
La Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, parece dispuesta a recurrir el fallo. «Yo no puedo compartir una parte de la argumentación de la sentencia, según la cual la presencia de un signo religioso, como es el crucifijo, sea en la España de hoy un elemento de agresión, un elemento de vulneración de derechos y libertades», declaró el presidente Juan Vicente Herrera.
 
El Arzobispado de Valladolid abogó por el recurso porque, de no hacerlo, se podría incurrir en un «evidente perjuicio» para la ciudadanía, según su portavoz, Jorge Guerra, que afirmó que la resolución parte de un concepto muy reducido y simple: «El crucifijo, según otras resoluciones de los tribunales, es algo más, porque representa la dignidad y la tolerancia de las personas», y la presencia de la cruz en espacios públicos «tampoco obliga a las personas a manifestar ningún tipo de creencia».
 
Fernando Pastor, de la Asociación Cultural Escuela Laica y promotor de la reclamación, instó la retirada de los crucifijos «para que se cumpla la ley y se respeten los derechos de todos los ciudadanos», y reconoció que cuando acudió a los juzgados hace tres años no calibró las consecuencias que podría tener una resolución favorable.
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