La Iglesia choca con el poder civil

El Ayuntamiento de Xàbia se enfrenta al arzobispo por una fortaleza

Hace más de siete siglos, en el promontorio donde hoy se alza la fortaleza de Sant Bertomeu de Xàbia no había nada: aquello era tierra yerma, una frontera de guerra entre los conquistadores cristianos y los reinos andalusíes. De ahí que a los primeros pobladores que llegaron a esa colina el rey Jaume II les ordenara en 1308 construir una torre de defensa contra los enemigos de la cristiandad. Ese fue el origen de Sant Bertomeu y también el de Xàbia: la fortaleza no se entendería sin la villa. A lo largo de los siglos, el monumento prosperó gracias al esfuerzo de los vecinos, que costearon sus sucesivas reformas.

De ahí la honda crispación desatada ahora en Xàbia por la decisión del Arzobispado de Valencia de ampararse en un confuso artículo de la Ley Hipotecaria, que es de 1946, para inscribirse a su nombre un edificio que según ha reconocido la propia diócesis lleva utilizando sólo desde hace tres décadas y que siempre tuvo un uso militar o civil. Y de ahí que el pleno municipal haya aprobado por unanimidad una moción presentada por el PSPV para iniciar un litigio judicial que se presume muy largo con el fin de recuperar la fortaleza.

El caso de Sant Bertomeu reabre la eterna brega entre Iglesia y Estado que se remonta en España a la Desamortización de Mendizábal de 1837, que supuso la pérdida de bienes eclesiásticos que serían subastados por el Estado y acabarían en manos de la burguesía. Sin embargo, la Iglesia siempre se ha rehecho y ha acabado apropiándose de monumentos más que nada por la fuerza de la costumbre y el uso y ayudada por al lugar de privilegio que ocupó durante la dictadura franquista. En Xàbia, durante los últimos tiempos la jerarquía eclesiástica ha utilizado Sant Bertomeu casi en situación de monopolio, aunque no la ha cuidado demasiado: el templo tiene goteras y está pendiente de una reforma que nunca se concreta.

Son conflictos muy delicados porque enfrentan el profundo sentimiento católico de parte de la población con el carácter laico que confiere la Constitución al Estado. Una noche, varias personas que salían del templo de Xàbia tras escuchar misa se cruzaron con el casi centenar de vecinos que había convocado una protesta contra el Arzobispado. Y hubo cruce de reproches: "¿Pero qué mal os ha hecho el párroco? Dejarle ya en paz y respetad sentimientos que son sagrados", señaló una de las feligresas. Un manifestante replicó que "sólo queremos evitar que nos roben el principal símbolo de este pueblo que por su importancia cultural y turística debe ser utilizada por todos; porque aquí hay veces que no te dejan ni entrar". La protesta exhibió carteles que exigían nombrar al párroco "persona non grata".

En Xàbia, este caso se añade al de la Fundación Mas Escoto, integrada por las propiedades de una dama de principios del siglo XX que destinó las rentas de sus fincas a escolarizar a los hijos de los marineros. En los noventa, la Iglesia liquidó la Fundación y vendió todas las fincas incumpliendo el testamento de la dama, que había ordenado que en caso de venta el dinero fuera a parar a las gentes del puerto de Xàbia. Nunca lo recibieron.

También se han originado conflictos en otros municipios de la diócesis de Valencia que se han resuelto después de prolongados litigios judiciales o de costosos acuerdos entre la iglesia y los ayuntamientos de los que en ocasiones estos últimos no han salido demasiado bien parados. Fue el caso de Sueca, donde el Ayuntamiento acabó por perder el templo de Nuestra Señora de Sales, pese a que pertenecía al patrimonio municipal, eso sí, a cambio de una permuta con otros terrenos de la diócesis. También hubo pacto en Alberic y en este caso el Consistorio sí pudo conservar la ermita de Santa Bárbara a cambio de permitir su uso religioso.

A los municipios les ha ido mejor cuando la Justicia ha emitido sentencia. Fue el caso de Alzira, donde el juez falló contra la decisión del Arzobispado de inscribirse otra ermita arguyendo que la ocupaba desde tiempo inmemorial. O en Oliva, cuyo Ayuntamiento pudo recuperar un solar destinado en principio a un centro ecuménico cuyas obras se encontraban paralizadas.

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