Según fuentes del Arzobispado, el Cabildo está convencido de que los siete testigos que el instructor ha decidido citar, entendiendo que aún no procede el sobreseimiento del caso, "no aportarán datos significativos a la investigación", máxime cuando la propia Fiscalía no aprecia posibles delitos.
Estas declaraciones se producen después de que el 4 de septiembre el Juzgado que instruye la querella emitiera un auto en el que señala que, por el momento, no procede sobreseer el caso y por el que se admite la declaración de siete testigos.
Esta última resolución también se producía después de que en junio la Fiscalía presentara un informe en el que pedía el archivo de las actuaciones contra el prelado, que llegó a declarar ante el juez, al estimar que éste no podía ser considerado autor de los delitos por injurias, calumnias, acoso moral y coacción que se le imputaban.
En el auto más reciente el magistrado fundamenta su decisión en que "no procede a estas alturas de la instrucción tomar una decisión sobre el destino procesal de la causa, pues quedan importantes y significativos diligencias a practicar", opinión no compartida por el Arzobispado, según las fuentes.
Martínez se convirtió en el primer prelado de España denunciado por estos motivos, después de inhabilitar al clérigo para ejercer sus funciones sacerdotales, destituirlo como canónigo, retirarlo de su acceso a la Cátedra de la Facultad de Teología y relevarlo de su puesto de archivero en la Catedral.
